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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/02/2026 16:12
La ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete apeló el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello y aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados durante un allanamiento en su departamento de la calle México 55 eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete, y ya se encontraban en el lugar cuando ella se instaló en la vivienda. El hallazgo se produjo en el marco de la causa que investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Durante el operativo, efectivos policiales descubrieron en un mueble la suma total de USD 695.457, $19.996.200 y 1.960 euros. La imputada puntualizó que desconoce el origen exacto de esa masa de efectivo y que nunca dispuso de esos fondos para uso personal. En su escrito de defensa, presentado por el abogado Fernando Manzanares, la ex funcionaria detalló la procedencia de la suma millonaria. Afirmó que USD 600.000 fueron reclamados por una accionista de la empresa INDECOMM SRL, constituida por su padre. Otra porción del dinero pertenecería a su pareja, Javier Cardini, quien también fue desplazado de su cargo en el Palacio de Hacienda tras el estallido del escándalo. Finalmente, sostuvo que una tercera parte sí era propia, pero bajo el concepto de una donación realizada por su progenitor mediante una escritura pública. Implicados y defensa El conflicto judicial se originó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los cuales se mencionaba un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. Aunque la validez de esas grabaciones es objeto de disputa en los tribunales, tanto el juez Casanello como el fiscal Franco Picardi consideraron que la investigación cuenta con pruebas independientes. Por este motivo, a principios de mes se avanzó con una tanda de 19 procesamientos, incluidos Spagnuolo, el médico Pablo Atchabahian, Miguel ángel Calvete y su hija. La explicación sobre cómo el dinero llegó al departamento constituye un punto central de la apelación. Ornella Calvete relató que en marzo de 2025 dejó de viajar diariamente desde Escobar hasta su oficina en el ministerio que conduce Luis Caputo. Ante esta situación, consultó a su padre por alguna propiedad disponible en la Ciudad de Buenos Aires. Inicialmente, se mudó a un monoambiente en el piso 34 del edificio Ala Río, pero meses después se trasladó a un departamento de tres ambientes en la misma torre para convivir con su pareja. Según el descargo, su padre le advirtió antes de la mudanza que había dejado dinero bajo llave en una cajonera, junto con otros objetos personales. Esta advertencia ocurrió en un contexto en el que el hombre enfrentaba una complicada situación procesal en otra causa por explotación económica de la prostitución ajena, expediente por el cual se encuentra actualmente detenido. La hija respondió que no planeaba tocar nada de lo que allí se encontraba. Los aportes de la defensa Para respaldar su postura, la defensa aportó mensajes de noviembre en los que se produjo una falsa alarma sobre un posible allanamiento. En ese intercambio, la ex funcionaria le preguntó a su padre si su empresa disponía de cash blanco (dinero legal), ante la presencia de policías en la puerta del edificio. Por si entran acá y me ven con mosssca, escribió entonces. La apelación destaca que, pese a ese temor inicial, ella no movió los billetes, que permanecieron en el mismo sitio hasta el allanamiento definitivo en octubre de 2025. Respecto de su presunta influencia en el sector de las droguerías, la ex directora nacional negó cualquier vínculo con la firma Ruth Noemí Lozano. Aunque la Justicia detectó mensajes en los que afirmaba de Profarma no nos van a cagar porque es mi viejo, la defensa sostuvo que la ex funcionaria no es empleada ni accionista de esa sociedad. La acusación fiscal sostiene que Ornella Calvete utilizó su cargo para beneficiar intereses privados mediante el suministro de información privilegiada y la contratación de personas cercanas a su padre, como Ruth Noemí Lozano y Patricia Canavesio. La imputada rechazó estos cargos y explicó que las contrataciones se efectuaron a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un ente donde aseguró no tener incidencia técnica ni política. Sobre el proyecto para importar urea desde Kazajistán, indicó que era un plan privado para cuando dejara la función pública. La Cámara Federal deberá resolver ahora si confirma o revoca el procesamiento de la ex funcionaria.
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