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Fecha: 08/03/2026 06:49
Tanto en la opinión pública como entre los expertos hay una preocupación creciente por los costos de la estabilización y la apertura, en particular en términos de la actividad industrial y el empleo, pero también en cuanto al tiempo que insume terminar de bajar la inflación. Problemas todos en que la política de Javier Milei difiere notablemente de la que se llevó a cabo en los años 90, y parece que difiere para mal: de esa comparación de movida, el Presidente sale bastante perjudicado, porque la apertura se hace en peores circunstancias, con una presencia descollante de la industria china que tres o cuatro décadas atrás recién despuntaba, y porque si algo logró la convertibilidad, y le brindó consenso y fortaleza, fue frenar en seco la inflación, y ahora algo así ya está recontra claro que no tiene ninguna chance de suceder, va a llevar años, muchos años. Leé también: El jefe de la UIA volvió a pedirle diálogo al Gobierno y alertó: Hay sectores en un momento crítico Que estos problemas existan y se estén complicando, ¿confirma que el Gobierno está metiendo la pata, que no hace pie en cuestiones fundamentales y encima se niega a cambiar el rumbo a tiempo, como creen sus críticos más ensañados? No es tan así, porque la comparación con los 90 también tiene su contracara. Al menos en dos cuestiones fundamentales, el programa actual resulta más consistente y sólido que el que pergeñaron Carlos Menem y Domingo Cavallo. En primer lugar, el ajuste fiscal fue desde el principio mucho más profundo. El equilibrio de las cuentas puede no ser completo, ni demasiado sostenible todavía, pero no se basa, como entonces, en ingresos extraordinarios (privatizaciones) ni en la toma de nueva deuda, así que no acumula problemas de inconsistencia para adelante, que estallarán inevitablemente de la peor manera, como sucedió tres décadas atrás. En segundo lugar, la política antinflacionaria no se ató a una regla rígida y muy difícil de cambiar, por lo que puede corregir la ecuación entre tipo de cambio, apertura y reformas fiscales paulatinamente, según las condiciones políticas y restricciones externas que se presenten, por tanto evitando grandes shocks. El propio Cavallo implícitamente reconoció esta segunda ventaja en una reciente intervención, en que llamó al gobierno a aprovecharla antes de que se acumulen más problemas en materia financiera y para el nivel de actividad, sobre todo el industrial: propuso una nueva convertibilidad, pero una que no se parecería mucho a la anterior, sería más bien una versión corregida del esquema de competencia entre monedas que ya está en gestación, con la pronta eliminación de lo que queda del cepo cambiario y una menor intervención del Banco Central. Seguramente, de seguir este camino, que con un título distinto están recomendando varios otros economistas, habría un discreto salto en la valuación del dólar, pero no tan grande como el del año pasado. Cuando, recordemos, el pase a precios fue de todos modos bastante módico y gradual. Si se lograra así bajar las tasas de interés y reducir aún más el riesgo país se podrían sumar algunas locomotoras para impulsar el crecimiento, hasta aquí dependiente del empuje de solo tres sectores. O al menos la industria y el consumo masivo dejarían de caer y frenar al resto. Hasta ahí, la discusión económica es bastante técnica e instrumental, pero también tiene componentes políticos, que suponen dilemas difíciles de desentrañar para los actores. Consiste en determinar los medios y las oportunidades para que el programa vaya ganando profundidad y solidez haciendo los cálculos de riesgo correspondientes, que siempre se hacen sobre la base de información incompleta. Todavía se está discutiendo si el año pasado el gobierno se apuró demasiado en levantar parcialmente el cepo cambiario, o si debió levantarlo antes y por completo, y hay motivos para pensar ambas cosas; así que no llama la atención que ahora se discuta de nuevo y largamente si se perdió innecesariamente la oportunidad de introducir correcciones preventivas durante el verano, o si Economía está haciendo bien en arrastrar un poco los pies con nuevos anuncios, a la espera de que el control del oficialismo sobre la agenda legislativa se consolide y también lo haga la baja del dólar, fruto de su devaluación en el mundo y la fuerte entrada de divisas en esta época del año. Leé también: Javier Milei contra el fetiche industrialista, la reforma que no pasa por el Congreso Pero junto a este intercambio de argumentos y prevenciones más o menos razonables, hay otro debate, mucho más duro y terminante, que está ganando peso, en parte, porque las cosas no van demasiado bien en muchos sectores económicos, y en parte, porque el Gobierno exageró con sus pronósticos de que ya todo estaba encaminado y se venía el año de grandeza nacional. En este otro debate, las circunstancias están favoreciendo la reemergencia de ideas bastante conocidas, incluso trilladas, y muy poco razonables, sobre lo que se puede llamar el país real por oposición al país formal: la economía de Milei, según estas ideas, sería el resultado del imperio de abstracciones y reglas que no tienen ningún respeto ni reconocimiento hacia las condiciones concretas de existencia de la gente, los asalariados, las empresas, y los consumidores reales. Por eso, cierran empresas y se pierden empleos, y el Gobierno mira para otro lado, o contesta con estadísticas, o con principios económicos generales, como la competencia, la productividad, los costos marginales y el sistema de precios de mercado, que no reflejan la realidad de la vida cotidiana de las personas de carne y hueso. El fenómeno empezó ya tiempo atrás a despuntar cuando se contrapusieron los datos de la macroeconomía, que le daban más o menos bien al gobierno, con las sensaciones de la micro, donde supuestamente esas buenas noticias no se traducían en beneficios de ningún tipo, sino en más penurias. A raíz de algunos cierres de empresas y despidos en los últimos meses, la fórmula se profundizó, y la mencionada contraposición se escaló: ahora lo que se estaría viviendo sería una lisa y llana manipulación de datos, que formalmente parecen darle la razón al gobierno (que el PBI crece, a pesar de todos los problemas que enfrentan algunos sectores, que el índice de pobreza cayó y el de desempleo también bajó un poco), pero son refutados por las imágenes concretas que ofrece el país real que sufre al liberalismo, porque éste le es ajeno e indiferente, y en cambio es expresado sanamente por el campo nacional y popular, el peronismo pueblo, y sus principios rectores, el nacionalismo, el proteccionismo, el corporativismo. Principios que, dicho sea de paso, vienen imponiéndose y nos han gobernado casi permanentemente a lo largo de los últimos 70 años. Dado que la gente vive en la microeconomía, en su metro cuadrado de empleos más o menos mal pagos y precarios, de consumo limitado y de incertidumbre sobre el futuro, y la memoria sobre el pasado siempre es acotada y al menos parcialmente distorsionada, es comprensible que el humor sobre la economía no sea el mejor cuando la situación no está mejorando para todos, o no lo hace a la misma velocidad y en igual grado. Más todavía es comprensible que eso suceda cuando el Gobierno prometió que todo se resolvería mucho más rápido. Que después de pagar algunos costos iniciales todos íbamos a estar mucho mejor, porque la inflación iba a ser a esta altura un mal recuerdo, y la economía iba a volar en cuanto el peligro del regreso del kirchnerismo se aplacara y se ordenaran las cuentas y las reglas macro que él desordenara. Agreguemos a todo eso que, como suele suceder, las malas noticias siempre atraen más atención que las buenas, y que las políticas de reforma y estabilización afectan sobre todo a actores bien organizados, y con fuerte voz y presencia en el centro del escenario político, por su peso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores, mientras que los beneficios están más difusamente distribuidos entre actores peor organizados, y al menos hasta aquí han recaído sobre todo en sectores y territorios periféricos. Todo esto compone un orden de problemas en el consenso social que el gobierno deberá administrar mejor, si no quiere que se le de vuelta la tortilla, y después del amplio triunfo conquistado el año pasado en las urnas, y los éxitos políticos en el Congreso que viene acumulando desde entonces, la opinión pública se canse y empiece a recortar o condicionar mucho más la confianza que depositó en los cambios. Leé también: Pichetto, Moreno e Insfrán: ni progre ni republicano, ¿se viene un peronismo telúrico? Pero se empalma con otro, que tampoco debería subestimar, y puede ser hasta más peligroso de aquí en más: la extendida creencia, de raíz populista y con larguísima historia entre nosotros, en que la macroeconomía y las reglas generales que la rigen son abstracciones que no le sirven a la gente común, porque las usan los gobiernos liberales y los poderosos a los que ellos sirven para engañarla y esquilmarla. En suma, que la macro es la nueva casta, y el interés y el bienestar de los argentinos está en otro lado. El gobierno ha hecho un uso muy provechoso del populismo político, acorralando a los opositores con sus mismas armas. Está haciendo asimismo un uso económico del populismo al contraponer los intereses de los argentinos de bien con los de empresarios prebendarios que se aprovechan del cierre de la economía y la anulación de la competencia. Pero va camino a sufrir un duro traspié en la batalla cultural económica, tal vez la única importante, si se profundiza la creencia, también de raíz populista, de que él representa una elite de tecnócratas y financistas que no tienen nada en común con los argentinos del llano. Que está cada vez más aislado del sentir y las necesidades de la gente común a medida que consolida su poder político y su control de las instituciones, es decir, que se vuelve él mismo el sistema, la casta. Y que si solo ve que los datos dicen que el PBI crece es porque no le importa que muchos se sientan postergados.
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