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Parana » Entreriosya
Fecha: 09/02/2026 12:43
El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como supuesto jefe de una asociación ilícita, en el marco de una causa que investiga graves hechos de corrupción vinculados a contrataciones públicas con sobreprecios. La resolución judicial también alcanzó a otros 18 imputados y dispuso la realización de nuevas declaraciones indagatorias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, publicó Infobae. Según la acusación, los delitos imputados a Spagnuolo incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública y cohecho pasivo. Una estructura organizada para desviar fondos públicos En su fallo, el magistrado sostuvo: En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas. Casanello detalló que el esquema se basaba en la compra de medicamentos con sobreprecios a través de droguerías que luego retribuían a los funcionarios involucrados. Para el juez, se trató de un entramado sistemático: se montó un sistema de retornos por parte de las empresas proveedoras a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles. El rol central de la Agencia Nacional de Discapacidad La investigación judicial permitió determinar que el núcleo del esquema ilegal estuvo alojado dentro de la propia Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que debía garantizar derechos fundamentales. Según expresó Casanello, la causa permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese contexto, el juez remarcó que funcionarios de alto rango actuaron de manera coordinada con operadores externos para beneficiar intereses privados. Desvío de fondos y perjuicio social La resolución judicial señala que la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad.
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