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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 05/03/2026 14:50
Tras el escándalo desatado por las revelaciones del celular de uno de los líderes de La Banda del Millón, 19 de sus integrantes presos fueron trasladados a la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero y alojados en un pabellón sin acceso a celulares ni tecnología, en respuesta a los reiterados pedidos del Ministerio Público Fiscal de frenar la coordinación de delitos desde prisión. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, se trata de una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en respuesta a una serie de presentaciones impulsadas por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien busca la prohibición absoluta de uso, tenencia o acceso a teléfonos móviles por parte de los detenidos de esta organización. El SPB adoptó la medida a través de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, mientras los tribunales aún no han dictado una resolución definitiva sobre el planteo del fiscal, con excepción de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty. Entre los trasladados se encuentran Brandon Imanol Brites, Elian Castillo, Esteban Fernández, Lucas Merelles, Francisco Gaitano, Jonás Gallardo, Nicolás Gamarra, Diego Ezequiel Gómez, Thiago González, Adrián Eloy Ledesma, Kevin Leites, Jairo León, Francisco Lubo, Bautista Luna, Juan Moyano, Pablo Paletta, Santiago Paz, Hugo San Martín, Thiago Sandoval y Sofía Gómez, todos identificados como miembros activos de la banda. La decisión tiene por finalidad garantizar las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, así como asegurar su adecuado cumplimiento y control", remarcaron. En el Ministerio Público consideran que la medida es un avance concreto y eficaz, orientado a prevenir la reiteración de hechos de extrema gravedad y a desarticular toda posibilidad de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario, según mencionaron las fuentes judiciales consultadas por este medio. Al mismo tiempo, informaron que se mantendrán reuniones de trabajo entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, con el objeto de reforzar las acciones necesarias para hacer cesar las conductas investigadas, como así también determinar si desde otros establecimientos penitenciarios pudieran generarse comunicaciones con idénticos fines. Por otro lado, señalaron que la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, bajo la conducción del intendente Ramón Lanús, puso a disposición de la Justicia recursos tecnológicos y humanos para fortalecer las tareas de prevención y neutralización del accionar de la organización. La Banda del Millón es señalada por múltiples hechos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense, entre ellos asaltos a viviendas, asesinatos y robos. Investigaciones judiciales y policiales han revelado que gran parte de los delitos eran planificados desde las cárceles, donde los líderes ordenaban y coordinaban ataques. La estructura utilizaba menores de edad para tareas de vigilancia y apoyo logístico. La medida se tomó tras detectar que, a pesar de las detenciones, el grupo había marcado al menos 167 domicilios para futuros robos, según información recuperada del teléfono de Hugo Castillo San Martín, uno de los principales jefes. Además, llega a pocos días de que se conociera el contenido de un aparato autorizado en manos de Lucas Merelles, desde el cual ordenaba golpes y dirigía a la banda en vivo, a través de videollamadas. El reclamo a la Justicia En tanto, Ferrari volvió a requerir a la Justicia que se tomen medidas excepcionales respecto a los miembros de la banda encerrados en penales. El fiscal reclamó a los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Federico Vales Garbo, del Tribunal Oral Criminal N°3, que respondan a su petición presentada el 12 de febrero de este año, donde exigió una prohibición absoluta de uso, tenencia y acceso a cualquier tipo de teléfono celular o dispositivo con acceso a internet para todos los internos implicados, salvo para comunicaciones con sus abogados defensores. Dentro del mismo requerimiento, la Fiscalía propuso además la instalación de bloqueadores de señal móvil y revisiones diarias en las celdas, siguiendo el objetivo de impedir el ingreso y utilización clandestina de aparatos electrónicos que faciliten la continuidad de actividades criminales desde el interior de los penales. E incluyó otra demanda concreta: impedir que terceros puedan ingresar o facilitar dispositivos tecnológicos destinados a los reclusos, bajo la advertencia de sanciones para quienes violen la orden judicial. El escrito también dejó abierta la posibilidad de aplicar cualquier otra medida que el tribunal considere necesaria para garantizar la efectiva interrupción de la actividad criminal organizada. El tribunal optó por derivar pedidos de información a los establecimientos carcelarios en vez de resolver el fondo del planteo fiscal. De los relevamientos ejecutados surgieron nuevos hallazgos relevantes: el Servicio Penitenciario Bonaerense informó que en las celdas de Moyano, Gaitano, León y Ledesma se incautaron varios teléfonos celulares que no estaban registrados legalmente dentro del penal y fueron obtenidos y usados de forma irregular por los imputados. La fiscalía subrayó que estos secuestros corroboran la hipótesis de trabajo que sostiene la acusación pública sobre la continuidad delictiva de la banda, a pesar de la prisión preventiva. Sin embargo, a pesar de la evidencia obtenida y la urgencia de la situación, el tribunal tampoco resolvió qué destino tendrán los celulares incautados ni formalizó la prohibición expresa reclamada. La nota de Ferrari recalca la gravedad del estancamiento, estimando que resulta urgente decidir sobre la prohibición integral de teléfonos solicitada y ordenar el secuestro formal y entrega judicial de todos los aparatos electrónicos ya incautados. La insistencia remite al principio de articular un abordaje coordinado entre los distintos organismos intervinientes, con el propósito común de garantizar la continuidad del proceso judicial y preservar el orden y la seguridad pública mientras se impida que la actividad criminal siga operando desde los establecimientos penitenciarios. Al cierre del escrito, el fiscal reclamó una providencia inmediata para asegurar la protección efectiva del proceso y el cumplimiento de la ley. En el mismo sentido, Ferrari le reclamó lo mismo a la jueza Victoria Santamaría Guglielmetti, tras el hallazgo de un celular no registrado en poder de un detenido. Se trata de Esteban Fernández. El Servicio Penitenciario Bonaerense informó que, tras una requisa, se incautó un teléfono en situación irregular, sin registro en el establecimiento, en su celda. De acuerdo al informe, tras ese hallazgo la causa se centró en recopilar información sobre el dispositivo (como el patrón de desbloqueo y demás datos del equipo), pero sin resolver aún sobre la medida general de restricción solicitada ni poner a disposición de la fiscalía el aparato incautado.
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