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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 12/03/2026 23:27
Luego de haber faltado en la primera audiencia de remisión a juicio de la causa que lo tiene como imputado por coaccionar a una camarista, el abogado y funcionario de la Municipalidad de Santa Elena, Carlos Guillermo Reggiardo, se hizo presente y pidió el sobreseimiento, alegando nuevamente la existencia de una especie de complot en su contra de jueces, fiscales y políticos. Se trata de una de las tantas imputaciones que pesan sobre el hombre oriundo de Victoria. En este caso, está acusado por presuntas coacciones agravadas contra la jueza María Carolina Castagno, a quien según la acusación fiscal habría intentado amedrentar al advertirle que promovería un jury en su contra si no se apartaba del tribunal designado para juzgar la causa por supuestos sobreprecios en la pavimentación de 14 cuadras en Santa Elena, expediente en el que está imputado el intendente Domingo Daniel Rossi. Castagno fue designada presidenta de ese Tribunal, y en ese contexto el abogado presentó recusaciones e inhibiciones contra ella y otros magistrados. Este jueves por la mañana, la audiencia comenzó ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo. El fiscal auxiliar de Paraná, Martín Abrahan, solicitó que sea remitida a juicio la causa caratulada Reggiardo Carlos Guillermo s/ Coacciones agravado, que se inició el 27 de junio de 2025. Según la imputación, el letrado habría exigido mediante un escrito que Castagno se abstuviera de intervenir en el juicio oral, bajo amenaza de denunciarla por prevaricato ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, con plena conciencia de la falsedad de tales acusaciones. La acusación sostiene además que, en un presunto intento de frustrar el inicio del debate oral y obstaculizar la acción de la justicia, Reggiardo promovió recusaciones contra la magistrada y los vocales Alejandro Grippo y Juan Francisco Malvasio, planteos que fueron rechazados el 25 de junio de 2025 por considerarse carentes de sustento legal. El abogado, que ahora además es tiktokero y expone en las redes sociales teorías conspirativas y denuncias sin evidencia alguna, solicitó el sobreseimiento en una extensa argumentación durante más de una hora y media, en la cual expuso su teoría de que es objeto de una persecución del sistema. El juez resolvió pasar a un cuarto intermedio y anunciará en los próximos días la resolución acerca del planteo de Reggiardo. Cabe recordar que el asesor legal de la Municipalidad de Santa Elena tiene otras dos causas acumuladas en Gualeguay por las que también será juzgado en aquella localidad, con un pedido de pena de prisión efectiva por parte de la acusación pública. Los fiscales Mariángeles Schell y Rodrigo Molina lo imputaron por los delitos de desobediencia judicial en un caso, y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género. En el primer hecho endilgado al abogado oriundo de Victoria se lo acusa de haber desobedecido una orden judicial emitida el 16 de octubre de 2024 y reiterada el 31 de marzo de 2025, dictada por la jueza Rosa Fernández Campasso, quien le exigía iniciar y acreditar un curso de capacitación sobre violencia de género en la Asociación Pablo Besson. Según la Fiscalía, el imputado no cumplió con esta disposición entre el 5 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 2025, a pesar de estar debidamente notificado. La medida se originó a raíz de un episodio de violencia de género que Reggiardo habría protagonizado el 26 de agosto de 2024 en la mesa de entradas de la Fiscalía de Gualeguay, donde habría tenido una "actitud corporal agresiva y beligerante" con insultos, gritos y golpes en el mostrador. Este hecho habría causado malestar y temor en las empleadas. La calificación legal para este hecho es desobediencia judicial. El segundo hecho ocurrió el 9 de mayo de 2025 durante una audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de Garantías de Gualeguay. Se acusa a Reggiardo de perturbar el acto procesal a cargo de la jueza Alejandra Gómez mediante "conductas coactivas" para impedir que la magistrada desarrollara la audiencia. Según los fiscales, Reggiardo buscaba suprimir la decisión de la jueza y reemplazarla por la suya, menoscabando su libertad. Durante la audiencia, el imputado le dijo a la jueza frases como: "considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio", "usted desprestigia el derecho", "usted es una delincuente", y "los jueces como usted tienen que salir de la justicia". Además, la amenazó con denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, comenzó a filmar a la jueza con su celular, desobedeciendo la orden de detenerse, lo que forzó a la magistrada a suspender la audiencia. Posteriormente, el mismo día, realizó una publicación en el sitio web "La Caldera" con el titular "La jueza de la vergüenza", que finalizaba con la frase: "no habrá paz donde reine la impunidad con toga", lo que la Fiscalía consideró otra amenaza. Los delitos imputados son coacciones agravadas contra una funcionaria pública, en concurso ideal con perturbación en audiencia y en concurso real con desobediencia judicial, todo en un contexto de violencia de género. En la oportunidad de discutir la elevación a juicio de estos expedientes, Reggiardo también había argumentado la teoría de una conspiración en su contra: dijo que existe una "operatoria destinada a meterlo preso" por sus enfrentamientos políticos con la diputada María Laura Stratta y sus denuncias de corrupción. Atribuyó la causa a una persecución orquestada por figuras del poder judicial y político de Gualeguay.
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