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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 06/03/2026 22:59
Una investigación penal que lleva adelante la fiscal Gisela Muñiz, de la Unidad Fiscal de Feliciano, derivó este viernes en un allanamiento al Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa ciudad del norte entrerriano en procura de dar con un informe diagnóstico de una menor que estaba siendo atendida por el psicólogo Ernesto Quintana, personal de planta del Municipio. A la fiscal se la señala en Feliciano como cercana a la senadora Gladys Dominguez (Peronismo Federal, exFrente Creer), de buen vínculo con el Ejecutivo provincial y enfrentada con el intendente local Damián Arévalo (PJ). La menor denunció una situación de abuso y la Justicia dispuso su atención psicológica. Pero como en el Hospital Francisco Ramírez, de Feliciano, no pudo darse el tratamiento, fue derivada al CIC y tuvo dos sesiones con el psicólogo Quintana. Después de esas dos únicas entrevistas, en noviembre y en diciembre, la menor no volvió a concurrir al CIC. Durante febrero, la fiscal Muñiz pidió por oficio acceder a los informes diagnósticos del profesional. Desde la Municipalidad de Feliciano respondieron que resultaba imposible, por dos motivos: el psicólogo estaba de vacaciones y además, al psicólogo lo protege el secreto profesional. Pero a la fiscal Muñiz no le resultaron argumentos valederos y este viernes fue en busca de esos informes psicológicos con un allanamiento ruidoso al CIC de Feliciano, indicó el sitio Entre Ríos Ahora. Como no dieron con lo que buscaban, fueron y allanaron el domicilio del psicólogo. Qué dijo Arévalo El procedimiento mereció el reproche de la administración del intendente Damián Arévalo (PJ). La Municipalidad de San José de Feliciano considera necesario y urgente expresar públicamente su posición absoluta frente al preocupante procedimiento de allanamiento llevado adelante en el día de la fecha (6/3/2026) en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) de esta ciudad, requerido en el marco de un legajo penal de la fiscalía local. En primer lugar, este Municipio reafirma su plena disposición a colaborar con la Justicia, como lo ha hecho históricamente cada vez que ha sido requerido por autoridades judiciales o administrativas. Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que resulta cuanto menos llamativo el despliegue de un procedimiento de allanamiento en una dependencia pública municipal, movilizando recursos de la fuerza de seguridad y del sistema judicial, para requerir documentación que podría haber sido solicitada y canalizada a través de múltiples vías institucionales y administrativas disponibles entre organismos del Estado, puntualizó el Municipio felicianero. Y agregó: La Municipalidad no se ha negado a aportar información ni documentación alguna. Durante el procedimiento se explicó detalladamente a los funcionarios intervinientes el funcionamiento administrativo del Centro Integrador Comunitario. En ese sentido, es importante aclarar a la comunidad que el CIC no conserva historias clínicas ni legajos terapéuticos de pacientes atendidos por profesionales de la salud mental, ya que dicha documentación forma parte de la práctica profesional del psicólogo interviniente y se encuentra bajo su custodia y responsabilidad profesional. El centro únicamente dispone de registros administrativos de atención, en los que se consignan datos básicos de asistencia y códigos de consulta utilizados por el profesional, sistema que fue debidamente informado durante el procedimiento, y anterior a este, en oportunidad de responder el oficio, enviado por la Fiscalía. A su vez, subrayó que la información vinculada a tratamientos psicológicos se encuentra especialmente protegida por los principios de confidencialidad y secreto profesional que rigen el ejercicio de la psicología. Los códigos de ética profesional establecen el deber de los profesionales de resguardar estrictamente la privacidad de los datos de sus pacientes y la información surgida en el marco del proceso terapéutico, la cual sólo puede ser revelada en las condiciones y con los resguardos que la normativa legal y ética prevé. Dijo además que la obtención, manipulación o difusión de información vinculada a la salud mental exige particular prudencia y respeto por los derechos de las personas, dado que se trata de datos sensibles cuya protección constituye un principio fundamental en el ámbito sanitario. La administración del intendente Arévalo que es abogado- señaló: corresponde señalar que el propio Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, en su artículo 280, prevé expresamente la posibilidad de requerir la presentación de documentos mediante una orden de presentación, mecanismo procesal previsto justamente para evitar la adopción de medidas más gravosas como el secuestro o el allanamiento, apuntó Entre Ríos Ahora. La misma disposición establece, además, que tales requerimientos no deben dirigirse a personas que puedan o deban abstenerse de declarar en razón del secreto profesional, circunstancia que reviste particular relevancia tratándose de información vinculada a la atención psicológica de un paciente. En ese marco normativo, y considerando la naturaleza sensible de los datos involucrados y el deber ético y legal de confidencialidad que rige la práctica profesional en salud mental, la Municipalidad entiende que la medida adoptada plantea serios interrogantes en cuanto a su razonabilidad y adecuación a las garantías previstas por el propio ordenamiento procesal, cuestiones que deberán ser oportunamente analizadas en las instancias correspondientes.
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