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Parana » AIM Digital
Fecha: 04/03/2026 08:08
El tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. Tras el reclamo de sectores opositores, el oficialismo aceptó convocar a una audiencia pública antes de avanzar con el dictamen del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado. El debate se da en medio de cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que alertan sobre posibles retrocesos en la protección de reservas estratégicas de agua, supo AIM. Según supo AIM, el interbloque Unidos solicitó formalmente la realización de una audiencia pública antes de que el proyecto pase a la firma en comisión, al considerar que se trata de una modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales que requiere discusión técnica y participación ciudadana. El pedido fue encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro y contó con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios. El oficialismo aceptó incorporar la instancia de debate y reordenó el cronograma legislativo. La audiencia pública se realizará el martes diez de marzo entre las diez y las diecinueve, mientras que el dictamen sería puesto a la firma al día siguiente en un nuevo plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. En la nota presentada ante las autoridades de las comisiones, los legisladores opositores argumentaron que una modificación de este tipo debe analizarse bajo el principio de no regresión ambiental y en cumplimiento del artículo cuarenta y uno de la Constitución Nacional, de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el planteo apunta a garantizar transparencia institucional y la participación de expertos antes de avanzar con cambios en la normativa vigente. El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado en el Senado el veintiséis de febrero con cuarenta votos a favor, treinta y uno en contra y una abstención. La iniciativa redefine el alcance del concepto de glaciar y de ambiente periglacial y otorga a las provincias mayores atribuciones en la administración y control de los recursos naturales presentes en esas zonas. Entre los cambios centrales, la propuesta establece que las provincias podrán determinar, sobre la base de estudios técnico-científicos, qué áreas deben incorporarse al Inventario Nacional de Glaciares. Asimismo, prevé que aquellas zonas que no cumplan funciones hídricas relevantes puedan ser excluidas del registro por parte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Este punto concentra gran parte de las críticas. Especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que, si determinadas áreas quedan fuera del inventario, podrían habilitarse actividades de exploración y explotación minera o hidrocarburífera que hoy están restringidas. Según indicaron a AIM especialistas en política ambiental, la principal preocupación es que la redefinición del ambiente periglacial reduzca el alcance de la protección vigente y permita intervenir en zonas que funcionan como reservas de agua dulce. También cuestionan la delegación de competencias a las provincias para determinar qué áreas quedan protegidas, al considerar que podría generar criterios dispares entre jurisdicciones y debilitar el carácter de presupuesto mínimo ambiental establecido por la ley nacional. En ese sentido, remarcan que la normativa vigente fue diseñada justamente para fijar estándares uniformes de protección frente a presiones económicas vinculadas a la actividad extractiva. El debate legislativo se produce en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas de montaña y en medio de advertencias científicas sobre el retroceso acelerado de los glaciares en la cordillera de los Andes debido al cambio climático. En ese escenario, organizaciones ambientalistas sostienen que cualquier modificación normativa debería priorizar la preservación de reservas estratégicas de agua y reforzar los mecanismos de control antes que flexibilizar las restricciones existentes.
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