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Parana » Paginajudicial
Fecha: 09/03/2026 03:29
JUSTICIA Y POLÍTICA El denunciador serial que apretaba empleados para ahorrar el pago del agua en su casa 09/03/2026 Un ex funcionario municipal obligó a un empleado a recategorizar en el sistema informático dos lotes de su propiedad para pagar menos de lo que hubiese correspondido por el servicio de agua potable. Fue condenado a prisión condicional y el juez recomendó al municipio que inicie acciones para la reparación del daño. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un ex funcionario de la Municipalidad de Victoria fue condenado en un juicio abreviado en el que admitió haber apretado a un empleado a recategorizar dos lotes de su propiedad para ahorrar unas monedas en el pago de la tasa de obras sanitarias. La paradoja es que César Horacio Zuccotti desarrolló una carrera como denunciador serial de presuntos hechos de corrupción que, en la mayoría de los casos, terminaban archivados en la justicia durante treinta años. En 2017, cuando estaba al frente de la Secretaría de Planeamiento de Victoria, el funcionario obligó a un empleado de Obras Sanitarias a recategorizar en el sistema informático dos lotes de su propiedad a los efectos de engañar al municipio para hacerlos figurar como si tuvieran servicio medido de agua, en una maniobra que le permitió a Zuccotti pagar menos de lo que hubiese correspondido. De esta forma, Zucotti se ahorró de pagar y el municipio dejó de percibir una suma de 162.687,79 en tres años, entre enero de 2018 y diciembre de 2020; que actualizada a marzo de 2023 trepó a casi un millón de pesos, según los cálculos. Por estos hechos, el juez de garantías, José Alejandro Calleja, condenó a Zuccotti a una pena de dos años de prisión condicional (no efectiva) e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad, fraude a la administración pública y como instigador del delito de falsedad ideológica. La condena también alcanzó al empleado de Obras Sanitarias que modificó la registración de los lotes, obligado por Zuccotti; en su caso, por la falsificación de los registros públicos acordó una pena de un año y nueve meses de prisión condicional. Sin embargo, el magistrado hizo un llamado de atención al Ministerio Público Fiscal y expresó su desacuerdo con la falta de proposición en el convenio (de juicio abreviado) con el principal imputado de una respuesta indemnizatoria como reparación de perjuicios en favor de la Municipalidad de Victoria, por lo cual remitió la sentencia a las autoridades locales a los efectos que considere pertinentes en función de la reparación por la vía judicial correspondiente. El juez Calleja enfatizó además que, si bien los hechos por los cuales fue condenado Zuccotti no resultan de una gran importancia económica () afectan el normal desarrollo de la función pública municipal en aras de un interés exclusivamente particular () influyendo de esa manera a contribuir al descreimiento generalizado de la sociedad en sus representantes como funcionarios políticos. En el mismo sentido, advirtió Calleja sobre la desazón que produce en el ánimo del contribuyente común la circunstancia de que quienes deben respetar al máximo la condición de funcionarios públicos y el consecuente apego a las normas, recurran a maniobras de abuso aprovechando la condición circunstancial de la designación a cargo de un área específica, ejerciendo coerción sobre empleados de menor jerarquía y, lo más grave, logrando un beneficio económico como resultado de tales acciones. César Horacio Zuccotti, de 74 años, es dirigente del radicalismo; oriundo de Buenos Aires y afincado en Victoria desde hace décadas, integró el gabinete municipal durante la gestión Domingo Maiocco (Cambiemos) entre diciembre de 2015 y febrero de 2018. El argumento entonces fue la necesidad de llevar adelante una nueva etapa de cristalización de proyectos importantes para la ciudad. En realidad, Zuccotti estaba envuelto en un escándalo que provocó la muerte de un niño de 11 años luego de aspirar gas cloro que emanaba una garrafa que trabajadores municipales dependientes del área a su cargo habían arrojado al río tras utilizarla en la planta potabilizadora. Por ese episodio se inicio una investigación judicial, que escaló cuando el propio intendente dispuso una partida presupuestaria para atender los honorarios de los abogados que asistieron a los funcionarios involucrados.
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