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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 07/03/2026 03:20
El fiscal general Diego Velasco presentó un recurso de reposición para revertir la postergación del juicio oral en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces. El planteo apunta contra una resolución dictada el pasado 2 de marzo por el presidente del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), José Michilini, quien rechazó fijar la fecha de inicio del debate bajo el argumento de que todavía restan concluir peritajes contables de importante relevancia. Para la fiscalía, el rechazo a ponerle fecha al juicio fue una decisión de trascendencia que debió ser tomada por los tres jueces que integran el tribunal y no solo por su presidente de forma unipersonal. Velasco sostuvo en su escrito que el uso de una firma individual para un trámite de esta importancia desnaturaliza las reglas del proceso y exigió que el tribunal en pleno integrado también por Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni dicte una nueva resolución. El conflicto por la firma única El eje técnico de la impugnación reside en que el fiscal considera que la decisión adoptada por Michilini no fue un simple paso administrativo. Según el documento, la normativa procesal y la ley 27.307 imponen que, en juicios de esta complejidad, el tribunal debe funcionar de manera colegiada para garantizar la validez de sus actos. El fiscal subrayó que el pedido de fijar una fecha para el debate solicitado originalmente el 11 de diciembre de 2025 y reiterado el 23 de febrero pasado merecía una respuesta consensuada de los tres magistrados. En su recurso, destacó que la omisión de los otros dos jueces en la resolución del pasado lunes coloca al Ministerio Público en una situación de agravio institucional dada la magnitud de los hechos que se investigan. El debate por los peritajes y los testigos La principal traba que esgrime la presidencia del TOF 5 para no iniciar el juicio es la demora en una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces y medidas vinculadas al recupero de activos de la empresa Austral Construcciones SA. Sin embargo, Velasco argumentó que nada impide que el tribunal establezca una fecha de inicio que contemple el tiempo necesario para que esas medidas concluyan. El fiscal propuso una solución práctica: iniciar el debate con la recepción de la gran cantidad de prueba testimonial que requiere el caso. De esta manera, el juicio podría avanzar durante meses mientras los peritos terminan sus conclusiones técnicas sobre los libros contables. Según el representante del Ministerio Público, este criterio ya ha sido aplicado por otros tribunales en causas de extrema complejidad sin que se viera afectado el derecho de defensa de los imputados. La trama de las causas acumuladas Las causas involucradas, identificadas como CFP 3732/2016 (Hotesur) y CFP 11352/2014 (Los Sauces), investigan presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de documentos públicos. La hipótesis principal de la justicia es que las empresas familiares de la expresidenta Cristina Kirchner fueron utilizadas como vehículos para blanquear dinero. De acuerdo con la investigación, la maniobra se habría realizado a través de la simulación de contratos de alquiler de habitaciones de hotel y propiedades inmobiliarias. El nexo central en ambas operaciones fue el empresario Lázaro Báez, quien alquilaba las instalaciones hoteleras y las oficinas de los Kirchner. La sospecha es que esos pagos eran, en realidad, una forma de devolver parte de los beneficios obtenidos a través de la obra pública. El reclamo de premura y el interés ciudadano En su escrito de seis páginas, Velasco fue enfático al señalar que la trascendencia pública y el interés ciudadano por esclarecer estos hechos vuelven obligatoria la premura en definir la situación procesal de los imputados. El fiscal advirtió que prolongar la incertidumbre afecta la administración de justicia en un expediente que la sociedad sigue con atención. Finalmente, el fiscal hizo reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal en caso de que el tribunal oral insista en no fijar la fecha del debate. El pedido solicita que se revoque el decisorio unipersonal de Michilini y se fije, sin más dilaciones, el inicio del juicio oral y público para que se puedan valorar todas las pruebas, incluidas las pericias que se terminen durante el transcurso de las audiencias.
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