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Parana » Ahora
Fecha: 20/02/2026 19:25
A las 8:55 de la mañana, en la sala de audiencias de los tribunales de Concepción del Uruguay, comenzó la tercera jornada del juicio oral en el Legajo N° 2367, caratulado Ruiz Orrico, Juan Enrique S/Homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. A diferencia de las audiencias anteriores -marcadas por la exposición técnica de peritos y funcionarios-, esta vez el eje estuvo puesto en las consecuencias humanas del hecho. Ocho testigos declararon. Siete de ellos eran familiares directos de las cuatro víctimas fatales. Según consignó Análisis Digital, en la mesa acusatoria estuvieron el fiscal N° 5, Eduardo Santo, y los querellantes particulares Mario Arcusín y Leandro Rosatti. El imputado confeso Juan Enrique Ruiz Orrico, estuvo acompañado por sus abogados de confianza Leandro Monje, Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez. El imputado ya había admitido su responsabilidad penal en la primera audiencia. Sin embargo, esta jornada no versó sobre la mecánica del choque ni sobre los cálculos retrospectivos de alcoholemia. Se trató, más bien, de una reconstrucción del vacío. El marco jurídico de una tragedia El hecho que se juzga es conocido: el 20 de junio de 2024, alrededor de las 4:30, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial por la Ruta Provincial N° 39, a la altura del kilómetro 123, entre Caseros y Herrera, con sentido Este-Oeste. Según la acusación, lo hacía con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido opuesto. En ese vehículo viajaban Brian Izaguirre, Leonardo Almada, Lucas Izaguirre y Axel Rossi. Los cuatro murieron como consecuencia directa del siniestro. La conducta fue encuadrada en el delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas (arts. 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal). La pena máxima prevista es de seis años de prisión efectiva. Ese es el marco legal. Pero en esta tercera audiencia, la norma se volvió insuficiente para contener la densidad del sufrimiento. Justo hoy se cumple un año y ocho meses de una de las tragedias viales de mayor impacto en la provincia. Un informe social que habla de duelos abiertos La primera en declarar fue Viviana Noemí Pitman, trabajadora social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Basavilbaso. En agosto de 2024 elaboró un informe socioambiental sobre las familias de las víctimas. Su diagnóstico fue preciso: todas comparten un duelo que permanece abierto. Todas se sienten emocionalmente destruidas. En cada hogar hay un antes y un después que fracturó la organización cotidiana. Aparecieron insomnio, ansiedad, necesidad de asistencia psicológica. La búsqueda de justicia -dijo- es lo que, de algún modo, los sostienen en pie. Ese informe, leído en clave judicial, aporta elementos para la mensuración del daño. Pero leído en clave humana, revela que la tragedia no terminó aquella madrugada. Se proyecta en cada amanecer. Nélida Dubini: Después de ese día no tenemos vida La segunda testigo fue Nélida Lorena Dubini, madre de Brian Adrián y Lucas Marcelo Izaguirre. También querellante en la causa. Su testimonio fue uno de los más extensos y desgarradores. Luego de la toma de juramento de rigor, se dirigió al juez Darío Crespo y le preguntó si ella podía declarar eligiendo el lugar, tal como lo hizo el imputado Ruiz Orrico en la primera audiencia, que declaró sentado al lado de sus abogados de confianza. El pedido remitió -como un reproche- a privilegios que son inadmisibles. El juez Crespo le explicó cómo es la ocupación del espacio en esa sala específica, le dio la razón de alguna manera sobre lo sucedido y se disculpó por ello. Del mismo modo, enfatizó que de ninguna manera él permite privilegios, frase que se corrobora con su conducta como magistrado. No obstante, le insistió en explicar cómo fue la dinámica de esa primera audiencia, y le reiteró el pedido de disculpa que Dubini las aceptó de manera sincera. Ella se sentó en el lugar donde declaran los testigos. No habló una querellante. Habló una madre. La madre de Brian Adrián y Lucas Marcelo Izaguirre. Y en su voz no hubo tecnicismos ni estrategias: hubo una herida abierta. Ruiz Orrico es el homicida de mis hijos, dijo en un temblor de voz, pero sin levantar el tono, con una firmeza que atravesó la sala y parecía congelar el tiempo. Después hizo una pausa breve, como quien junta fuerzas para volver a entrar en el peor recuerdo de su vida. El 20 de junio de 2024 yo me morí en vida. Después de ese día no tenemos vida. Contó que el aviso llegó por teléfono. Amigos de sus hijos. Voces nerviosas. Confusas. Después, compañeros del frigorífico confirmaron que Brian y Lucas no habían entrado a trabajar. La incertidumbre empezó a volverse espesa. Irrespirable. Hasta que la policía golpeó su puerta. Le mostraron fotos del Chevrolet Corsa destrozado. Metal retorcido. Hierro convertido en silencio. En ese instante, dijo, supo que nada volvería a ser igual. Fue hasta el lugar del choque. Le llamó la atención que los autos no tuvieran custodia. Se acercó como pudo, buscando algo, tal vez una explicación imposible. Y encontró una zapatilla de Brian. La levantó. La apretó contra el pecho. Esa zapatilla -tan simple, tan cotidiana- se transformó desde entonces en parte de la memoria de su hijo. La guarda. La cuida. Es lo único que pudo traer de regreso. En el hospital Justo José de Urquiza esperaron desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, sentadas en el cordón de la vereda. Horas interminables. Sin respuestas. Sin poder verlos. Habló de maltrato. De frialdad. De sentirse invisibles en medio del derrumbe más grande. Nos trataron como delincuentes, dejó caer, como si todavía doliera decirlo. Durante el velatorio, recordó, miró los rostros de sus hijos. Una madre conoce los gestos de sus hijos, compartió. Y en esas caras que había besado desde bebés, percibió miedo. Ese detalle, íntimo y devastador, quedó suspendido en el aire. Brian era el único árbitro federal de Basavilbaso. Cuidaba a todos, repitió con orgullo, como quien se aferra a lo mejor de lo que fue. Lucas era padre. Su vida giraba alrededor de su hijo de ocho años. Un nene que ahora crece con una ausencia imposible de explicar. Por las noches el silencio nos entra hasta por los huesos, expresó. No es una metáfora ensayada: es la descripción de una casa que ya no suena igual, de platos que sobran en la mesa, de habitaciones que guardan ropa que nadie volverá a usar. En un momento, miró al imputado. No gritó. No lo insultó. Solo habló desde ese lugar donde el dolor se vuelve claridad. Usted no tiene idea el daño que causó. No hay plata que alcance. Solo la cárcel. Y, aun así, dijo algo más. Que no le desea este dolor a nadie. Ni siquiera a Ruiz Orrico. Porque sabe lo que significa perder un hijo. Porque sabe que hay dolores que no se sobreviven: se cargan. Cada día 20, en la Parroquia San José Obrero de Basavilbaso, celebran una misa. Es una forma de sostenerlos en la memoria. De decir que siguen siendo hijos, hermanos, padres, vecinos. De resistir al olvido. Nélida no habló como parte de un expediente. Habló como madre. Y cuando terminó, en la sala no quedó solo un testimonio. Quedó la dimensión humana de una tragedia que ningún fallo judicial podrá reparar. María de los Ángeles Benítez: Estoy muerta en vida La madre de Axel Maximiliano Rossi fue la tercera en declarar. Axel era la persona más amorosa que existía, comenzó. Tenía 23 años. Y esa ausencia parecía sentarse con ella en la sala de Tribunales. Axel era la persona más amorosa que existía, empezó, con una mezcla de ternura y desgarro. No habló de estadísticas ni de expedientes. Habló de un hijo que abrazaba fuerte, que estaba siempre, que hacía de la bondad algo cotidiano. Después miró al imputado. Y lo que dijo no fue un arrebato, fue una verdad cruda: Orrico mató a mi hijo y en parte me mató a mí también, porque estoy muerta en vida. La frase no necesitó explicación. Quedó flotando en la sala como una sentencia íntima, imposible de discutir. Se dirigió a él con una pregunta que no buscaba respuesta jurídica, sino humanidad: Si hubiéramos matado a su hijo, ¿usted hubiera aceptado la plata que nos ofreció? ¿Cuánto vale un hijo para usted? No hubo titubeo. No hubo espacio para cálculos. La vida de nuestros hijos no tiene precio, afirmó. Para ella, cualquier cifra es una ofensa. No existe número capaz de traducir el sonido de una risa que ya no está, el lugar vacío en la mesa, el mensaje que nunca llegará. En un momento, su voz se volvió más frágil. Habló de su hija de 19 años. Ella me sostiene, dijo. Y luego, casi en un susurro que atravesó el silencio: A veces pienso en hacerme cosas, pero pienso en ella y ya no las hago. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien confiesa el peso de cada día. Como quien se levanta por alguien más cuando ya no encuentra fuerzas propias. Esa frase abrió una ventana al abismo que habita desde el 20 de junio de 2024: el dolor que no se ve, pero que respira en cada madrugada. Pidió que el acusado se haga cargo. Que la condena sea efectiva. No habló de venganza. Habló de responsabilidad. De justicia como una forma mínima -tal vez la única posible- de reconocer que Axel existió, que fue amado, que su vida no puede reducirse a un acuerdo. Cuando terminó, no quedó solo el relato de una madre. Quedó la imagen de una mujer que sigue de pie por su hija, pero que carga con la mitad de sí misma detenida en aquella madrugada. Estoy muerta en vida, dijo. Y en esa frase caben todos los días que vendrán sin Axel. Roberto Rossi: el conductor que ya no puede conducir El padre de Axel, Roberto Gustavo Rossi, habló desde su oficio. Es chofer de camión. Desde el 20 de junio de 2024 no volvió a conducir. El miedo a vivir un siniestro lo paraliza. Ahora trabaja en el taller de la empresa. Pido que se aplique la ley y que sea justa () ¡Justicia correcta!, dijo mirando al juez Darío Crespo. La expresión no fue una consigna, sino el ruego de un padre desconsolado. La pérdida de un hijo se tradujo también en la pérdida de una identidad laboral. El trauma no sólo afecta el plano íntimo, sino el desempeño social. María Cornelia Jaime: Me despierto a las 3 de la mañana María Cornelia Jaime habló con la serenidad quebrada de quien ya lloró todo lo que podía, pero todavía duele. Es la madre de Leandro Iván Almada. Y cuando pronunció su nombre, lo hizo despacio, como si al decirlo lo trajera por un instante de vuelta. Describió a su hijo como el lazo que sostenía a la familia. El que llamaba, el que reunía, el que estaba. Padre de tres hijos. Trabajador. Un hombre joven que se levantaba cuando la mayoría dormía, para cumplir con su jornada. Este señor nos cambió la vida, dijo, señalando al imputado. No hubo gritos. Hubo una certeza firme, casi agotada. Una vida partida en dos: antes y después. Mi hijo iba a trabajar. No iba de joda. La frase salió clara, sin ambigüedades. Y volvió a repetirse, como en otros testimonios. No era una comparación ligera. Era una defensa del honor de sus hijos. Una manera de decir que aquella madrugada no buscaba el riesgo, no iba a desafiar a nada: iba a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pidió la pena máxima de seis años. Y enseguida agregó, con una lucidez dolorosa: Y aun así será insignificante frente a nuestras pérdidas. Porque ninguna condena devuelve abrazos. Ninguna sentencia vuelve a encender una casa que quedó en penumbras. Entonces contó algo que atraviesa cada madrugada. Se despierta a las tres. Siempre a las tres. Es la hora en que Leandro se levantaba para ir a trabajar. El cuerpo la despierta solo, como si aún lo escuchara moverse, preparar sus cosas, salir en silencio para no molestar. Se levanta. Camina hasta su dormitorio. Y se queda ahí, frente a la habitación vacía. Es como que me sacaron un pedazo de mis entrañas, dijo. No es una metáfora exagerada. Es la sensación física de una ausencia que duele en el cuerpo. Como si la maternidad, que alguna vez fue plenitud, ahora fuera una herida abierta. También habló del hospital. Del maltrato en un lugar donde debe estar el servicio de salud. De la custodia policial como si ellos hubieran cometido un crimen. De las restricciones para moverse, aún para ir al baño o tomar agua. De sentirse observada, limitada, casi sospechada, cuando lo único que hacía era intentar acercarse a su hijo. Nos trataron como si fuéramos delincuentes, dejó entrever. Y esa sensación se suma al duelo: no solo perder, sino además sentirse despojada de dignidad en el momento más frágil. María Cornelia no pidió compasión. Pidió justicia. Pidió que se reconozca que Leandro era más que un nombre en una causa. Era padre. Era hijo. Era el nexo de una familia que hoy intenta recomponerse con un vacío imposible. Y cada madrugada, a las tres, vuelve a empezar el mismo dolor. Ramón Almada: A veces no sé cómo vivir El padre de Leandro, Ramón Donato Almada, fue más escueto pero muy profundo. A veces no sé cómo vivir, dijo. Pidió que el asesino de nuestros hijos sea condenado como debe ser. La palabra asesino, reiterada por varios familiares, refleja una percepción subjetiva que, aunque jurídicamente no se corresponda con la figura dolosa, expresa la vivencia de estar frente a algo que es irreparable. Milagros Villalba: un hijo que ya no sonríe igual Milagros Anabella Villalba, madre del hijo de Lucas Izaguirre, declaró que una parte de su hijo murió ese día. El niño ya no sonríe con la misma intensidad. La orfandad temprana se manifiesta en silencios y cambios de conducta. Reclamó justicia en nombre de ese niño que crecerá con una ausencia estructural. María Fernanda Korenchuk: tres hijos y dos pérdidas La última testigo fue María Fernanda Korenchuk, esposa de Brian Izaguirre y madre de sus hijos, hoy de 18, 12 y casi 4 años. Sus hijos perdieron a su padre, pero también a su tío Lucas. Contó que el 20 de junio uno de ellos iba a ser escolta de la Bandera Nacional. Ahora enfrentan dificultades en el aprendizaje. La angustia por momentos le impedía hablar. Pido justicia. Nada más, expresó sin rencor y con esperanza. La dimensión social y política Esta audiencia dejó en claro que el juicio no sólo examina una conducta imprudente agravada por el alcohol. Examina también el impacto estructural de la siniestralidad vial en una provincia como la de Entre Ríos, donde hace falta mucho en materia de educación en la materia. Del mismo modo, examina la confianza en las instituciones cuando el imputado era al momento del hecho un alto funcionario provincial y el vehículo en el que se conducía era oficial. En Entre Ríos, donde los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte evitable, el caso adquiere una dimensión paradigmática. La aplicación estricta del artículo 84 bis del Código Penal es observada como un mensaje preventivo. Pero más allá del efecto disuasivo, la audiencia evidenció otra cuestión: el sistema judicial es, para estas familias, el último espacio donde la muerte puede adquirir un sentido jurídico. La pena no devolverá a Brian, Lucas, Axel ni Leandro. Pero puede afirmar que la vida de cuatro trabajadores tiene el mismo valor que cualquier otra. El peso del silencio A las 11:59, el juez dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 24 de febrero. El aire era denso. En la sala prevaleció el silencio pesado, casi físico y los sollozos que eran calmados por seres queridos. La tercera audiencia no aportó datos técnicos novedosos. Aportó algo más difícil de cuantificar: la dimensión humana del daño. Recordó que detrás de la categoría víctimas hay hijos, padres, nietos, rutinas truncadas, habitaciones vacías a las tres de la mañana. El debate continuará el martes 24 de febrero y culminará el viernes 27 de febrero con los alegatos de clausura. El juez Crespo seguramente se tomará 5 días para realizar el adelanto de veredicto y un lapso similar para dar a conocer los fundamentos de la sentencia. Pero lo ocurrido en esta jornada ya dejó una marca. La justicia penal, a veces percibida como fría y abstracta, se vio obligada a escuchar el temblor de las voces que cargan con la pérdida. Conduciendo el debate estuvo el juez Crespo, que por momento ejerció un rol contenedor y siempre fue muy pedagógico para que todos pudieran percibir de la mejor manera el desarrollo del debate. Mantener la distancia de los hechos sin perder humanidad es un valor que destaca a este magistrado. En esa escucha reside, tal vez, el sentido más profundo del juicio: no sólo establecer responsabilidad, sino reconocer públicamente el dolor y reafirmar que en un Estado de Derecho ninguna muerte evitable es un dato estadístico. Es una herida que exige respuesta. Fuente: Análisis Digital
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