04/03/2026 11:44
04/03/2026 11:43
04/03/2026 11:43
04/03/2026 11:43
04/03/2026 11:43
04/03/2026 11:43
04/03/2026 11:41
04/03/2026 11:41
04/03/2026 11:40
04/03/2026 11:40
Parana » APF
Fecha: 04/03/2026 09:43
Este miércoles se conocerá si la reinscripción de la inhibición de bienes en la Causa Contratos fue legal Este martes la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, informó que dará a conocer este miércoles 4 a las 8:45 su resolución respecto de los planteos que realizaron las partes -las defensas por la revocación, y por su confirmación la Fiscalía y la Fiscalía de Estado-, de la resolución que dictó la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, cuando en 2019 dispuso trabar la inhibición general de bienes a un grupo de los 31 imputados en la investigación que se sustancia para determinar si una organización sustrajo durante la década 2008-2018, millonarias sumas de las arcas del Estado mediante la simulación de contratos de obra en ambas Cámaras Legislativas de la provincia, por los que los contratados solo percibían una ínfima suma del contrato por prestar su nombre y sin realizar ninguna contraprestación. Las defensas y las acusaciones se vieron las caras en la audiencia que se realizó el jueves 26 de febrero cuando mejoraron los argumentos que presentaron por escrito respecto de la decisión de Barbagelata de ordenar en diciembre de 2025 y ante el pedido de Fiscalía, la reinscripción de las inhibiciones que había dictado en 2029. Aquella audiencia duró más de tres horas. Allí, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que estuvo acompañado de Gustavo Acosta; argumentaron respecto de la necesidad de mantener la medida cautelar que dictó la jueza de Garantías, destacando que luce necesaria para cautelar los bienes que habrían adquirido los imputados con el producido ilegal de su conducta si es que son encontrados culpables-, para resarcir a la sociedad. Barbagelata hizo lugar el 14 de diciembre de 2025 al pedido de reinscripción de la inhibición general de bienes solicitada por Yedro, Aramberry y Gonzalo Badano. Se trata de la misma jueza que en una resolución que generó polémica, por los alcances de la medida, dispuso en 2019 la más grave medida cautelar en materia patrimonial, medida que el mismo año fue modificada parcialmente por Castagno, que redujo notoriamente los montos embargados. La Causa Contratos investiga a una presunta organización que desde ambas Cámara de la Legislatura provincial se habría dedicado a sustraer de las arcas del Estado y bajo la modalidad de contratos de obra, una millonaria suma de dinero estimada en 3.000.000.000 de pesos durante la década comprendida entre 2008 y 2018, cuando estuvieron al frente del manejo de la cosa pública gobiernos peronistas. Las defensas cuestionaron que la decisión de Barbagelata de ordenar la reinscripción de las inhibiciones fue ilegal, que causó un gravamen irreparable a los imputados y sus familias al decretar su muerte civil imposibilitándoles de trabajar y generar sus propios recursos. También criticaron que la norma que regula las inhibiciones establece claramente sin que admita interpretaciones- que las medidas cautelares de bienes caducan a los cinco años de dictadas, destacando que esta caducó en 2024 y, no obstante, se la reinscribió desconociendo la posición del Registro del Notariado que manifestó que no se podía realizar. Vino a salvar un error Las defensas consideraron que la reinscripción se trató de una medida tardía, encubierta, que vino a salvar un error de Fiscalía que dejó pasar más de un año para solicitar la renovación. También señalaron que la causa se remitirá a juicio, que la investigación está clausurada y no se imputó a las parejas de algunos imputados sobre las que penden las medidas cautelares impidiéndoles disponer de su patrimonio en una medida cruel e inhumana que les impide del derecho a trabajar y proporcionarse el sustento para sí y sus familias. Las defensas expusieron que las condiciones en las que se dictó la medida en 2019 hasta hoy cambiaron, pero a diferencia de los fiscales que argumentaron que hoy el escenario es más complejo y requiere la confirmación de la cautelar, sostuvieron que los cambios deben analizarse en favor de los imputados. Así, cuestionaron la falta de fundamentación, que entienden, contiene la resolución de 2025, que renueva la cautelar basándose en las razones de 2019, cuando, por ejemplo, sobre las esposas de algunos acusados sobrevolaba alguna posibilidad de participación, que no fue sostenida en ninguna instancia del largo proceso ni sostenida en la remisión a juicio que no las contiene. (APFDigital)
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por