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Fecha: 05/03/2026 08:32
La discusión por las distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios volvió al centro del debate en Entre Ríos. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) debe analizar la constitucionalidad de artículos clave de la ley provincial que regula la actividad, luego de que se promovieran acciones de amparo que cuestionan su alcance. Leé tambien: Fitosanitarios: el sudeste bonaerense pide reglas claras ante el avance judicial En ese marco, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER) se presentó ante el tribunal en carácter de amicus curiae amigo del tribunal con el objetivo de aportar fundamentos técnicos e institucionales en defensa de la norma vigente. La entidad busca respaldar la validez de los artículos que fijan las distancias de exclusión para aplicaciones terrestres y aéreas, y advertir sobre las implicancias productivas de una eventual declaración de inconstitucionalidad. Una norma construida tras un fallo judicial La actual ley fue el resultado de un proceso que se inició en 2019, cuando el STJ ordenó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura avanzar en una regulación específica sobre la materia. A partir de ese fallo, durante las gestiones provinciales encabezadas por Gustavo Bordet y luego por Rogelio Frigerio, se desarrolló un trabajo técnico e institucional que derivó en la presentación de un proyecto de ley en 2024. El texto fue analizado durante más de un año en la Cámara de Diputados, especialmente en el ámbito de la Comisión de Ambiente, incorporando aportes de sectores académicos, productivos, profesionales y sociales. Según destacaron desde la Bolsa, se trató de un proceso amplio, plural y sustentado en evidencia científica, que culminó con la sanción de la norma por amplio consenso legislativo. Leé también: Los productos agroindustriales de Argentina llegan al 75% del mundo: cuáles son los principales destinos Sin embargo, un año después de su aprobación, se promovieron amparos que cuestionan la constitucionalidad de dos artículos vinculados a las distancias de exclusión para la aplicación de fitosanitarios, reabriendo el debate. El impacto productivo en discusión Más allá de la cuestión jurídica, el eje de la controversia gira en torno al alcance del riesgo y a las consecuencias que tendría la eventual adopción de criterios más restrictivos, como los establecidos en antecedentes judiciales que fijan distancias de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros para aéreas. Desde la Bolsa sostienen que aplicar esos parámetros de manera generalizada en todo el territorio provincial tendría efectos significativos sobre la producción agropecuaria, el uso del suelo y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales. Leé también: En la región agrícola se esperan lluvias muy desparejas durante la segunda semana de marzo El presidente de la entidad, Héctor Bolzán, encabezó un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, en el que se presentó el reporte técnico elaborado para acompañar la exposición ante el STJ. Del intercambio también participaron funcionarios del área agrícola y representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez. El informe técnico incluyó un análisis espacial de afectación en superficie agrícola bajo los escenarios de restricciones de 1095 y 3000 metros, tomando como referencia casos concretos como Loteo Tierra Alta y Aldea Salto. Además, se evaluó el impacto territorial y en la producción alimentaria ante posibles nuevas limitaciones. Leé también: Financiación ganadera: crecimiento del crédito en dólares y oportunidades de inversión Según la conclusión del estudio, la imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo y maíz bajo los parámetros más restrictivos no es solo una cuestión agrícola, sino también un problema de seguridad alimentaria. Ese volumen de granos, base para alimentos derivados de harinas, equivaldría a más de 112 millones de platos de comida. Para la entidad, el debate debe contemplar un ordenamiento territorial equilibrado que permita la convivencia entre el desarrollo urbano y la producción de alimentos, evitando que la expansión residencial condicione de manera extrema el uso productivo del suelo. Leé también: Cerró una histórica planta frigorífica en Morón y 140 trabajadores quedaron sin empleo En su presentación como amicus curiae, la Bolsa puso en valor el trabajo técnico desarrollado durante más de cinco años y remarcó que la ley sancionada establece mecanismos de resguardo que, según afirmaron, incluso superan estándares considerados razonables por la propia ciencia. El STJ tendrá ahora la responsabilidad de definir el alcance de la norma en un contexto en el que se cruzan cuestiones ambientales, sanitarias, productivas y jurídicas. Lo que está en juego no es solo la validez de dos artículos, sino también el marco regulatorio bajo el cual se organiza buena parte de la actividad agropecuaria entrerriana.
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