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Parana » Radio La Voz
Fecha: 06/03/2026 18:21
La designación de Juan Bautista Mahiques como flamante Ministro de Justicia terminó por profundizar una fuerte sospecha que tiene que ver con el giro de 180 grados del Poder Ejecutivo respecto al control de la AFA. Lo que hasta fines del año pasado parecía ser una guerra entre Javier Milei contra el sistema de clubes y la figura de Claudio Chiqui Tapia, se transformó en una estrategia de blindaje y convivencia política. La clave de esta sospecha se ubica en el sistemático desplazamiento de aquellos funcionarios que intentaron auditar el entramado financiero de la Asociación de Fútbol Argentino. Una de las muestras más elocuentes de ello fue la salida de Daniel Roque Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien había impulsado veedores para rastrear el flujo de dinero entre la AFA y firmas sospechadas de ser cáscaras financieras, como el caso de Sur Finanzas. Según pudo chequear Tribuna de Periodistas, el avance de Vítolo sobre los balances reales del fútbol profesional comenzó a incomodar a sectores del oficialismo que prefieren administrar el conflicto en lugar de dinamitarlo. La llegada de Mahiques al gabinete de Milei no es un dato menor, es la pieza central de este nuevo esquema de protección hacia la cúpula de la AFA en medio de los avances de las investigaciones judiciales. Su currículum previo lo vincula directamente con la estructura de poder que supuestamente debía investigar. Mahiques no solo es el vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), una entidad académica creada bajo el ala de Tapia, sino que además es miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol, el organismo regional donde el Chiqui ostenta una vicepresidencia. Este conflicto de intereses se extiende a su círculo familiar, con su hermano Esteban Mahiques integrando el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que garantiza la influencia de la familia Mahiques en los órganos de control y sanción del fútbol argentino. Estas conexiones explican, en gran parte, el repentino enfriamiento de las causas por evasión tributaria y administración infiel que el Gobierno impulsaba a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ministerio de Justicia durante la gestión anterior. El entramado de protección se vuelve más complejo al observar la relación de Mahiques con Pablo Toviggino, el influyente tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Según supo este medio, la designación del nuevo ministro buscaría, en rigor, frenar las investigaciones sobre los contratos de patrocinio y los derechos de transmisión, áreas donde los fiscales que fueron eyectados y/o desautorizados habían encontrado inconsistencias por montos que superaban los 110 millones de dólares. Al colocar a un hombre con terminales directas en el riñón del tapismo, el Gobierno de Milei parece haber priorizado la influencia sobre el humor social que genera la Selección Argentina por encima de la reforma estructural que había prometido en las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Pero no es todo, la salida de Daniel Roque Vítolo de la IGJ fue solo el capítulo final de una purga silenciosa. Antes, el Gobierno ya había recortado la influencia de técnicos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y auditores de la ARCA que intentaban trazar la ruta del dinero entre la AFA y empresas de seguros y finanzas vinculadas a la dirigencia. Estos funcionarios, cuyos nombres se mantuvieron bajo reserva para evitar represalias pero que respondían a la línea dura que buscaba la intervención judicial, fueron desplazados bajo el argumento de una reestructuración de gabinete aunque en la práctica su eyección coincidió con el freno a las denuncias por apropiación indebida de tributos. Es decir, cualquier investigación en la que debiera participar de forma directa o indirecta el Gobierno Nacional debía ser aprobada o desaprobada por la mesa chica que comandan los hermanos Milei. Allí, la relación con Tapia transitó una ambigüedad difícil de entender. Mientras el presidente mantiene un discurso público de confrontación, Karina Milei gestiona canales de diálogos para asegurar que el conflicto no avance. El discurso del jefe de Estado no es casual, ya que sirve para medir cómo actúa o qué opina la sociedad en medio de la supuesta avanzada del Gobierno contra la AFA en un año en el que se celebrará el Mundial de Fútbol. Entonces, la designación de Juan Bautista Mahiques es el sello de este acuerdo entre la AFA y el Gobierno, un funcionario que conoce los códigos del fútbol desde adentro y que tiene el peso político para desactivar cualquier avance de las segundas líneas que todavía sueñan con investigar el patrimonio de los dirigentes del fútbol. Para decirlo de otra forma, el sistema funciona de la siguiente manera: Milei le pega a la AFA para intentar validar un relato en un contexto en que los funcionarios que se prestaban a investigar seriamente son eyectados. Como contrapartida se nombran personajes que tienen lazos profesionales y familiares con el propio Tapia garantizando de esta forma una protección judicial innegable. El trasfondo de este blindaje, según logró reconstruir Tribuna de Periodistas, se construyó mediante una red de interlocutores que operaron en la sombra impulsados por Tapia y Karina Milei. Estos encuentros privados, a menudo realizados fuera de las sedes oficiales, habrían servido para pactar una tregua en la que el Gobierno bajaba la intensidad de las denuncias por lavado de dinero a cambio de que la AFA no utilizara su poder territorial y el control de las hinchadas para fogonear el conflicto social en un contexto económico delicado. De esta forma, Tapia no solo cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, quien le ofreció refugio legal al permitir que la AFA trasladara su domicilio fiscal a la Provincia de Buenos Aires para escapar de la jurisdicción de la IGJ nacional, sino que también logró permear la propia estructura de Milei a través de Mahiques. Este último, con lazos directos con Pablo Toviggino, actúa hoy como el garante de que las investigaciones no escalen a niveles que comprometan la libertad de la dirigencia. En definitiva, Milei entendió que eyectar a quienes se encargaban de investigar a la AFA suponía un costo menor comparado con el riesgo de tener al fútbol argentino en pie de guerra contra el modelo político e ideológico de la Casa Rosada.
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