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Parana » Pagina Politica
Fecha: 16/03/2026 12:20
El Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos fijó una fecha tentativa para las elecciones partidarias: el domingo 2 de agosto. Esto implica la reducción del mandato de la actual conducción, que preside la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, asumida en mayo de 2025 y, por lo tanto, con mandato hasta mayo de 2027. De este modo, la UCR volvería a votar cargos partidarios los años pares, a fin de separar la interna de los procesos electorales que tienen lugar los años impares. Es una tradición que se interrumpió en 2020, cuando las restricciones por la pandemia aplazaron la interna de 2020 para 2021. La decisión debe pasar por el Congreso partidario, que se debería reunir en abril. Pero la UCR Activa, que forma parte de la Mesa del Congreso, salió a advertir sobre el riesgo de una judicialización de la medida por parte de quienes legítimamente quieran permanecer en sus cargos hasta el vencimiento de sus mandatos, no ya dentro del Comité Provincial, sino entre el millar de afiliados radicales que ocupa algún cargo partidario en otros estamentos del partido. La advertencia está contenida dentro de un documento en el que se sostiene que la avanzada para acortar mandatos no responde a una necesidad genuina de la UCR, sino a una lógica ajena al partido y funcional al poder provincial. El documento no termina de explicar esta última afirmación ¿De qué modo beneficia a Frigerio que la UCR vuelva a votar en años pares? ¿Cuál sería el problema de llamar a internas a fin de que a diferencia de lo que ocurrió en 2025- esta vez la conducción radical surja del voto de los afiliados? Detrás de esta posición, difícil de entender para el público lector, está la idea de que el gobierno de Rogelio Frigerio necesita una UCR renovada. Una columna vertebral de Juntos por Entre Ríos más movilizada y en línea con la Casa de Gobierno permitiría estar mejor preparado para afrontar el año electoral. En particular si el año electoral empieza antes, con elecciones desdobladas de las nacionales, quizá en respuesta a una falta de entendimiento para la repetición de la Alianza La Libertad Avanza. En otras palabras: si Milei le planta un candidato a gobernador a Frigerio, separar la elección provincial de la nacional permitiría controlar daños. Con BUP nacional y BUP provincial, en elecciones concurrentes ya no estará el efecto arrastre físico de la boleta sábana, pero la simultaneidad de los procesos electorales y de la campaña impulsaría al eventual candidato a gobernador libertario. Puras especulaciones. Como fuere, nada hace pensar que las relaciones de fuerza pudieran haber cambiado al interior de la UCR desde agosto de 2025, cuando la posición de UCR Activa en contra de la alianza con LLA perdió la interna en una relación de 70 a 30. En consecuencia, es de esperar que el Congreso de abril ratifique el acortamiento de mandatos y la UCR formalice la convocatoria a elecciones en agosto, en las que quedaría consagrado al frente del partido alguien de sintonía fina con el Gobernador. Lo que en definitiva no pudo concretarse el año pasado, cuando el intendente de Concordia, Francisco Azcué fue impugnado como candidato al partido. A continuación, el documento completo de UCR Activa: Un radicalismo subordinado al poder En una provincia golpeada por el cierre de industrias y comercios, la caída del poder adquisitivo, la angustia social y el deterioro de la vida cotidiana, resulta obsceno que una parte de la dirigencia radical esté concentrada en rediseñar cargos, nombres y mandatos partidarios. Mientras Entre Ríos y la Argentina necesitan una oposición seria, sensible y con propuestas, el radicalismo entrerriano discute cómo reordenar su poder interno. Esa desconexión con la realidad ya es, por sí sola, un hecho político grave. Pero hay algo peor: todo indica que esta avanzada para acortar mandatos no responde a una necesidad genuina de la UCR, sino a una lógica ajena al partido y funcional al poder provincial. Cuando una fuerza ordena su vida interna no por sus convicciones, su doctrina y sus reglas, sino por subordinación al poder de turno, deja de actuar como partido y empieza a comportarse como una estructura obediente. Se pretende instalar que existe un acuerdo unánime para avanzar en el acortamiento de los mandatos y que todas las autoridades de la provincia están dispuestas a renunciar. Eso no es cierto. En todo caso, involucra a algunos sectores internos, legisladores y funcionarios, pero no a la totalidad del partido. UCR Activa, por ejemplo, no fue convocada a esa discusión previa. La supuesta unanimidad no es más que una ficción para darle apariencia de consenso a una maniobra orientada desde arriba. Detrás del llamado acortamiento del mandato se esconde una operación políticamente inaceptable y de extrema gravedad institucional. No se trata de un problema de calendario ni de un tecnicismo partidario: se trata de decidir si en la UCR de Entre Ríos las normas se respetan o se fuerzan cuando dejan de convenir. La contradicción es mayor porque las actuales autoridades no fueron elegidas por el voto directo de los afiliados, sino por un acuerdo entre líneas internas del que UCR Activa no formó parte, y son precisamente varias de esas mismas líneas las que hoy quieren remover antes de tiempo a quienes surgieron de aquel consenso. La magnitud del problema es enorme. Entre Comité Provincial, Comités Departamentales y delegados al Comité Nacional hay alrededor de 400 cargos en juego. A eso se suman 668 congresales entre titulares y suplentes. Estamos hablando de más de 1.000 cargos partidarios, sin contar comités de ciudad y municipios. La Carta Orgánica fija mandatos de dos años, no prevé la revocatoria y sólo contempla situaciones extraordinarias frente a la interrupción del orden constitucional, no por urgencias de aparato ni conveniencias coyunturales. Insistir en este camino empuja al partido a un papelón jurídico, político e institucional, con serio riesgo de conflicto y judicialización por parte de quienes legítimamente quieran permanecer en sus cargos hasta el vencimiento de sus mandatos. Llamar a esto normalización o reorganización agrava aún más el problema. En la historia argentina, ese lenguaje fue demasiadas veces el eufemismo de los quiebres institucionales. En un partido atravesado por la memoria de los derrocamientos de Yrigoyen y de Illia, y por la tragedia de la última dictadura, usar hoy esos términos para justificar el recorte de mandatos constituye una irresponsabilidad política e histórica intolerable. El radicalismo nació para limitar el poder, no para someterse a él. Lo demás no es modernización: es subordinación, oportunismo y degradación doctrinaria. Fuente: Página Política
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