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Parana » APF
Fecha: 09/03/2026 12:32
El abogado Iparraguirre señaló que el nuevo Régimen Penal Juvenil solo generará más dolor y más castigo" A diez días de su sanción en el Senado, el Gobierno Nacional promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa marca un cambio de paradigma al reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, permitiendo la aplicación de penas privativas de la libertad de hasta 15 años para menores de edad en casos de delitos graves. Si bien la ley estipula que los jóvenes deberán ser alojados en institutos especializados y separados de los adultos, diversos sectores civiles y judiciales han manifestado su escepticismo sobre la viabilidad fáctica de estas condiciones y la eficacia de la política criminal adoptada. "Un discurso falaz" En una entrevista telefónica, el abogado defensor de Derechos Humanos, José Iparraguirre, cuestionó duramente la efectividad de la reforma. Según el letrado, la baja en la edad de imputabilidad responde a una lógica política más que a una solución técnica. "La verdad que la baja de la edad de inimputabilidad de menores a los 14 años no va a traer ningún tipo de solución o de resolución al aumento de la tasa de delitos que estamos viendo constantemente", afirmó a esta Agencia Iparraguirre. El abogado señaló que la franja de menores entre 14 y 16 años que comete delitos graves es un "mínimo porcentaje" y calificó la iniciativa como parte de un "discurso falaz, fascista y oportunista" que no ataca las causas raíz de la inseguridad. El déficit de infraestructura Uno de los puntos más críticos señalados es la carencia de establecimientos adecuados para el cumplimiento de las penas. Iparraguirre advirtió que la exigencia de alojar a los menores por separado de los adultos es de "imposible cumplimiento" debido a que estos institutos "son muy pocos y con muy poca capacidad". "Lo que va a suceder es que van a ir esos menores a las unidades penales con los mayores y así van a aprender todas las técnicas delictivas. Como diría Elías Neuman, la cárcel es la universidad del crimen", sentenció el letrado. Crisis social y prevención Para el referente de Derechos Humanos, la solución a la criminalidad juvenil no reside en el sistema penal, sino en la recomposición del tejido social. Iparraguirre destacó que, en lugar de invertir recursos en ampliar la estructura judicial de menores, el Estado debería priorizar la educación y la contención. "Nuestros gurises no saben leer ni escribir. En vez de destinar todos estos fondos a una justicia penal, (deberían ir a) la incorporación de los pibes a las escuelas. Hoy hay una enorme deserción escolar", explicó. Finalmente, concluyó que la aplicación de penas de hasta 15 años a jóvenes que "recién se están empezando a formar" solo generará "más dolor y más castigo", sin resolver la situación de fondo que, a su criterio, requiere "generar condiciones de vida favorables, pleno empleo y mejores salarios" para las mayorías populares. (APFDigital)
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