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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 07/03/2026 00:58
El psicólogo Ernesto Quintana se desempeña en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San José de Feliciano. A finales de 2025 recibió a una adolescente derivada por la Justicia: la menor denunció abuso y como en el Hospital Francisco Ramírez no hubo chances de que fuera abordado el caso, fue derivado a un dispositivo de la Municipalidad. Entre noviembre y diciembre de 2025, la menor tuvo dos entrevistas con el psicólogo Quintana. La fiscal Gisela Muñiz, de la Unidad Fiscal de Feliciano, consiguió que el juez de Garantías Emir Gabriel Artero le firmara una orden de allanamiento. La fiscal encomendó al delegado judicial José Nicolás Morabes para que encabezara el procedimiento en el CIC: mandó buscar la documentación que el psicólogo tendría sobre las entrevistas que había tenido con la menor. Cuando acabaron con el trámite en el CIC, sin encontrar nada de lo que pretendían, fueron hasta el domicilio del psicólogo, y también lo allanaron. Antes, la fiscal había enviado un oficio judicial a la Municipalidad. Le contestaron que el psicólogo estaba de vacaciones y que ningún personal de la Comuna tenía acceso al material del profesional. Que, además, estaba protegido por el secreto profesional. Ajena a esos argumentos, la fiscal Muñiz quiso insistir: este viernes allanó el CIC. Si hubieran mandado lo que pedimos esto no habría ocurrido, contestó el delegado Morabes cuando le hicieron notar lo irregular del procedimiento. El psicólogo Quintana se refirió a esa situación. En mi carácter de psicólogo que se desempeña en el ámbito público, he actuado siempre con absoluto compromiso con la salud mental, la protección de las infancias y el acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad. En ese marco, mi intervención profesional se ha guiado estrictamente por los principios éticos que rigen nuestra práctica, entre ellos el deber de confidencialidad y el respeto por la intimidad de quienes consultan, explicó. Y agregó: Quiero expresar de manera clara mi total apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia o abuso. La escucha, contención y protección de quienes atraviesan estas situaciones constituye una prioridad absoluta en el ejercicio de mi profesión. Respecto del allanamiento, puso de relieve que determinadas medidas adoptadas en el marco de la investigación resultan, a mi entender, desproporcionadas en relación con la naturaleza de la información requerida. El secreto profesional no es un privilegio personal del profesional, sino una garantía fundamental para las personas que buscan ayuda en el sistema de salud. Su resguardo forma parte de la protección de derechos básicos como la intimidad y la dignidad de los pacientes. Guadalupe Pereyra, asesora legal de la Municipalidad de Feliciano, se extrañó del procedimiento judicial. En el CIC no hay documentación ni algo parecido a una historia clínica de las personas que se atienden con el psicólogo. No hay un registro de lo que se trata en terapia porque sería revelar el secreto profesional, destacó. Pero además quisimos hacerlo público y contar que la Municipalidad siempre actúa con absoluta transparencia y colaboración con la Justicia. No hay nada que ocultar y documentación que retener y que siempre que corresponda nosotros estamos a disposición, agregó. Entendemos que esta medida de allanamiento resultaba una medida excesiva y desproporcionada en relación al objeto que se estaba pretendiendo. Estamos hablando de requerir un legajo, una historia clínica de una paciente atendida por un psicólogo y que esta documentación está protegida por el secreto profesional. Entonces, por supuesto que nos pareció irrazonable o desproporcionado cuanto menos -apuntó la abogada-. Hay mecanismos muchísimo menos invasivos para requerir este tipo de documentación. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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