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» Diariochaco
Fecha: 01/05/2026 01:31
La negativa de una médica forense a intervenir en el caso de la menor abusada que llegó el fin de semana al Hospital Perrando, expuso una situación de extrema tensión en la Justicia chaqueña. El conflicto, originado en un reclamo salarial de profesionales del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), escaló rápidamente hacia el plano penal y administrativo. La gravedad del asunto activó la investigación para determinar posibles delitos en la negativa a dar atención y un severo pedido de informes del Superior Tribunal de Justicia. La situación involucra a seis profesionales del IMCIF que se niegan a hacer atenciones durante los fines de semana y en días feriados, sin que se les pague extra. El planteo logró una medida de amparo dictada hace poco más de una semana, por el Juzgado Civil y Comercial 21 que maneja el doctor Julián Benito Flores. Con este instrumento en mano, la médica que estaba de turno durante el pasado fin de semana se negó a atender el pedido que la Fiscalía le había realizado para dos casos sumamente delicados. El primero era una autopsia para una persona que había sido víctima de homicidio. El segundo, era el que generó conmoción en toda la provincia, al detectarse en el Hospital Perrando a una menor de 12 años que cursaba un embarazo en avanzado estado, lo cual evidencia un caso de abuso y por el cual su madre ya fue detenida. Esta niña debía ser revisada por un profesional a través del denominado protocolo UFEM que es una guía de actuación obligatoria para forenses y fiscales argentinos que estandariza la investigación de femicidios y violencia sexual con perspectiva de género. Este protocolo exige, justamente, la atención con estándares internacionales de debida diligencia para asegurar pruebas clave y evitar la impunidad. Cuando fue convocada a revisar a la niña por la fiscal Mariana Echarri, la médica del IMCIF solicitó que se le hiciera llegar una nota por escrito. Cuando la recibió, por la misma vía respondió alegando que gracias al amparo en vigencia ella no estaba obligada a trabajar en fin de semana, hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia resuelva la cuestión de fondo de los reclamos salariales de estos seis empleados. SUELDOS Y TITULOS LIBERADOS Planteado el conflicto, llamó poderosamente la atención la rigidez de la profesional al aferrarse al recurso de amparo y no atender un caso tan sensible como el de la niña abusada que, junto a otros familiares llevaba horas esperando ese indispensable paso. En paralelo, la médica genetista que también estaba de guardia el fin de semana, llegó a tomar las muestras patológicas en ambos casos, en menos de 30 minutos desde que fuera convocada, marcando una clara diferencia de actitud entre una y otra profesional. El reclamo salarial seguramente deberá ser atendido por el STJ. En la medida de amparo están incluidos seis de los nueve médicos que forman la planta del IMCIF. Actualmente, de acuerdo con datos extraoficiales, estos profesionales tienen un ingreso salarial aproximado a los $ 4.500.000. Además, no se le bloquea el título. Con lo cual, pueden atender de manera privada en las horas que no están afectados al Poder Judicial. POSIBLES DELITOS La situación generó un profundo enojo puertas adentro del Poder Judicial. Por una parte, en las primeras horas de este jueves 30 de abril ingresó formalmente un pedido de la Procuración General para que la fiscal en turno investigue la posible existencia de delitos en la actitud asumida por esta médica que se negó a atender casos tan graves y sensibles. El pedido ingresó en la Fiscalía de turno, que es la número 6, a cargo de la doctora Mariana Echarri. Sin embargo, como ella fue la funcionaria que recibió la negativa de la médica en el conflicto del fin de semana, el expediente pasó a la Fiscalía 10, a cargo de la doctora Lilian Irala. Por lo pronto, según lo que se escuchó en ámbitos judiciales, la actitud de la médica podría tipificarse como abandono de personas, violación de deberes de funcionario público y obstrucción a la justicia. Pero esto deberá determinarse fehacientemente a partir de la investigación que arranque este mismo jueves. Por otra parte, se sabe también que el Superior Tribunal de Justicia pidió los informes completos a la directora del IMCIF sobre todo lo que ocurrió en ambos casos que requirieron de la intervención médica. La preocupación en el Poder Judicial es grande, planteándose las gravísimas consecuencias institucionales y para toda la sociedad que acarrearía si esta postura de los seis médicos fuera imitada por integrantes de los equipos fiscales o personal de Seguridad.
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