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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 16/03/2026 14:37
Los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud atraviesan un fuerte conflicto sindical. Acusan a la gestión del organismo de impulsar un proceso de vaciamiento institucional, persecución laboral y paralización de funciones clave que impactan de lleno en el acceso al derecho a la salud. El enfrentamiento tiene al superintendente Claudio Stivelman como principal foco de conflicto. Lo responsabilizan por irregularidades, desmanejos administrativos y decisiones que perjudican a trabajadores y usuarios. La conducción gremial de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud advirtió que la situación se agravó ante intentos de despidos arbitrarios y presiones internas, en el marco de una política que, sostienen, está degradando el funcionamiento de la Superintendencia. El secretario general del sector, Leandro Martín Castro, afirmó que el conflicto ya se expresó en dos paros nacionales y que el plan de lucha continuará. Las y los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud estamos atravesando un conflicto sindical contra la gestión de Claudio Stivelman por desmanejos, irregularidades y persecución, planteó. Uno de los puntos más graves denunciados por los trabajadores es lo que califican como una parálisis intencional de los trámites de reclamos de usuarios del sistema de salud, expedientes que deberían resolverse con urgencia por tratarse, en muchos casos, de prestaciones médicas críticas. Según sostienen, esos trámites están siendo cajoneados por decisión del superintendente, lo que a su entender constituye un ataque directo al derecho a la vida, ya que muchas prestaciones sanitarias dependen de la rapidez con la que se tramitan esos expedientes. La prestación de servicios de salud vitales depende de la celeridad de esos trámites, remarcaron. Mientras los reclamos administrativos quedan paralizados dentro del organismo, los trabajadores denuncian que la gestión impulsa un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA que, según advierten, termina trasladando costos a los propios beneficiarios. Para el sindicato, este mecanismo desvirtúa el rol de la Superintendencia, que debería garantizar soluciones gratuitas y sin necesidad de asistencia legal. La gestión promociona un sistema de mediación pre-judicial no obligatoria que genera honorarios y costas a cargo del beneficiario y alienta la judicialización de los conflictos, denunciaron. El conflicto también expone una denuncia por discriminación en la cobertura de salud de trabajadores estatales. Desde ATE sostienen que la Obra Social Unión Personal aplica coseguros a las prestaciones médicas de quienes no estén afiliados al sindicato UPCN, lo que califican como una práctica extorsiva. En ese contexto, acusan a la conducción de la Superintendencia de ser cómplice de esa situación. Ante la aplicación extorsiva de coseguros a las prestaciones de Unión Personal a quienes no estén afiliadas o afiliados al sindicato UPCN, la gestión de la SSS avala la violación de la ley de obras sociales, la ley antidiscriminatoria y la Constitución Nacional, señalaron. La denuncia no se limita a ese caso. Los trabajadores aseguran que otras obras sociales también comenzaron a imponer coseguros incluso para intervenciones quirúrgicas, algo que consideran abiertamente ilegal y contrario al Plan Médico Obligatorio. Según relatan, lejos de intervenir, la conducción del organismo bloquea los expedientes y presiona a los trabajadores para que actúen por fuera de lo que establece la normativa vigente. Contra sus deberes de funcionario público, Stivelman cajonea los trámites y presiona a las y los trabajadores para que informemos por fuera de lo que establece la ley y no tomemos reclamos, denunciaron. En medio del conflicto, los trabajadores implementaron una modalidad particular de protesta que definieron como paros a la japonesa. A diferencia de otras medidas gremiales, durante las jornadas de paro decidieron reforzar la atención al público y acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud. Orientamos las medidas de fuerza a la atención al público y optimizamos el servicio de atención y resolución de los reclamos de la gente, explicaron. La decisión, sostienen, busca visibilizar que el trabajo cotidiano dentro del organismo es clave para garantizar derechos sanitarios. Desde el sindicato advierten que el conflicto no es sólo laboral. Aseguran que las decisiones de la actual gestión impactan directamente en la atención de los beneficiarios y en la posibilidad real de acceder a tratamientos y prestaciones médicas. Esta carta tiene la intención de dar a conocer los manejos ilegales e irresponsables de la gestión, que no sólo ataca nuestros derechos como trabajadores del Estado amenazando con despidos y extorsionando gente, sino que con sus decisiones políticas genera daños en la atención y en la resolución de reclamos e impide el acceso a la salud y a la vida de nuestro pueblo, señalaron. En ese marco, los trabajadores llamaron a la solidaridad de los beneficiarios del sistema de salud y de la sociedad en general para acompañar el reclamo. Apelamos a la solidaridad del público beneficiario y a la sociedad para que apoye nuestros reclamos, afirmaron, al tiempo que convocaron a la unidad de todas las luchas contra la quita de derechos y el ataque permanente a los trabajadores del Estado.
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