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Parana » Plazaweb
Fecha: 09/02/2026 22:34
A casi dos años de la muerte de Ariel Goyeneche, ocurrida durante un procedimiento policial frente a la Comisaría Segunda de Paraná, la causa judicial continúa prácticamente paralizada. Así lo afirmó, en Cosas que pasan por Radio Plaza, la abogada Corina Biesel, quien representa a la familia del joven fallecido la madrugada del 12 de febrero de 2024, en un hecho que generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la violencia institucional, la salud mental y el rol del Estado. Biesel explicó que, desde la perspectiva de la querella, la muerte de Goyeneche se produjo en el marco de un accionar policial con momentos de manifiesta ilegalidad y que, además, existiría responsabilidad estatal en un segundo tramo del procedimiento. La letrada señaló que la familia debió recurrir a un estudio jurídico particular para impulsar la causa ante las demoras del proceso penal, que hoy se encuentra sin avances concretos: "Hay prueba contundente y la causa no avanza". La última gestión relevante se realizó en diciembre del año pasado, cuando se solicitó formalmente al fiscal interviniente que remita la causa a juicio. Sin embargo, el expediente continúa a la espera de informes forenses requeridos por la defensa, vinculados a una revisión de la autopsia, cuyos resultados preliminares no pueden ser divulgados por razones procesales. Uno de los elementos centrales del caso es el registro fílmico del hecho, grabado por una persona vecina del lugar que decidió documentar el procedimiento policial. Según la abogada, "ese material permite reconstruir con claridad la secuencia que terminó con la muerte de Goyeneche y será incorporado como prueba en un eventual juicio oral. La primera autopsia ya había determinado que la causa de muerte fue asfixia por compresión mecánica toracoabdominal". El caso de Ariel Goyeneche también abrió un debate más amplio sobre la falta de protocolos adecuados para intervenir en situaciones de crisis de salud mental y consumos problemáticos, así como sobre la carencia de recursos y capacitación en las fuerzas de seguridad. En ese sentido, Biesel advirtió sobre "la ausencia de redes de contención institucional y la tendencia a derivar estos casos a la policía, sin herramientas apropiadas para su abordaje". La abogada también destacó el impacto humano del hecho: Goyeneche tenía 38 años, era padre de una niña pequeña y estaba inserto laboralmente. A dos años de su muerte, la familia atraviesa un profundo dolor y renovará este jueves el pedido de justicia con una manifestación frente a los Tribunales de Paraná. Finalmente, Biesel expresó su expectativa de que la causa avance hacia el juicio y sostuvo que" el reclamo no es solo por Ariel y su familia, sino por toda la ciudadanía, ante la gravedad de una muerte ocurrida bajo custodia estatal".
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