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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 13/03/2026 12:35
Decisiones administrativas, contrataciones directas y movimientos de funcionarios entre el sector público y empresas del rubro alimentan las sospechas sobre el funcionamiento del IAFAS. El organismo que debería financiar programas sociales aparece señalado como pieza central de un sistema que favorece a concesionarios del juego mientras se reducen recursos para asistencia social. El funcionamiento del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa a partir de una serie de decisiones administrativas que, según distintos sectores políticos y técnicos, evidenciarían un sistema consolidado durante años que beneficia al empresariado del juego con recursos públicos originalmente destinados a políticas sociales. En el centro de la polémica aparece el destino de fondos que deberían alimentar programas de asistencia, deporte y desarrollo comunitario, pero que terminarían financiando gastos operativos, campañas publicitarias y mejoras tecnológicas en casinos privados. El caso más reciente que despertó críticas fue la autorización de una partida de 285 millones de pesos destinada a acciones de marketing del Casino Victoria, una medida que encendió cuestionamientos sobre el rol del Estado en el sostenimiento de empresas que ya cuentan con amplios márgenes de rentabilidad. El IAFAS, organismo encargado de administrar los ingresos generados por la actividad del juego en la provincia, fue concebido con el objetivo de canalizar esos recursos hacia programas de acción social. Sin embargo, con el paso de los años, distintos decretos y reglamentaciones internas habrían creado un esquema administrativo que permite realizar contrataciones y asignaciones de fondos sin los mecanismos tradicionales de control que rigen para otras áreas del Estado. Uno de los pilares de este modelo se remonta al Decreto N.º 5559/02, que habilitó al organismo a operar con mayor flexibilidad en el mercado de las tragamonedas. Bajo el argumento de agilizar procesos comerciales, el IAFAS quedó habilitado para aplicar contrataciones directas, evitando en muchos casos los procedimientos habituales de licitación pública. Desde entonces, ese marco normativo ha sido cuestionado por especialistas en administración pública, que advierten que la excepción terminó convirtiéndose en una regla. Las críticas se intensificaron tras conocerse la Resolución Nº 0051, firmada el 22 de enero de 2026 por el presidente del organismo, Carlos Alberto Moyano, junto al director Marcelo Monfort. El documento oficializa la transferencia de 285 millones de pesos destinados a acciones promocionales y atención de clientes VIP en el Casino Victoria. La decisión provocó fuerte malestar dentro del propio organismo y reavivó debates sobre el uso de fondos vinculados a la acción social. Fuentes cercanas al organismo recuerdan que el anterior titular del IAFAS, Diego Domé, había dejado su cargo en septiembre de 2024 tras desacuerdos internos vinculados a este tipo de decisiones administrativas. Su salida marcó un punto de inflexión en la conducción del instituto y abrió paso a una nueva etapa de gestión que, según críticos del sistema, mantuvo e incluso profundizó las mismas prácticas. Otro episodio que alimenta las sospechas se remonta a diciembre de 2023, en los días finales de la gestión provincial anterior. En ese momento se concretó la compra de ocho cajeros automáticos y dispensadores de billetes por un monto superior a los 660.000 dólares. El equipamiento terminó instalado en salas de juego operadas por empresas privadas, lo que generó cuestionamientos sobre por qué el Estado asumió un gasto que, en principio, correspondería a los propios concesionarios. Las críticas también alcanzan al vínculo entre funcionarios del organismo y empresas del sector. En los últimos meses, el caso de Germán Irazusta generó controversia luego de que el exgerente general de Casinos del IAFAS pasara a ocupar un cargo en una empresa vinculada al negocio del juego poco tiempo después de dejar su función pública. Este tipo de movimientos alimenta la sospecha de un fenómeno conocido como puerta giratoria, en el que quienes controlan una actividad terminan trabajando luego para las compañías que debían supervisar. Tras su salida, el puesto fue ocupado por Fidel Ruiz, un dirigente vinculado políticamente al gremialista José Ángel Allende. La designación fue interpretada por algunos sectores como una señal de continuidad en el esquema de poder que históricamente ha rodeado al organismo. Mientras tanto, el debate sobre el destino de los fondos del juego adquiere cada vez más peso en el escenario político provincial. Diversos sectores advierten que el desvío de recursos hacia actividades vinculadas a casinos y tragamonedas impacta directamente en la capacidad del Estado para financiar programas sociales. La discusión también alcanza al área de Desarrollo Social. En distintos ámbitos se señala que los ingresos generados por el juego deberían fortalecer políticas de asistencia, comedores escolares, clubes barriales y programas deportivos, áreas que atraviesan dificultades presupuestarias en medio de la crisis económica. Para los críticos del sistema, el problema no se limita a una decisión puntual sino a un modelo de gestión que se consolidó a lo largo de más de dos décadas. Bajo ese esquema, sostienen, el IAFAS dejó de funcionar como un instrumento de redistribución social para transformarse en una estructura que favorece a los concesionarios del negocio del azar. En ese contexto, crecen los reclamos para revisar el marco legal que regula el funcionamiento del organismo y reforzar los mecanismos de control. Distintos especialistas coinciden en que la transparencia en la administración de los fondos del juego será clave para recuperar la credibilidad de un sistema que hoy se encuentra en el centro de una de las controversias políticas más sensibles de la provincia.
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