14/02/2026 19:00
14/02/2026 18:59
14/02/2026 18:55
14/02/2026 18:53
14/02/2026 18:53
14/02/2026 18:53
14/02/2026 18:53
14/02/2026 18:52
14/02/2026 18:50
14/02/2026 18:48
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 14/02/2026 16:20
La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, resolvió rechazar los pedidos de excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar una asociación ilícita que extorsionaba a hombres mediante aplicaciones de citas. Una de sus víctimas fue Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se suicidó en la Quinta de Olivos en diciembre. La decisión judicial siguió el dictamen del fiscal Federico Iuspa, responsable de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción. El expediente además vincula a las imputadas con otros tres hombres detenidos en las cárceles de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y personas no identificadas, señaladas por su presunta participación en el grupo delictivo. La causa se inició el 16 de diciembre de 2025, tras el hallazgo sin vida de Gómez, quien integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en una garita de la residencia presidencial. El joven dejó una carta donde explicaba los motivos de su decisión. La investigación, coordinada entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA), permitió reconstruir la operatoria de la organización y avanzar en la identificación de sus integrantes. De acuerdo con la causa, los líderes del grupo serían dos internos de la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). También figura un detenido de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres, presuntamente dedicadas a facilitar cuentas en billeteras virtuales y chips telefónicos para canalizar el dinero obtenido y permitir comunicaciones desde prisión. La asociación ilícita habría actuado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado. La modalidad incluía la creación de perfiles falsos de mujeres en aplicaciones como Evermatch. Las víctimas eran contactadas y persuadidas para trasladar la conversación a WhatsApp. Luego, desde ese canal, recibían un audio de una supuesta madre que advertía que la joven era menor de edad y que denunciaría al interlocutor. Posteriormente, una persona se hacía pasar por efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y exigía dinero para evitar una denuncia. Según la investigación judicial, la banda logró forzar transferencias por montos que superan 1,5 millones de pesos en apenas dos semanas, en diferentes hechos documentados en la causa. El primer caso identificado fue el del soldado Gómez, quien transfirió 1.413.000 pesos a cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre de 2025. El 26 de diciembre, otro hombre entregó 15.000 pesos a una billetera virtual registrada por una de las acusadas. En tercer lugar, una víctima transfirió 116.000 pesos en tres movimientos, siempre a cuentas vinculadas a las investigadas. Las operaciones se realizaron mediante plataformas digitales, según consta en el expediente judicial citado por Infobae. El 9 de febrero último, bajo orden de Arroyo Salgado, se concretaron siete allanamientos en unidades carcelarias y domicilios del conurbano bonaerense, con la detención de las cuatro mujeres involucradas. La defensa de tres de ellas solicitó su excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso, argumentando la gravedad de los hechos, la multiplicidad de víctimas y el desenlace fatal de uno de los casos, además del riesgo procesal existente. El fiscal sostuvo que, de recuperar la libertad, las imputadas podrían obstaculizar la investigación u ocultar pruebas no esclarecidas. La jueza federal subrayó la existencia de un grupo criminal con alto grado de organización, lo que, según su fallo, implica riesgo de entorpecimiento de la pesquisa y posibilidad de reiteración delictiva. Además, destacó que aún faltan pericias sobre teléfonos celulares secuestrados, de donde podrían surgir nuevos indicios o la identificación de más personas vinculadas a la banda. Las medidas adoptadas por la Justicia Federal continúan enfocadas en desarticular la estructura y determinar la posible existencia de otros hechos similares aún no esclarecidos, a partir del análisis de la evidencia digital incautada.
Ver noticia original