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Concepcion del Uruguay » La Pirámide
Fecha: 21/02/2026 18:53
ATE y UTEP denuncian el desmantelamiento de la Integración Socio Urbana La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denuncian el desmantelamiento de la política de Integración Socio Urbana, creada por la Ley 27.453 y ejecutada en los barrios populares de todo el país. No estamos hablando de estructuras administrativas. Estamos hablando de agua potable, cloacas, electricidad segura, pavimento, viviendas, escuelas, centros comunitarios y trabajo. Estamos hablando de derechos básicos para 5 millones de personas. ¿Qué está en riesgo? En la Argentina existen 6.467 barrios populares donde viven más de 5 millones de personas. Ésta política pública logró realizar: Más de 1.300 obras de infraestructura básica. Más de 150.000 puestos de trabajo generados. Más de 250.000 Obras de Mejoramiento habitacional del Programa Mi pieza para mujeres de Barrios Populares. 860.000 certificados de Vivienda Familiar vigentes. Situación del FISU y las obras El Decreto 312/2025 dispuso la disolución del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado en el marco de la Ley 27.453 para financiar obras en barrios populares. No obstante, se encuentra vigente una medida cautelar judicial que ordena no innovar y suspende la liquidación total de los activos, exigiendo garantizar la continuidad de las obras con financiamiento comprometido. La interrupción de la política implica: Paralización de las obras en ejecución. Pérdida del trabajo para cooperativistas, trabajadores de empresas y estatales. Interrupción de servicios básicos en barrios populares. Potenciales responsabilidades patrimoniales del Estado por incumplimiento contractual. El respeto al marco legal vigente y a las decisiones judiciales resulta indispensable para evitar un daño institucional, económico y social de gran magnitud. La dotación de personal pasó de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afectando equipos técnicos, contadores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, abogados, trabajadores sociales y profesionales especializados en integración urbana. No se elimina una estructura vacía. Se elimina capacidad técnica del Estado. Sin seguridad en la tenencia no hay derechos El Certificado de Vivienda Familiar creado por el Decreto 358/2017 permitió que cientos de miles de familias pudieran contar con un documento oficial que certifique el domicilio donde habitan. El freno de los desalojos establecido por la Ley 27.453 y prorrogado durante el 2022 por 10 años fortalece las medidas para garantizar la permanencia en paz de las familias. Desmantelar esta política es empujar nuevamente a miles de familias a la invisibilidad y la exclusión, a vivir con miedo constante a ser desalojadas de sus viviendas. La aplicación de la Ley y del Decreto sin una institución pública que lo ejecute convierte en letra muerta su aplicación. Seguridad y vida en los barrios La Integración Socio Urbana permitió regularizar miles de conexiones eléctricas precarias que generaban incendios y accidentes evitables. Permitió obras de agua, cloacas y mitigación de riesgos ambientales. A su vez, la presencia del Estado generó una dinámica territorial de fortalecimiento comunitario, participación e inclusión. Cuando se frenaron las obras y se eliminaron los programas sociales, el espacio público fue ocupado por redes de narcotráfico, que reemplazan al Estado, controlan los territorios y afectan la vida de jóvenes y familias enteras, por el consumo, el narcomenudeo y la violencia. Cuando se corta esta política, no se elimina un programa. Se ponen en riesgo vidas. Plan de lucha y visibilización Frente a esta situación, las organizaciones firmantes definimos un plan de acción escalonado con el objetivo de defender la continuidad institucional y presupuestaria de la Integración Socio Urbana y los puestos de trabajo vinculados a su implementación. El plan incluye: Jornadas de visibilización el viernes 20/2 y el lunes 23/2 en el edificio y en el espacio público, con realización de sentadas y semaforazos como acciones de protesta y concientización dirigidas a trabajadores y a la comunidad, frente al impacto del desfinanciamiento y la degradación institucional de la política de Integración Socio Urbana. Fecha importante Movilización el 24 de febrero a las 11 hs: realizaremos una asamblea de trabajadores y trabajadoras estatales, cooperativas y vecinos y vecinas en la sede de la SISU (Av. Roque Sáenz Peña 777, CABA) y posteriormente marcharemos hacia el Ministerio de Economía (Av. Hipólito Yrigoyen 350, CABA), en defensa de la Ley 27.453/18 y su modificatoria, del financiamiento adecuado de la política de Integración Socio Urbana y de la continuidad laboral del equipo técnico y profesional. Campaña nacional de adhesiones, con firma digital y manuscrita, dirigida a intendentes, legisladores, gobernadores, representantes de la Iglesia, cámaras profesionales, organizaciones sociales y vecinos y vecinas de los barrios populares. Pedido formal de audiencias ante autoridades competentes y presentación de solicitudes de acceso a la información pública, a fin de obtener precisiones sobre la situación presupuestaria, administrativa y estructural de la política de Integración Socio Urbana. Defender la SISU es defender lo público Reducir equipos técnicos, despedir trabajadores y paralizar obras no es eficiencia. Es desmantelar la capacidad del Estado para garantizar derechos. Sin trabajadores no hay política pública. Sin Integración Socio Urbana no hay agua, no hay seguridad en la tenencia, no hay trabajo, no hay futuro. -Asociación Trabajadores del Estado (ATE) -Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)
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