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Cerrito » Debate Abierto
Fecha: 25/02/2026 12:17
Leido 4 veces Cada mes, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CAJPER) paga jubilaciones por un monto que supera en un 32% lo que recauda en aportes. Ese agujero, equivalente al 50% de la recaudación tributaria provincial, la convierte en una de las más deficitarias de las 13 cajas previsionales provinciales argentinas, según el último diagnóstico de la Asociación Argentina de Presupuesto. La única excepción en el mapa es Misiones, que registra un modesto superávit del 8%, según un relevamiento realizado por ANALISIS por las diferentes jurisdicciones provinciales. El gobernador Rogelio Frigerio recibió el problema en 2023 como si fuera una herencia envenenada. Al asumir, la CAJPER tenía 98 escalafones en déficit, los aportes cubrían apenas el 60% de las prestaciones y la relación activos-pasivos era de 1,88 a 1, menos de la mitad del ratio de 4 a 1 que requeriría un sistema solidario para funcionar sin subsidio externo. Cuando asumió Frigerio, la caja era la más deficitaria del país. Las medidas de emergencia que tomó aumento de aportes del 16% al 19%, depuración de la base de beneficiarios, demanda judicial contra ANSES por 154.000 millones de pesos no girados entre 2019 y 2023 lograron bajar el déficit del 41% al 37% a mediados de 2024 y en diciembre se descendió al 32%. Un avance real pero insuficiente ante la dimensión del problema. La comparación entre las 13 cajas provinciales revela contrastes enormes que el debate público suele ignorar. Mientras Misiones tiene casi cuatro aportantes por cada jubilado y equilibrio financiero, Entre Ríos no llega a dos activos por pasivo. Jubilados de menos de 50 años Si hay un número que resume la crisis estructural de la CAJPER, es este: de los 66.500 beneficiarios contabilizados (se dieron 7 mil altas en los dos últimos años), el 27 por ciento tiene entre 41 y 50 años. Otro 36 por ciento se ubica entre los 51 y los 60. Es decir, casi dos tercios de los jubilados entrerrianos tienen menos de 60 años. Eso no ocurre por fraude: ocurre porque la Ley 8.732, sancionada en 1993 y vigente hasta hoy, permite jubilarse con parámetros más generosos que los del régimen nacional. La jubilación ordinaria en Entre Ríos exige 57 años para mujeres y 60 para varones con 25 a 30 años de aportes, en línea con el régimen nacional. Pero la aplicación del sistema 3×1 tres años extra de servicios compensan un año menos de edad y los regímenes de jubilación anticipada y enseñanza diferencial (que permiten retirarse a los 45 años con 20 de aportes al frente de alumnos en educación especial) explican en parte esa masa de jubilados jóvenes que rompe la ecuación actuarial del sistema. En comparación: Misiones y Tierra del Fuego tienen la relación más sólida más de tres aportantes por beneficio y sus cajas funcionan casi sin ayuda externa. Buenos Aires tiene 600.000 jubilados del IPS con solo 1,6 aportantes por pasivo, pero el tamaño de su economía y la masa de aportantes amortigua el desequilibrio. La Pampa, con apenas 19.000 beneficiarios y tasas de sostenimiento cercanas a 3, es el caso más equilibrado del grupo junto a las provincias patagónicas. Aquí la provincia litoral marca una diferencia sustancial respecto del sistema nacional y de casi todas las demás cajas. La Ley 8.732 establece que el haber jubilatorio ordinario equivale al 82% del promedio de la remuneración percibida durante los últimos cinco años en actividad, calculado sobre los sueldos vigentes al momento del cese. Y se actualiza con los salarios activos. Eso es el 82% móvil real: paridad dinámica con el trabajador en funciones. El promedio de jubilaciones es de 1.500.000 pesos, mientras que el promedio de activos es de 1.200.000, por lo que queda claro que la movilidad de la ley va mucho más allá del 82 por ciento del bruto que se calcula en el haber inicial. El sistema nacional (ANSES) no lo tiene. Ahí se calcula el haber sobre el promedio histórico actualizado por IPC con rezago, lo que equivale en la práctica a una tasa de sustitución del 55% o menos. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aplican el 82% como tasa de sustitución fija sobre el mejor cargo, pero no lo actualizan en paridad automática con los activos. Entre Ríos sí. Si los docentes activos tienen un aumento paritario en mayo, los jubilados entrerrianos lo perciben automáticamente. Eso tiene un costo enorme en un sistema ya deficitario, y explica por qué la reforma que impulsa Frigerio no toca ese porcentaje pero busca modificar los años de aportes y la base de cálculo. Los gremios docentes AGMER, SADOP, UDA defienden la ley con el argumento histórico: La Ley 8732 no se toca. La CAJPER no tiene un régimen específico para amas de casa igual que Córdoba, Santa Fe y la mayoría de las cajas provinciales: esa figura accede al sistema vía la Ley nacional 24.828 (aportes voluntarios como monotributista) o a través de la PUAM. Policías y discapacidad El personal policial entrerriano se rige por el régimen especial de la Ley 8.732 y se retira principalmente por años de servicio 25 a 30 años, sin requisito etario rígido, igual que en la mayoría de las provincias. El único caso marcadamente diferente en el país es Buenos Aires (Caja Policial, Ley 13.236), que también prescinde de piso de edad. Las fuerzas patagónicas Neuquén, Chubut, Santa Cruz exigen alrededor de 55 años con 25 a 30 de servicio. En materia de discapacidad, el sistema entrerriano se alinea con los parámetros nacionales: 45 años de edad y 20 de aportes para trabajadores con incapacidad laboral superior al 33% durante los últimos diez años. La jubilación por invalidez sin requisito etario, cuando la incapacidad supera el 66% y se origina durante la relación laboral es también el mecanismo general en todas las cajas provinciales. El problema distintivo de Entre Ríos no está en los requisitos de estos regímenes sino en la proliferación de 98 escalafones sectoriales cuyas paritarias impactan automáticamente en los haberes jubilatorios sin que la CAJPER tenga control sobre esa dinámica. Eso no ocurre con la misma intensidad en Córdoba ni en Santa Fe, que tienen sistemas más homogéneos. El gobernador Frigerio identificó ese mecanismo como uno de los nudos centrales del déficit y planteó introducir la necesidad de homologación previa antes de que un aumento del activo impacte en el pasivo. Entre Ríos demandó a la ANSES por 154.000 millones de pesos no transferidos entre 2019 y 2023. Por ley, desde 1999, el Estado nacional está obligado a cubrir el déficit de las 13 cajas provinciales. El gobierno de Javier Milei suspendió esos giros en 2024 mediante el decreto 280/2024, aplicando a todas las provincias una medida que Entre Ríos vive de manera especialmente grave dado el tamaño de su desequilibrio. En ese contexto, Santa Fe tercera más deficitaria y Chubut fueron las primeras en anunciar acciones judiciales. Entre Ríos, que tiene abierto su propio frente judicial, enfrenta además la paradoja de que aunque Nación cumpliera íntegramente, solo resolvería un cuarto del problema. Los tres cuartos restantes son propios: producto de décadas de postergación política, de usar los aportes jubilatorios como caja de recursos generales (desde 1994), de crear escalafones sin sustento actuarial y de no reformar la ley cuando había. La reforma que viene y la resistencia El proyecto de reforma de la Ley 8.732 que el gobierno provincial propone elevar los aportes de activos y jubilados, restringir el 3×1, homologar las paritarias sectoriales antes de su impacto en pasivos y revisar los regímenes de jubilación anticipada. Garantiza no tocar el 82% móvil ni la edad jubilatoria general. Los sindicatos docentes rechazaron el proyecto y exigen que las modificaciones no recaigan sobre los trabajadores. El proyecto frigerista ingresará en próximos días, según supo ANALISIS, después de varios meses de trabajo del titular del organismo; Gastón Bagnat. El escenario entrerriano es, en escala menor, el mismo que atraviesan Santa Fe que ya presentó su propio proyecto de reforma con tope de haberes de 20 mínimas, Buenos Aires con miles de jubilaciones demoradas durante la gestión Kicillof y Córdoba, que en 2025 sancionó la Ley de Equidad Jubilatoria para reequilibrar su caja. La diferencia es que Entre Ríos llega al debate con el peor punto de partida: el déficit muy alto todavía, la relación activos-pasivos más baja y décadas de procrastinación política acumuladas. Misiones, en el otro extremo, muestra que la ecuación puede ser diferente: tres aportantes por jubilado, superávit del 8% y una caja sin necesidad de socorro externo. La diferencia no está en la generosidad de los haberes sino en la estructura del empleo público provincial y en el control del crecimiento de los escalafones a lo largo del tiempo. El debate en Entre Ríos empezará, en profundidad, en próximas semanas. Frigerio sabe que si no logra los cambios en la Legislatura, a más tardar a mediados de año, después le resultará muy difícil revertir la situación de la caja previsional. Y si ello no ocurre, la caja resultará insostenible. Fuente: Análisis Digital
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