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Paraná » 9digital
Fecha: 20/02/2026 23:21
AgustÃn Greco, abogado querellante que representa a la familia de las vÃctimas del fatal incendio en la ciudad de Victoria, brindó declaraciones a Canal 9 Litoral en las que detalló el avance de la causa y las responsabilidades que atribuye al municipio. El letrado sostuvo que el lugar donde ocurrió el siniestro no contaba con la habilitación correspondiente y que existió una ausencia total de controles por parte de las autoridades locales. Greco informó que ha solicitado la imputación directa de diversos funcionarios municipales bajo la figura del artÃculo 248 del Código Penal, el cual refiere a los deberes de funcionario público y su posible omisión, impericia o negligencia. Según el abogado, si el municipio hubiera cumplido con sus funciones de control, se habrÃa evitado la pérdida de tres vidas. El incendio del 30 de diciembre de 2025 murieron Agustina Magalà Cabrera, de 20 años, embarazada de cinco meses, y Natalà Ayelén GarcÃa, de 39 años, madre de dos niños. Luego del trágico final de las dos mujeres, ocurrió el suicidio de Fabricio Mansilla, 23 años, pareja de Agustina Cabrera. Hasta el momento, la fiscalÃa a cargo del Eduardo Guaita ha dado lugar parcialmente a los pedidos de la querella. En este sentido, se ha confirmado la citación de la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, para el próximo 10 de marzo en sede judicial. Asimismo, el pedido para que declare la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, también fue aceptado por el fiscal. No obstante, Greco señaló que aún no se ha dado lugar a las citaciones de otros funcionarios de las áreas de producción e inspección municipal que él habÃa solicitado originalmente. En la investigación penal están seriamente implicados Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado, Costa Rica Fast Food, pero también otras dos mujeres, Verónica Bernachea, y su hermana, que cumplÃa el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea. Cuestionamientos a la gestión municipal Uno de los puntos más crÃticos de la declaración de Greco fue la mención a una reunión mantenida el 30 de enero entre la intendenta y los familiares de las vÃctimas. En dicho encuentro, la mandataria habrÃa manifestado que el municipio no podÃa actuar si no existÃa una denuncia previa a través de la lÃnea telefónica 147. Al respecto, el abogado querellante desmintió esta postura asegurando que existe una ordenanza vigente que otorga plenas facultades a la presidenta municipal y a sus directivos para realizar los controles necesarios de oficio en comercios, especialmente en aquellos que funcionan de manera irregular, sin necesidad de esperar una denuncia ciudadana. La presidenta municipal fue mal informada o desconoce sus propias ordenanzas, sentenció Greco ante las cámaras de Canal 9 Litoral.
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