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» Clarin
Fecha: 09/03/2026 18:17
El proyecto uruguayo para instalar en Paysandú una planta de combustibles sintéticos que combinaría hidrógeno verde producido in situ con CO biogénico capturado de la combustión de residuos forestales mantiene en vilo a los vecinos de Colón, en Entre Ríos, quienes ya judicializaron la iniciativa. El escenario amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión bilateral, similar al que enfrentó a Argentina y Uruguay hace casi dos décadas por la instalación de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia sobre la margen uruguaya del río, a la altura de Fray Bentos: el llamado conflicto por las pasteras. Aquella controversia derivó en años de protestas comunitarias con cortes en los puentes internacionales e incluso llevó a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal concluyó que Uruguay había incumplido los procedimientos de información y consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay, aunque determinó que no se había probado una contaminación significativa del río. Por eso, la planta -puesta en funcionamiento en 2007 y luego adquirida por UPM en 2009- continuó operando. En ese momento, el conflicto se agravó por la falta de comunicación entre los dos países para cumplir con los tratados vigentes, una situación que algunos actores afirman que vuelve a repetirse ahora. Entonces también confluyeron la movilización de comunidades entrerrianas, grupos ambientalistas y la escalada política que protagonizaron los fallecidos Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez hacia 2005. Reclamos políticos y judicialización En la actualidad, el foco del conflicto está en un fuerte reclamo de la oposición entrerriana y en la judicialización de parte del proyecto. Pero el gobierno de Rogelio Frigerio sostiene que lo sigue hace un año. Este fin de semana, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl todos peronistas se presentaron como amicus curiae en la causa que tramita en la Justicia Federal por la instalación de la planta de hidrógeno verde que construye en Uruguay, frente a Entre Ríos, la empresa HIF Global. Por su parte, Frigerio mantiene el tema como una cuestión de Estado. Lo habló con el presidente Yamandú Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin . El gobernador no está en contra de la planta, afirman, sino que pide que la relocalicen para que no haya contaminación visual y no afecte el desarrollo turístico de la zona. HIF Global se define como desarrolladora de proyectos de e-combustibles. Según su información oficial, produce e-fuels en la planta HIF Haru Oni, en Chile, y desarrolla proyectos a escala comercial en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil y Australia. Junto a @adanhbahl y Marianela Marclay nos constituimos en amicus curiae en la causa que tramita en la Justicia Federal por la instalación de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF en Paysandú, frente a las costas de Entre Ríos. Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) March 7, 2026 Consideramos que la transparencia y el pic.twitter.com/EOyWfnQqcM La inversión estimada para el proyecto en Paysandú supera los 5.300 millones de dólares. Pero la protesta va creciendo del lado argentino. Ocurre que en la costa entrerriana crece la preocupación porque su economía es turística y temen volver a enfrentarse con un paisaje dominado por una gran instalación industrial y chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que estén a unos 3 a 4 kilómetros de la costa del río y el gobierno entrerriano les pide que lo hagan a 30. Consideramos que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al río Uruguay y a nuestras comunidades, afirmó Michel en un extenso mensaje publicado en redes sociales. Allí también anunció la creación de un sitio web para difundir documentación del proyecto entre los entrerrianos. De los documentos surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, que obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente, agregó. Ese artículo establece que si uno de los países planea realizar una obra que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, debe comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), acompañando la documentación técnica y los estudios necesarios para que la otra parte pueda evaluar sus efectos. Según los legisladores entrerrianos, ese procedimiento no se habría cumplido. También sostienen que corresponde a la delegación argentina ante la CARU exigir no sólo la notificación de la intención del proyecto, sino también la presentación del plan técnico completo para evaluar su impacto ambiental. En paralelo, los legisladores cuestionaron decisiones tomadas en el pasado por la propia representación argentina. En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay, afirmaron Michel, Marclay y Bahl. La referencia apunta a una modificación del Digesto aprobada sobre el final del gobierno de Mauricio Macri que, según distintos especialistas, redujo exigencias ambientales vinculadas al principio de no regresión, previsto en el artículo 41 del tratado sobre el río Uruguay. Ese punto también fue objeto de reclamos diplomáticos durante la gestión de la Cancillería encabezada por Santiago Cafiero. De todos modos, el actual rol político de Frigerio -con fuerte presencia territorial- lo ubica hoy en una posición distinta a la que tenía en 2019 dentro del gabinete nacional. En la misma línea crítica se pronunció Luciana Tito, ex jefa de Gabinete de la Cancillería durante la gestión de Cafiero. La modificación del Digesto aprobada en diciembre de 2019 fue una decisión política adoptada en el ámbito de la CARU durante el gobierno de ese momento, que implicó flexibilizar los estándares ambientales y ampliar los márgenes de contaminación permitidos, sostuvo. Según explicó, la medida se tomó además sin intervención de la Consejería Legal de la Cancillería. Cuando asumimos y advertimos esta situación, sostuvimos siempre la misma posición: la necesidad de revisar ese Digesto, porque implicaba un retroceso en los estándares ambientales establecidos por el Estatuto del Río Uruguay, en clara violación del artículo 41, que establece que ambos países deben proteger el río, prevenir la contaminación y no retroceder en las exigencias técnicas para su cuidado, señaló. La planta proyectada por HIF Global en Paysandú tendrá una capacidad final estimada de hasta 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos. El proyecto promete generar 1.400 empleos durante la construcción y unos 300 puestos permanentes en la etapa operativa. Según el memorándum firmado con el gobierno uruguayo, la producción se exportaría a través del puerto de Montevideo, con un horizonte de exportaciones a partir de 2029. La iniciativa incluye una planta destinada a producir combustibles sintéticos -entre ellos e-gasolina- que pueden utilizarse como reemplazo de combustibles fósiles en motores de combustión, con menores emisiones de carbono. El proceso prevé utilizar dióxido de carbono biogénico capturado en parte de la combustión de residuos forestales y también de las emisiones de la planta de bioetanol Alcoholes del Uruguay (ALUR), ubicada en Paysandú. Sobre la firma Newsletter Clarín
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