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Parana » AIM Digital
Fecha: 03/03/2026 07:35
La Cámara de Diputados comenzará a debatir la modificación de la Ley de Glaciares en medio de crecientes críticas de la oposición y de organizaciones ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua. El interbloque Unidos pidió que se convoque a una audiencia pública antes de emitir dictamen, supo AIM. Luego de la media sanción en el Senado, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo será tratado en un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. La reunión fue fijada para este miércoles a las 10, con el objetivo de avanzar en el dictamen. Según pudo saber AIM, la iniciativa redefine qué debe entenderse por glaciar y ambiente periglacial y delega en las provincias la utilización racional de los recursos naturales en esas áreas. En la práctica, el control y monitoreo quedarían bajo la órbita de los gobiernos provinciales, lo que para los críticos podría fragmentar el esquema de protección ambiental vigente. El texto establece que, a partir de estudios técnico-científicos, las provincias registren las zonas en el Inventario Nacional de Glaciares y definan si corresponden a ambiente glaciar o periglacial. Además, habilita al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales a excluir del inventario aquellas áreas que no cumplan determinadas funciones hídricas. Según constató AIM, uno de los ejes más sensibles del debate es que la exclusión de una zona del inventario podría habilitar actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera, cuya autorización quedaría sujeta a decisión provincial. Para sectores opositores, esto implica debilitar el régimen de presupuestos mínimos ambientales establecido por la legislación actual. Minutos después de conocerse la convocatoria al plenario, el interbloque Unidos, encabezado por Maximiliano Ferraro, solicitó formalmente la realización de una audiencia pública, invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional. Argumentaron que se trata de una reforma que podría reducir los niveles de protección ambiental y afectar reservas estratégicas de agua dulce. Informaron a AIM fuentes parlamentarias que avanzar sin una instancia de participación amplia, plural y transparente atentaría contra el principio de no regresión ambiental y el derecho ciudadano a intervenir en decisiones que impactan sobre bienes comunes. En la presentación también firmaron Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge. El tratamiento en Diputados se anticipa como uno de los debates ambientales más sensibles del período legislativo, con advertencias sobre el alcance real de la reforma y su impacto a largo plazo en la gestión de los recursos hídricos del país.
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