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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 11/03/2026 11:08
El Gobierno provincial clausuró la instancia administrativa para cientos de agentes judiciales que reclamaban deudas salariales de la pandemia. La medida ratifica el ajuste fiscal y traslada el conflicto a los tribunales. El Poder Ejecutivo de Entre Ríos ha decidido poner un punto final a la discusión administrativa sobre las deudas salariales reclamadas por el sector judicial. A través de una batería de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del 9 de marzo de 2026 , el Ministerio de Economía y Servicios Públicos rechazó sistemáticamente los pedidos de recomposición por el denominado enganche judicial . Esta decisión afecta a una larga lista de agentes y jubilados del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, entre los que se destacan nombres como Fernando Goldbarg, Marta Wurstten y Héctor Quíñodoz. La medida no solo representa un ahorro inmediato para las arcas públicas, sino que marca el endurecimiento definitivo de la política fiscal de la gestión de Rogelio Frigerio frente a los compromisos heredados de la emergencia sanitaria. El argumento de la emergencia contra el derecho de «enganche» La administración provincial sostiene que la suspensión de las actualizaciones automáticas durante el periodo 2020-2021 fue un acto constitucional y necesario. Según los fundamentos esgrimidos en los decretos 2026-233 al 239, la Ley de Emergencia 10.806 interrumpió legalmente el mecanismo de actualización de haberes para garantizar servicios esenciales como salud y seguridad. En este sentido, el Estado ratifica que no existe un derecho retroactivo a percibir el 25,57% de diferencia salarial que reclaman los agentes. Por otro lado, el Gobierno argumenta que el sistema de incrementos quedó sujeto a las disponibilidades presupuestarias y a las paritarias celebradas en aquel entonces. De hecho, los decretos mencionan que el incremento del 24% otorgado a finales de 2023 ya cumplió con la función de integrar una nueva base salarial para futuros aumentos. Sin embargo, para los reclamantes, esta interpretación vulnera el derecho de propiedad y la intangibilidad de los salarios consagrada constitucionalmente. El riesgo de una judicialización masiva y el impacto fiscal Al clausurar la vía administrativa, el Poder Ejecutivo fuerza a los reclamantes a trasladar sus demandas al ámbito de la Justicia. Este movimiento traslada la tensión política al terreno judicial, donde el Estado podría enfrentar fallos que, de ser adversos, resultarían significativamente más onerosos debido a la acumulación de intereses y costas procesales. Esta estrategia de blindaje fiscal se inscribe en un contexto de profunda reestructuración administrativa en Entre Ríos. Durante los primeros meses de 2026, la provincia ha mostrado una tendencia hacia el control estricto del gasto público, que incluye desde el rechazo de adicionales salariales hasta cesantías récord por ausentismo. Mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio de las cuentas, la incertidumbre sobre el costo final de estos litigios permanece como una sombra sobre el presupuesto provincial de los próximos años.
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