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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 12/03/2026 08:12
La Fiscalía Federal de Paraná dio el primer paso en la investigación por presuntas irregularidades durante una auditoría sobre pensiones no contributivas por discapacidad realizada en agosto de 2025 en la capital entrerriana. El operativo fue dispuesto por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hoy transformada en Secretaría Nacional de Discapacidad. La denuncia apunta a posibles irregularidades en el procedimiento, entre ellas el uso indebido del sello y la firma de un médico, quien denunció que usaron su nombre con una firma y sello falso en auditorias similares en localidades de la provincia de Misiones. En el expediente también aparece mencionada una consultora privada que habría participado de las auditorías. Las presentaciones judiciales fueron realizadas en septiembre por distintos organismos provinciales, municipales y del Poder Judicial. Siete en total: el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (dependiente del Ministerio Público de la Defensa), la Defensoría del Pueblo de Paraná, la representación de Entre Ríos ante el Consejo Federal de Discapacidad, la Dirección de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná, la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental, el Equipo técnico del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Consultado por Cuestión de Fondo (que se emite por Canal 9), el fiscal federal Leandro Ardoy confirmó que la causa está en etapa de investigación. Se han enviado pedidos de información a ANDIS y el organismo no ha respondido. Más allá de ello, está identificada la consultora, señaló. También explicó que uno de los escenarios hipotéticos es que en algún momento se discuta sobre la competencia territorial de la causa. En ese caso, señaló que podría firmar la incompetencia en términos territoriales, ya que una investigación previa con los mismos actores se inició en la provincia de Misiones y en la Justicia de Pergamino, con la denuncia del médico cardiólogo Leandro Peñaloza, cuya firma y sello falsos aparecieron en constancias entregadas por los auditores tanto en Paraná como en Misiones. La causa judicial podría extenderse durante varios meses. La falta de respuesta del organismo nacional a los pedidos de información es, por ahora, uno de los primeros obstáculos que enfrenta la investigación. El médico Peñaloza denunció que le falsificaron la firma y el sello. La auditoría que terminó investigada Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental dependiente del Ministerio Público de la Defensa y uno de los firmantes de la denuncia explicó que tomaron conocimiento de que ANDIS estaba citando a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad a una auditoría que se realizaría entre el 1 y el 8 de agosto en el Hotel Paraná. Al presentarse en el lugar para acompañar a los beneficiarios, observaron que la auditoría no estaba siendo realizada por funcionarios del organismo nacional, sino por un grupo de jóvenes que afirmaron trabajar para una consultora contratada por ANDIS. Nos dijeron que pertenecían a una consultora, pero no se dieron a conocer. Vimos que si bien eran chicos muy amables y accedían a las propuestas que le hacíamos, lo único que hacían era hacer un registro de quienes se presentaban y tomar nota de los diagnósticos. Pudimos ver que no eran evaluaciones por profesionales de la salud. Eso nos llamó la atención, relató. "Luego nos enteramos por medios nacionales que, en Misiones, esta consultora fue denunciada. La sorpresa fue mayor cuando tomamos conocimiento que el médico decía que no tenía nada que ver con estas auditorias. Fue así que todos los organismos que estábamos interviniendo presentamos la denuncia ante la Justicia Federal", señaló. La preocupación de los beneficiarios Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), afirmó que durante las auditorías se observaron situaciones irregulares. Después de tanta expectativa y angustia, el trámite era presentarse en un hotel, mostrar el certificado de discapacidad y retirarse a los pocos minutos. A muchas personas les decían que serían citadas nuevamente, explicó. "Nosotros vimos una cuestión compulsiva con la quita de pensiones. Se sabe que había citaciones en forma pésima a persona que nunca le llegó. La quita indiscriminada de pensiones. Todo mal. Fue una situación con mala intención. Vemos que hay muchas otras maneras de recaudar dinero, pero parece que discapacidad era uno de los fines que se planteó para recaudar fondos. Me parece bien que se hagan auditorias por todos lados, pero no con malas intenciones como se hizo con discapacidad", dijo. "Las personas con discapacidad están teniendo muchos problemas con las prestaciones y los prestadores tienen problemas para cobrar. Es lo mismo con las pensiones: no es que de un momento a otro vayan a reintegrar las pensiones que cayeron. El trámite es engorroso". Para muchas personas con discapacidad, significa no sólo pasarla mal, sino interrumpir medicamentos y eso tiene una consecuencia mortal", cerró. El antecedente del escándalo en Misiones Las irregularidades detectadas en Entre Ríos tienen antecedentes en operativos realizados en Misiones, particularmente en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo, entre otras. Medios de esa provincia dieron cuenta que los procedimientos estuvieron a cargo de cinco auditores: Luciano Mangone, Andrés Báez y Laura Báez, de Mar del Plata; Caín Iokich, de La Plata; y Guadalupe Luján Guanes Texeira, de Posadas. Los nombres de Caín y Guadalupe aparecen mencionados en Paraná, ya que se presentaron ante algunos de los funcionarios que prestaron colaboración a las personas con discapacidad durante el operativo en agosto de 2025. En Misiones, durante los operativos, se registraron episodios de tensión, entre ellos agresiones a un periodista y conflictos con autoridades municipales. También se detectaron irregularidades en certificados y documentación. A raíz de esa situación, el gobierno de Misiones presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la restitución de pagos de pensiones que habían sido suspendidos. Fue así que en Misiones dieron con el nombre de la consultora privada contratada para la auditoria: la firma MEDICSYS S.A., constituida el 27 de agosto de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre del mismo año. Sus socios son Darío Alberto Tagliavini y Carlos Patricio Cilibrizzi. La empresa se presenta como prestadora de servicios de salud, auditorías y gerenciamiento médico, aunque en la práctica no registra una sede operativa visible. La firma del médico Lapetina también aparece en auditorías de Misiones y Paraná. No estuvo presente en ninguna de ellas. El testimonio clave de un médico Uno de los elementos centrales de la investigación es la denuncia realizada por el médico cardiólogo Leandro Peñaloza, quien aseguró que su firma y su sello profesional fueron utilizados sin su consentimiento durante las auditorías. Peñaloza, de 82 años y oriundo de Pergamino (localidad del norte de la provincia de Buenos Aires), brindó pocas entrevistas cuando estalló el escándalo, pero confirmó que no prestó su consentimiento para que usen su nombre y que la firma y los sellos usados eran falsos. El galeno, de extracción radical, fue concejal y Secretario de Salud Municipal de su localidad. Cuestión de Fondo lo contactó sin éxito. Y es que, tras la repercusión del caso y por recomendación de su familia, decidió no continuar dando entrevistas para no afectar su salud emocional. Qué son las pensiones no contributivas Las pensiones no contributivas se otorgan en el marco de la Ley 13.478 y el Decreto 432/97. Están destinadas a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con aportes previsionales. La pensión es abonada por ANSES. A marzo de 2026, la Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez asciende a $328.720,62, monto compuesto por $258.720,62 más un bono de $70.000. En agosto de 2025, el gobierno nacional había dado de baja cerca de 120.000 pensiones no contributivas, en su mayoría por presuntas irregularidades o porque el beneficiario había fallecido o renunciado a la prestación. A fines de diciembre de 2025, el gobierno nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y creó en su lugar la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. En febrero de este año fue designado como secretario nacional Alejandro Vilches (quien ya venía ejerciendo como interventor de Andis).
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