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Parana » ER 24
Fecha: 18/02/2026 14:11
PARQUE INDUSTRIAL DE SANTA ELENA: Rossi denuncia a Diego Lara y a su ex funcionario de Producción ante la Justicia Federal y pide cautelares ante la CIDH. El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, presentó una denuncia penal federal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a la obra Parque Industrial de Santa Elena, identificada en el escrito como financiada con fondos nacionales. En paralelo, también formuló un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expone un cuadro de persecución institucional sostenida, interferencias en el ejercicio de sus derechos políticos y falta de garantías de imparcialidad en el sistema judicial provincial. La denuncia federal no se plantea como un episodio aislado. Por el contrario, se inscribe en una narrativa institucional de largo aliento: en el pedido cautelar, Rossi expone que es un dirigente político con trayectoria desde la recuperación democrática, recordando que en 1983, con 32 años, fue electo intendente y que en 1987 fue vicegobernador de Entre Ríos. A partir de allí, sostiene que se fue consolidando un conflicto político estructural que se vuelve decisivo en 1995, cuando enfrentó políticamente a Jorge Busti en una interna partidaria. Según el escrito, desde ese punto de ruptura se instala una hostilidad institucional persistente y, desde 1997, un patrón de conflictividad judicial reiterada e interferencias mediante mecanismos judiciales y administrativos. En el mismo relato, se destaca un hito central: la condena de 2006 por enriquecimiento ilícito, que el beneficiario considera viciada por violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial. El documento de cautelares señala que en ese proceso intervino Jorge Amílcar Luciano García, quien hoy es Procurador General de la Provincia y máxima autoridad jerárquica del Ministerio Público Fiscal. Tras agotar las vías internas, Rossi afirma que en 2010 promovió una petición ante la CIDH cuestionando aquella condena, invocando violaciones a garantías judiciales y protección judicial, y planteando un problema de imparcialidad estructural. A partir de esa presentación internacional, el escrito cautelar describe una continuidad institucional: desde 2010 en adelante según Rossi cada ciclo electoral relevante fue acompañado por activación o impulso de causas penales, impugnaciones o conflictos judiciales, bajo la órbita de la misma estructura provincial. En ese contexto, el pedido cautelar incorpora un dato que considera decisivo: la coincidencia temporal entre el avance del trámite internacional y la apertura de nuevas investigaciones bajo dirección jerárquica del mismo funcionario cuya actuación fue cuestionada ante el sistema interamericano, afirmando que ello agrava la percepción de continuidad estructural. El capítulo más grave del relato se sitúa en 2025. El pedido cautelar sostiene que ese año la situación se agrava significativamente, con el inicio de un legajo penal de oficio contra la Municipalidad de Santa Elena y contra Rossi en su carácter de intendente. Como hecho puntual, el escrito consigna que el 11 de diciembre de 2025 se libró el Mandamiento N° 2299, ordenando un allanamiento masivo de la sede municipal con secuestro de documentación institucional. En el mismo documento se afirma que esa medida se dispuso pese a que la Municipalidad había solicitado audiencia previa, manifestado voluntad de colaboración y pedido coordinación para una entrega ordenada de la documentación. De ese episodio se desprenden según las presentaciones los núcleos procesales que hoy se discuten: el escrito cautelar menciona que se promovieron recusaciones contra el juez interviniente y contra fiscales, nulidad del allanamiento, excepción de incompetencia federal por involucrar materia vinculada a fondos nacionales y actos administrativos federales, y además una denuncia penal federal solicitando intervención del fuero federal. Allí también se consigna que las recusaciones fueron rechazadas y que el conflicto siguió escalando. La denuncia penal federal, por su parte, explicita desde el inicio tres líneas de acción: promover la incompetencia de la justicia provincial respecto de hechos vinculados a fondos nacionales, solicitar intervención federal por conexidad objetiva con materia federal y denunciar la posible existencia de coordinación funcional para impulsar actuaciones con impacto político preelectoral. En esa presentación, Rossi solicita que se investigue la eventual participación de un conjunto de personas y funcionarios, entre ellos Diego Lucio Nicolás Lara (mencionado como Presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos), junto con Jorge Amílcar Luciano García (Procurador General), los fiscales Gonzalo Ariel Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y Facundo Barbosa, el juez de garantías Ramón Aurelio Lell y la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones María Carolina Castagno, además de otras personas que pudieran surgir de la pesquisa. En suma, lo que Rossi lleva a sede federal y al sistema interamericano no es un expediente aislado: es un planteo integral donde vincula la obra del Parque Industrial, el allanamiento institucional de diciembre de 2025, el rechazo de recusaciones, la disputa de competencia federal y un trasfondo histórico de conflicto político-judicial que según afirma se proyecta desde los años noventa y se intensifica tras la activación del sistema interamericano por la condena de 2006. En ese marco, el pedido cautelar ante la CIDH busca que se adopten medidas urgentes para proteger derechos convencionales vinculados a garantías judiciales, protección judicial y participación política, bajo el argumento de que el riesgo no proviene de particulares sino del funcionamiento estructural de autoridades estatales provinciales.
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