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  • El Gobierno Nacional activó un plan de máxima seguridad en medio de la investigación del plan narco en Entre Ríos - El Portal de Ricardo David

    Parana » DavidRicardo

    Fecha: 03/03/2026 20:41

    El operativo comunicado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, busca resguardar la integridad de los amenazados. Tal como adelantáramos en nuestro Portal, la intensión de los criminales era atacar al juez Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Roncaglia. El Gobierno Nacional activó un esquema de máxima seguridad tras la investigación del presunto plan criminal orientado a asesinar a al juez, al fiscal y al ministro. La medida incluyó la incorporación inmediata de Leonardo Airaldi al régimen de presos de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal y su traslado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permaneció en aislamiento, sin acceso a teléfonos celulares ni comunicaciones no autorizadas. Según se informó, el operativo buscó resguardar la integridad de los funcionarios señalados como posibles objetivos y garantizar el normal avance del proceso judicial. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, puso a disposición del ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, del fiscal federal Ignacio Candioti y del juez federal Leandro Ríos herramientas operativas, de protección e inteligencia. Desde el Ejecutivo se señaló que Monteoliva se puso a disposición de las autoridades provinciales y judiciales desde el inicio del caso. La articulación operativa se canalizó a través del secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y del director nacional de Relacionamiento Judicial, Germán Punanoli, quienes mantuvieron una reunión con Roncaglia en representación de la ministra. Ante ese cuadro, el fiscal federal Pedro Rebollo requirió medidas urgentes, entre ellas el allanamiento del establecimiento penitenciario. El procedimiento lo ejecutó el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, con apoyo de fuerzas provinciales, y permitió el secuestro de teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

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