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Concepcion del Uruguay » BabelDigital
Fecha: 09/02/2026 15:15
El juez Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, primer director de la Andis, por cohecho, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con su función, y lo señaló como uno de los jefes de una organización que utilizó el organismo para realizar negocios privados ilegales. La investigación judicial también alcanzó a Daniel Garbellini, exsegundo de la Agencia, a Miguel Ángel Calvete y a Pablo Atchabahian, quienes habrían actuado de manera coordinada desde adentro y desde afuera del Estado. La resolución judicial sostuvo que la organización manipuló licitaciones, fijó sobreprecios y direccionó contrataciones, y describió un esquema que perjudicó de manera directa al interés público. El magistrado Casanello afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad funcionó como una herramienta de enriquecimiento para los integrantes de la banda, en detrimento de su objetivo central, que es la protección de las personas con discapacidad. El juez federal procesó en total a 19 personas y ordenó el embargo de sus bienes, con cifras millonarias que reflejan la magnitud del daño investigado. La Justicia trabó sobre Spagnuolo el embargo más alto, que supera los 202 mil millones de pesos, mientras que medidas similares alcanzaron a Garbellini, Calvete y Atchabahian, todos señalados como líderes de la asociación ilícita. La causa judicial se inició en agosto pasado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en publicaciones periodísticas y en audios que circularon públicamente y que se atribuyeron a Spagnuolo. El juez Casanello aclaró que esos registros no fueron utilizados como prueba para dictar los procesamientos y rechazó los pedidos de nulidad planteados por varias defensas. En el cierre de su fallo, el magistrado advirtió que la investigación podría ampliarse y alcanzar a más responsables, ya que el esquema delictivo exhibe indicios de mayor profundidad y de posibles complicidades en otros niveles del Estado. La Justicia Federal consideró que la gravedad de los hechos obliga a seguir avanzando para esclarecer por completo cómo se montó y quiénes sostuvieron una de las tramas de corrupción más graves vinculadas a políticas públicas sensibles.
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