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Parana » Informe Digital
Fecha: 22/02/2026 12:25
De la redacción de INFORME DIGITAL El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación en la que solicita que se investigue la posible existencia de una estructura de persecución político-judicial vinculada a la judicialización del Parque Industrial de esa ciudad, obra financiada con fondos nacionales. En la presentación federal, Rossi promueve formalmente la incompetencia de la Justicia provincial para investigar la ejecución del proyecto, al sostener que la obra involucró financiamiento nacional, un reperfilamiento técnico-presupuestario aprobado por autoridad federal y auditoría vigente. Según el escrito, cualquier eventual reproche penal exige revisar actos administrativos nacionales, lo que afirma activa la competencia federal conforme el artículo 116 de la Constitución Nacional . La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la instrumentalización de órganos provinciales de control y del sistema penal local en relación con la obra del Parque Industrial de Santa Elena . En paralelo, el jefe comunal impulsó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invocando amenazas, hostigamientos y riesgo en el ejercicio de sus funciones públicas democráticamente electas . En ese planteo sostiene que se encuentran comprometidos derechos protegidos por la Convención Americana, entre ellos las garantías judiciales (art. 8), los derechos políticos (art. 23) y la protección judicial efectiva (art. 25) . El contexto procesal incluye además planteos de incompetencia federal y recusaciones en sede provincial dentro del legajo Municipalidad de Santa Elena s/ actuaciones de oficio, donde la defensa cuestionó la validez de medidas de injerencia y solicitó la suspensión del trámite hasta resolver la competencia . Según la denuncia federal, el Parque Industrial se encuentra sustancialmente finalizado, restando aspectos técnicos menores y la instalación de un transformador eléctrico para su plena operatividad . Rossi sostiene que la judicialización en el actual contexto preelectoral no sólo afecta su situación institucional sino también el desarrollo económico local y la radicación de inversiones. La presentación ante el fuero federal solicita la producción de prueba y el libramiento de oficios al Ministerio Público Fiscal provincial, al Tribunal de Cuentas, al Senado de la Provincia, al Jurado de Enjuiciamiento y a los organismos nacionales que intervinieron en la financiación y control de la obra, con el objetivo de reconstruir la secuencia institucional denunciada . En su pedido ante la CIDH, el intendente argumenta que existe una continuidad estructural de intervenciones judiciales coincidentes con momentos políticos relevantes y que el riesgo actual es grave, urgente y susceptible de generar daños irreparables en el ejercicio del mandato democrático . De este modo, el conflicto por el Parque Industrial de Santa Elena se traslada ahora al ámbito federal y al sistema interamericano, abriendo un nuevo capítulo institucional con impacto provincial y nacional.
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