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Parana » AIM Digital
Fecha: 20/02/2026 09:18
Luego del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, los sectores sindicales más duros impulsaron nuevas medidas de fuerza y la conducción de la CGT decidió avanzar con una estrategia judicial para intentar frenar la norma. La discusión legislativa se dio por cerrada dentro del movimiento obrero y el foco se trasladó a la calle y los tribunales. El oficialismo consiguió los apoyos necesarios en Diputados y consolidó alianzas con bloques provinciales, lo que dejó al sindicalismo sin margen de incidencia en el resultado. Tras la votación, los gremios asumieron que la disputa debía continuar por fuera del Congreso y comenzaron a reorganizar su plan de acción. La presión sobre gobernadores dialoguistas no modificó el escenario parlamentario y la central obrera interpretó que la correlación de fuerzas resultó desfavorable. En ese contexto, se evaluó reforzar la protesta social y avanzar con presentaciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la reforma. Los sectores más combativos promovieron un paro de 36 horas con movilización y cese de actividades, con el objetivo de sostener el conflicto tras la aprobación del proyecto. La iniciativa obligó a la CGT a discutir nuevas medidas de alcance nacional y a revisar su estrategia frente al Gobierno. En paralelo, la conducción sindical definió preparar acciones en la Justicia para frenar la implementación de la ley, al considerar que implicaba retrocesos en derechos laborales. La central tomó como referencia antecedentes recientes en los que se cuestionaron reformas impulsadas por el Ejecutivo. Las diferencias internas dentro del sindicalismo también quedaron expuestas. Mientras algunos gremios profundizaron un plan de lucha propio, otros sectores apostaron a preservar la unidad y administrar los tiempos políticos en una etapa marcada por la tensión con el oficialismo. Con el diálogo prácticamente interrumpido y sin capacidad de incidencia en el actual Congreso, parte del movimiento obrero comenzó a proyectar el escenario electoral de 2027 como instancia para reconfigurar la estrategia política. La disputa por la reforma laboral se trasladó así a una nueva fase de judicialización, protesta y reordenamiento interno del sindicalismo.
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