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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 25/02/2026 13:41
Entre Ríos inicia el ciclo lectivo 2026 sin normativa específica sobre celulares en las aulas En Entre Ríos se intentó en Diputados, pero no se pudo avanzar con el proyecto. La preocupación por los niveles de distracción en las aulas, el deterioro en los resultados de aprendizaje y los efectos negativos de las redes sociales sobre la salud mental de niños y adolescentes, impulsaron una serie de normativas que marcan un cambio cultural profundo. La tendencia, además, no es exclusiva de Argentina: Brasil, Chile, Bolivia y Perú ya cuentan con legislación específica, y México avanza en la misma dirección. El dato que más inquieta a las autoridades educativas surge del informe PISA 2024: Argentina lidera, entre los ochenta países relevados, el porcentaje de estudiantes de 15 años que reconocen distraerse en clase por el uso de dispositivos propios o de sus compañeros. Más de la mitad de los alumnos argentinos admite perder la concentración por causa del celular, una cifra que supera ampliamente el promedio internacional. En ese contexto, las restricciones no surgieron como ocurrencias aisladas sino como respuestas a una evidencia acumulada. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción argentina pionera. En agosto de 2024, el jefe de gobierno Jorge Macri oficializó, mediante la resolución ministerial N° 2075 del Ministerio de Educación porteño, la prohibición del uso de celulares en los niveles inicial, primario y secundario de todos los establecimientos educativos, sean públicos o privados. En el nivel primario, la restricción se extiende también a los recreos; en el secundario, los dispositivos deben permanecer guardados salvo indicación docente con fines pedagógicos. Los resultados de la medida no tardaron en ser evaluados. Un informe difundido por las propias autoridades educativas porteñas señaló mejoras perceptibles en la atención durante las clases y en la interacción social entre pares durante los recreos. Los docentes relevados para ese informe reportaron que los estudiantes comenzaron a jugar, conversar y relacionarse de maneras que habían quedado relegadas tras la irrupción masiva de los smartphones. El biólogo e investigador Fabricio Ballarini, doctorado en el Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina de la UBA, lo sintetizó con datos de once colegios donde se implementaron restricciones: 'Lo que reportan los maestros es que los chicos están rápidamente distintos: empezaron a jugar al truco, a charlar y tienen más atención en el aula'. Neuquén, Salta y provincia de Buenos Aires La provincia de Neuquén sancionó la Ley N° 3520, que establece uno de los marcos regulatorios más estrictos del país. Para los niveles inicial y primario, la prohibición es absoluta y abarca toda la jornada escolar, incluyendo los espacios compartidos del establecimiento como patios, pasillos y comedores. No se admiten excepciones salvo necesidades educativas especiales debidamente acreditadas, situaciones de emergencia o condiciones médicas que requieran monitoreo con el dispositivo. En el nivel secundario, la norma neuquina adopta un criterio diferente: permite el uso de celulares únicamente cuando el docente lo autoriza con fines pedagógicos concretos. La lógica detrás de esta distinción reconoce la progresiva autonomía de los adolescentes, aunque sin dejar librado a la voluntad individual lo que debe ser una decisión institucional. La ley comenzó a regir en julio de 2025, al inicio del segundo semestre del ciclo lectivo, luego de que la comunidad educativa neuquina regresara de un receso invernal anticipado por condiciones climáticas extremas. Salta avanzó con la Ley N° 8.474, sancionada en diciembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de ese mes. Su reglamentación, a través de la resolución ministerial N° 631, entró en vigor el 29 de julio de 2025. La norma salteña es la más amplia en términos de alcance: rige para todos los niveles educativos -inicial, primario y secundario- en instituciones públicas y privadas, y establece criterios diferenciados según el nivel. En el Nivel Inicial, la prohibición del celular es completa y sin matices. En primaria y secundaria, la restricción es general con excepciones autorizadas por los docentes para actividades pedagógicas específicas. La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología provincial, Cristina Fiore, fue enfática al presentar la medida: 'El principio general sería la prohibición del uso del celular, salvo que sea a efectos pedagógicos'. La norma salteña va más allá de la restricción en el aula. Prohíbe también la creación de grupos de WhatsApp con fines institucionales entre directivos, docentes, familias o estudiantes, exigiendo a los establecimientos la habilitación de canales de comunicación oficiales. Una decisión que apunta a profesionalizar el vínculo entre la escuela y la comunidad educativa, evitando la informalidad y la sobreexposición que generan las aplicaciones de mensajería instantánea en la gestión cotidiana. En septiembre de 2025, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos con pantalla en las escuelas primarias bonaerenses. El proyecto fue impulsado por los senadores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán, quienes unificaron iniciativas existentes en ambas cámaras. Con esta norma, la provincia más populosa del país se convirtió en la cuarta jurisdicción argentina en legislar sobre la materia. La magnitud de la medida es considerable: alcanzaría a aproximadamente 1.560.000 alumnos de primaria y 589.000 del nivel inicial, matriculados en unos 11.300 establecimientos educativos -entre los 7.800 centros estatales y los 3.500 privados- según el relevamiento inicial 2025 de la Dirección de Escuelas bonaerense. Sin embargo, el gobierno provincial tiene 180 días para dictar la reglamentación correspondiente, por lo que la aplicación efectiva de la ley no se estima antes de entrado el ciclo lectivo 2026. En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense debate un proyecto que extendería la restricción al nivel secundario. El ministro de Educación provincial, Alberto Sileoni, mostró reservas respecto de la medida, recordando que en 2006 ya había existido una prohibición similar que no tuvo los efectos esperados. 'Nosotros vamos por otro camino, en 2006 tuvimos esa norma en la provincia de Buenos Aires y no funcionó', señaló. Esa tensión entre la evidencia internacional a favor de las restricciones y la cautela pedagógica de parte de los especialistas sigue atravesando el debate educativo argentino. Más allá de las iniciativas provinciales, Argentina no cuenta aún con una ley nacional que unifique criterios para todo el sistema educativo. La ausencia de una política federal sobre el uso de dispositivos en las aulas genera una situación despareja: lo que está prohibido en CABA, Neuquén o Salta puede estar plenamente permitido en Entre Ríos, Córdoba o Misiones. Esa heterogeneidad normativa no es un dato menor cuando se trata de fenómenos que, por definición, no reconocen fronteras geográficas. Los algoritmos de TikTok o Instagram no distinguen entre provincias. El investigador Ballarini advirtió sobre la magnitud del problema con datos contundentes: el promedio de uso de pantallas entre adolescentes argentinos ronda las seis horas diarias, con casos que llegan a once horas. La mitad de ese tiempo corresponde al consumo de TikTok. 'La media son seis horas, pero hay chicos que pasan once horas por día y cuando se los contamos no lo pueden creer', señaló. Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, una encuesta reveló que el 36% de los alumnos considera que el celular afecta su concentración en clase, mientras que el 31% reconoce que impacta directamente en su rendimiento. Un proyecto que duerme en Entre Ríos La provincia de Entre Ríos es, hasta ahora, una de las jurisdicciones que permanece al margen de esta tendencia nacional. No porque el tema sea ajeno a su Legislatura, sino porque la iniciativa que existe lleva meses sin movimiento. En septiembre de 2025, el diputado Carlos A. Damasco, de La Libertad Avanza Entre Ríos, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas en todos los niveles y modalidades de educación obligatoria, tanto en establecimientos públicos como privados. Lo acompañaron como coautores legisladores de distintas fuerzas: Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; Lorena Arrozogaray, del Partido Justicialista; y Fabián Rogel, de Juntos por Entre Ríos. Esa composición multipartidaria desde el origen es un dato político relevante: la iniciativa no surgió como bandera de un solo espacio sino con respaldo transversal, lo que en condiciones normales facilitaría su avance legislativo. Sin embargo, y a pesar del contexto favorable dado por las aprobaciones en CABA, Neuquén, Salta y la provincia de Buenos Aires durante el mismo período, el proyecto entrerriano no registra avances en comisión ni fecha de debate establecida. Entró al Parlamento, fue oficialmente presentado, y allí quedó. El texto del proyecto no plantea una prohibición absoluta. Sigue el modelo adoptado en otras jurisdicciones: la regla general sería la restricción del uso de celulares durante la jornada escolar, con excepciones para situaciones autorizadas expresamente por el docente con fines pedagógicos, emergencias debidamente justificadas, y estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran el dispositivo como herramienta de apoyo con previa autorización institucional. En caso de aprobarse, la ley designaría al Consejo General de Educación como autoridad de aplicación, responsable de elaborar protocolos, supervisar su cumplimiento y llevar a cabo campañas de concientización para toda la comunidad educativa. Además, los establecimientos deberían proveer espacios adecuados para la guarda segura de los dispositivos durante el horario de clases. Los fundamentos del proyecto se apoyan en la misma evidencia que impulsó las normativas en otras provincias: estudios que demuestran que el uso de celulares disminuye los niveles de atención, impacta negativamente en el rendimiento académico y afecta las relaciones interpersonales en el aula. En ese sentido, la iniciativa no se aparta del diagnóstico que llevó a legislar en Buenos Aires, Neuquén o Salta; simplemente no encontró, hasta ahora, el impulso político necesario para prosperar. La paradoja entrerriana es visible: mientras el Consejo General de Educación y la Cámara de Diputados articulaban en mayo de 2025 la entrega de computadoras a escuelas secundarias en el marco del proyecto 'Visionarios: jóvenes y ciudadanía en acción' -promoviendo la alfabetización digital-, el proyecto que busca ordenar el uso de dispositivos personales permanecía archivado. No se trata de posiciones contradictorias en sí mismas: la tecnología educativa supervisada y la restricción al celular personal son políticas perfectamente compatibles. Pero la inacción legislativa sobre el segundo punto contrasta con la celeridad que mostraron otras jurisdicciones ante el mismo problema. Entre Ríos inicia el ciclo lectivo 2026 sin normativa específica sobre celulares en las aulas. Los estudiantes entrerrianos están sometidos al mismo nivel de distracción que el informe PISA 2024 detectó en el conjunto del país, sin que exista una respuesta institucional provincial que lo regule. El proyecto de Damasco, Salinas, Arrozogaray y Rogel sigue esperando en alguna comisión su turno para ser debatido. Queda abierta la pregunta de si el inicio del nuevo período legislativo y la visibilidad que el tema ha adquirido a nivel nacional e internacional alcanzarán para sacarlo del letargo. Fuente: Análisis.
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