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Parana » APF
Fecha: 14/02/2026 11:20
El Gobierno denunció a manifestantes de la marcha contra la reforma laboral La cordobesa Alejandra Monteoliva, digna sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, protagonizó ayer un nuevo capítulo de la larga serie de criminalización de la protesta social que ya es habitual en la derecha autóctona, al anunciar que su cartera denunciará por terrorismo a un puñado de manifestantes detenidos el miércoles durante la masiva movilización en la Plaza Congreso para rechazar la destrucción de derechos laborales que trataba el Senado. De los 17 identificadospor el Gobierno, ayer detuvieron a dos: un hombre en situación de calle y otro con antecedentes penales. Monteoliva negó las versiones que señalaban como policías infiltrados a quienes rompieron veredas y tiraron bombas molotov sin que las fuerzas de seguridad los interrumpieran, y difundió por los órganos de prensa paraoficiales fotos y datos personales de los manifestantes identificados, aunque no informó ni mucho menos mostró pruebas en su contra. La funcionaria puso toda su creatividad sobre el asador cuando en televisión le preguntaron por qué no detuvieron in fraganti a los revoltosos, a metros de los uniformados. Primero dijo que eran manifestantes que habían producido incidentes en el pasado, luego que los policías de la primera línea no eran agentes que podían detener y finalmente que las vallas eran tan pesadas que podían correrlas. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Comisión por la Memoria bonaerense, que monitorean el accionar de las fuerzas de seguridad, constataron más de 70 personas detenidas durante la represión o demoradas en los alrededores del Congreso, y cuantificaron en 562 el número de quienes debieron ser asistidos por los equipos de las postas sanitarias de salud, en muchos casos con heridas de postas de goma. Varios miles resultaron afectados por los gases lacrimógenos y el gas pimienta con el que gendarmes y policías cumplieron la orden superior de liberar la Plaza de los Dos Congresos. Durante la madrugada del jueves, la mayoría de los detenidos recuperó su libertad en virtud de que las autoridades judiciales no convalidaron la mayor parte de las detenciones, confirmando su carácter arbitrario. De los 24 detenidos restantes, durante la jornada de ayer la fiscalía dispuso su libertad, en tanto restaba definirse la situación de cuatro personas. Nada de ello le impidió a Monteoliva pasearse por los medios y difundir en los portales oficiales datos personales y fotos de 17 manifestantes a los que responsabilizó por los hechos violentos que registraron docenas de fotógrafos y camarógrafos y que sirvieron de excusa para el avance brutal, a fuerza de gases y balas de goma, de cientos de agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad que desde temprano habían abarrotado los alrededores del Congreso con un desmesurado operativo de seguridad. De esos 17 identificados, la Policía ayer detuvo a dos: un hombre que dormía en una cajero automático en Belgrano y otro hombre que tiene por delitos contra la propiedad. La denuncia por terrorismo tuvo como caras visibles a Monteoliva y al jefe de gabinete, Manuel Adorni, con el argumento de que quienes protagonizaron disturbios intentaron sembrar muerte y caos. Para la sucesora de Bullrich, las acciones de resistencia de las que participaron algunos manifestantes fueron actos vandálicos y de terrorismo. Apuntó particularmente contra quienes arrojaron bombas molotov contra la infantería, que en un primer momento pareció dejar hacer pero luego arremetió con carros hidrantes, arrojó gases, disparó balas de goma y apaleó a jóvenes, adultos y ancianos. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo. Una bomba molotov es una bomba, es un arma que tiene toda la intención de generar no solo muerte sino caos, exageró la funcionaria para revertir la carga de la violencia que comenzó cuando, por órdenes suyas, la policía avanzó contra la primera línea de la protesta. La Ley Antiterrorista que pretende aplicar el gobierno incorpora penas agravadas para quienes cometan delitos con el objetivo de sembrar terror en la población o de obligar a autoridades públicas a tomar decisiones. La calificación de terrorismo implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas más severas, lo que marca un cambio drástico respecto de la habitual tipificación de estos delitos como simples daños o atentados contra la autoridad. No es la primera vez que el gobierno de Javier Milei apela a esa figura para satanizar el derecho a manifestarse (consagrado en los artículos 14, 33 y 75 de la Constitución Nacional). Ya lo había hecho con quienes fueron apresados en junio de 2024, tras ser reprimidos durante la masiva movilización al Congreso contra la Ley Bases. Aquella cacería ordenada por Bullrich derivó en 33 detenciones al voleo. El servicial fiscal Carlos Stornelli sumó su aporte con acusaciones de terroristas y hasta se permitió hablar de golpe de Estado. Con el tiempo los cargos se cayeron, pero el show para la tribuna había cumplido su objetivo. La sucesora de Bullrich sostuvo ayer que los incidentes fueron mucho más que una contravención y precisó que a los 17 hombres identificados y escrachados en los portales oficiales se les aplicará la tipificación creada por la Ley Antiterrorista. Acá hubo autores intelectuales y económicos. Por eso, lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento: desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas, hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo, lanzó durante una entrevista radial. Monteoliva rechazó de plano las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios que sugerían la presencia de policías infiltrados. Eso de estar diciendo que es un policía o que es un ex policía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el gobierno genere ese tipo de situaciones, completó. (APFDigital)
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