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Crespo » Estacion Plus
Fecha: 24/02/2026 22:09
Caso Guillermo Ramírez: La familia enfrentará una audiencia en la que clama la restitución del cuerpo para darle sepultura En el día previo a que se cumpla un año de la traumática muerte de Guillermo Ramírez, se llevará adelante una importante audiencia en los Tribunales de Diamante. En declaraciones a Estación Plus Crespo, el abogado querellante, Dr. Nélson Schlotahuer, explicó: "Todavía el cuerpo de Guillermo Ramírez sigue en la cámara frigorífica de la Morgue Judicial de Victoria, aún habiéndosele ya practicado todos los estudios que fueron solicitados en su momento por la Defensa, la Fiscalía y la Querella. Una de las Defensas, entendía que hacía falta algunas pruebas complementarias, conforme sugerencia del médico que lo asiste y en función de eso, el Juez remitió ese Pedido de Informes Ampliatorio formulado al Cuerpo Médico Forense. Hace unos días, se expidieron, manifestando que no era necesario realizar ningún estudio complementario y que el cuerpo debía ser restituido. En consecuencia, se ha fijado audiencia para el jueves 26 de febrero, a las 9:00, para poder avanzar con la posible restitución del cuerpo a la familia -insistiremos en este pedido-, y que puedan darle sepultura". Desde su experiencia profesional, el letrado reflexionó: "Es una situación totalmente anormal, pero refleja un poco cómo muchas veces operan los mecanismos institucionales. De nuestra parte siempre hubo predisposición -de hecho-, el 3 de diciembre de 2025 tuvimos una audiencia en la que se preguntó concretamente cuál era el estudio complementario, cuál era el órgano que se necesitaba conservar y no hubo respuesta a eso. Por lo tanto, consideramos que esto ha sido solamente una dilación de tiempo; que con válidos motivos ha generado estupor y malestar en la viuda, en los hijos adolescentes de Ramírez, que todavía conviven con esta situación de tener a su padre en la morgue. Sabemos que en materia procesal penal se pueden dar este tipo de situaciones, aunque son negativas en términos humanitarios. El 27 de febrero se estará cumpliendo un año del hecho". Desde la representación legal particular de la víctima, todo está apuntado a solicitar que la causa se eleve a juicio: "Entendemos que la tarea investigativa en líneas generales, ya se ha cumplido; puesto que tenemos todos los elementos, como entrevistas, testimonios, informes, videograbaciones, y fundamentalmente el Informe de Autopsia final, que nos fue entregado en diciembre del año pasado. Estamos en condiciones de poder pasar a la etapa siguiente, que es el debate oral. Desde el punto de vista probatorio, en lo que hace al hecho concreto, por lo menos -después habrá que analizar cuestiones anexas-, pero la prueba de qué sucedió esa noche, y cómo fue el fallecimiento de Guillermo Ramírez, obra en la Investigación Penal Preparatoria. Entendemos que está acreditado cuál fue el alcance de la intervención que tuvo la Policía, los funcionarios que participaron, están las pruebas en el expediente". Con la cautela que el caso amerita y en una ajustada síntesis referencial, Schlotahuer apuntó sobre el informe final forense: "La autopsia es muy contundente, al concluirse con fecha 12 de noviembre de 2025. Guillermo falleció a causa de una asfixia mecánica por compresión cervical -es decir, por una fuerza externa-, y en probable combinación con un mecanismo de compresión torácico abdominal. Hablamos de presiones sobre esas partes del organismo: tórax y abdomen. También tenía severas marcas exteriores en el cuello, fracturas en su tórax, y demás lesiones, que por más teorías que se busquen inventar o se pretendan plantear, no hay dudas de que fue por el contacto que mantuvieron los policías con Guillermo. Recordemos que los funcionarios que integran esta etapa, acreditaron en el expediente haber realizado el curso que la Policía de Entre Ríos les brindó, para tratar casos donde pudiera haber personas con problemas de adicción o problemas de salud mental. Es decir, no son personas sin conocimiento previo de cómo reaccionar en este tipo de situaciones y son en esencia, profesionales de la seguridad". Desde el sentido común, surge el interrogante de por qué habiendo comenzado la trágica situación en Libertador San Martín, una ciudad entrerriana emblemática por su prestigioso Sanatorio, nadie acudió a esa guardia cuando "estaba mal". El abogado anticipó que "una vez que entreguen el cuerpo, queremos proceder a lo que se llama la 'remisión de la causa a juicio', que comprende calificar los hechos jurídicamente como corresponde -ahora hay una calificación provisoria-, de acuerdo a la participación de cada uno de los imputados, conforme los elementos de prueba reunidos". "La familia está realmente devastada. Al no ser nacidos en Libertador San Martín, la contención que tienen es de algunos familiares, pero no ha habido contención desde el punto de vista institucional y están sufriendo", aseguró el abogado querellante. En esa línea de pensamiento, agregó: "Los familiares de Guillermo Ramírez no han recibido ningún tipo de asistencia psicológica por parte del Estado, ni tampoco ayuda económica. No hay un mecanismo reglamentado ni legislado, para contener a las víctimas de una situación que nace en el brazo auxiliar de la Justicia -la Policía provincial- ". No obstante, destacó el funcionamiento del "Comité de prevención de la tortura en Entre Ríos, que es una organización a nivel institucional de la provincia, que reúne la participación de ONGs, agrupaciones y otras conformaciones consolidadas en la defensa de los Derechos Humanos". Nélson Schlotahuer aportó una reflexión desde el punto de vista social del caso: "Veo replicada la circunstancia -no solamente en Ramírez y Goyeneche, sino en otros más-, que pasa por hechos que suceden en Argentina y podemos calificar como violencia institucional, materializada en conductas excesivas de la Policía. Se omiten mecanismos proporcionales en cuanto a la provocación o agresión que dicen haber sufrido, y las acciones para contener o hacer cesar; y eso no está recibiendo un tratamiento específico. En esto hay que apartarse de idiosincrasias, de confusiones y como comunidades necesitamos entender que la persona -más allá de su forma de vida, de su trabajo, de sus elecciones diarias-, tiene que ser tratado como un ser humano. Siempre. Cometa o no cometa un delito; sea o no sea adicto; no importa su orientación cultural, económica, política, racial, sexual, debe ser tratado como un ser humano. Más cuando se trata de la institución pública que vela por el cuidado. Este es el punto donde no podemos ceder nunca. Es peligroso lo que a veces se plantea de que le suceda a otro, o justificar lo que le pasó a algún ciudadano, simplemente porque es diferente a uno. Tuvimos el proceso militar, y esas ideas de a ratos empiezan a brotar de vuelta, por eso todos los que estamos en el Derecho, los mismos medios de comunicación, y un montón de espacios representativos sociales, tenemos que bregar que no vuelva a suceder, que no se vuelva a instalar", concluyó.
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