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Parana » Informe Digital
Fecha: 09/02/2026 10:07
La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes (10 de febrero de 2026) tras el receso de verano y ya puso en carpeta dos temas centrales: reclamar al Gobierno la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial que, según sus proyecciones, podrían llegar al 42% en 2026 y exhortar a los jueces de los tribunales inferiores a acelerar los procesos por causas de corrupción. Así lo dijeron a La Nación fuentes con acceso a la agenda del máximo tribunal. La integración de la Corte también preocupa, aunque no es una resolución inmediata: será un asunto que se irá dirimiendo en los meses venideros. Hoy el máximo tribunal está conformado por tres ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de modo que para dictar una sentencia se exige unanimidad. En caso de disidencia, se sortean conjueces entre los presidentes de las cámaras federales del país, porque la sentencia debe contar, como mínimo, con tres firmas. A pesar de esa particularidad numérica, la Corte ya trabaja con su propia agenda para 2026. Esta semana (9 al 15 de febrero de 2026) se realizará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior. La mayor preocupación interna son las vacantes en el Poder Judicial, proyectadas en 42% para 2026. En esta ocasión, los ministros de la Corte toman por cierto el compromiso del Gobierno de que las plazas serán cubiertas en marzo de 2026. La relación entre la Corte y el Ejecutivo atraviesa un buen momento y hay diálogo institucional. Además de los contactos habituales con el viceministro Sebastián Amerio, se sumaron intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario formalizó, además, un incremento presupuestario del 280% para el Poder Judicial: $28.973.850.716 en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura. El ida y vuelta por WhatsApp anticipa, según en el Consejo de la Magistratura y en la Corte, un año de buen diálogo entre ambos poderes. El año pasado el Gobierno fracasó en sus intentos por designar a Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, por lo que ahora actúa con mayor cautela. No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro, dijo un interlocutor gubernamental. Por eso la intención es tratar el tema en marzo de 2026, junto con el envío de los pliegos de casi dos centenares de jueces al Senado. Esos nombramientos, pendientes desde hace dos años, le ofrecen al Ejecutivo cartas para negociar con gobernadores y senadores. Hoy el paquete negociable no se limita a las dos vacantes en la Corte: incluye también la designación del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y del Defensor del Pueblo. Es, en términos políticos, una oferta atractiva para la oposición. Según fuentes oficiales, el presidente Javier Milei rechaza negociar con el kirchnerismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó públicamente que buscarán dialogar con los enviados de la expresidenta. No obstante, en el pasado existieron conversaciones que se interrumpieron tras la condena de Cristina Kirchner y cuando se conocieron los contactos entre Juan Martín Mena, enviado de la expresidenta, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Hoy la estrategia es buscar votos en el Senado apuntando a legisladores que dependen de gobernadores radicales o del peronismo. En la Corte y en el Consejo creen que, con el tiempo, la influencia de Cristina Kirchner sobre algunos senadores podría ceder y ganar peso el bloque de legisladores alineados con gobernadores más afines al Gobierno. Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación, dijo una fuente judicial. La intención sigue siendo completar la Corte y, por ahora, no considerar una ampliación del tribunal. En el Senado la situación es distinta a la del año pasado: hoy Cristina Kirchner no tiene el poder suficiente entre los senadores para imponer a un candidato, como se especuló con los nombres de Anabel Fernández Sagasti o María de los Ángeles Sacnun. Cualquier iniciativa exigirá el acuerdo del resto del peronismo: ya no dispone de un bloque unificado ni de poder de veto. Debería negociar con gobernadores como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) para reunir los votos cuando llegue el momento de la decisión. Las causas de corrupción En la agenda judicial de 2026 siguen bajo observación las causas de corrupción y el ritmo procesal del expediente conocido como los Cuadernos de las Coimas, con Cristina Kirchner como principal acusada. Rosatti y Lorenzetti expresan abiertamente su inquietud. Cuando en diciembre pasado (diciembre de 2025) trascendió la preocupación por el avance de estas causas, Rosenkrantz señaló que el impulso procesal de los cuadernos y de los juicios pendientes contra la expresidenta no depende de la Corte sino de los tribunales donde tramitan, y reconoció su preocupación por las vacantes en la justicia. Aún resta resolver el remate de bienes de la expresidenta por la condena en la causa Vialidad y fijar fecha para dos juicios pendientes: el expediente por la firma del Memorándum con Irán que está más cerca de tener fecha de inicio y la causa por presunto lavado de dinero contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, ligada a las sociedades Hotesur y Los Sauces. En este último expediente, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó porque participó de la condena a Cristina Kirchner en Vialidad; sus colegas del tribunal, José Michilini y Adriana Palliotti, aceptaron la recusación. Ahora habrá que sortear a un nuevo magistrado, lo que demora el inicio del proceso. En la agenda de la Corte para 2026 también figura un expediente de signo político contrario que podría reabrir una causa por lavado que afecta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La continuidad de Cúneo Libarona En los próximos dos meses (febrero a abril de 2026) se discutirá la continuidad o no del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del viceministro Sebastián Amerio, este último con el respaldo de Santiago Caputo. Tras las legislativas de octubre de 2025, Cúneo Libarona estuvo a un paso de irse del Gobierno, pero Karina Milei lo llamó y le pidió que permaneciera en el cargo. El ministro se comprometió a quedarse hasta marzo o abril de 2026, plazo que fijó como límite para poner en marcha el sistema acusatorio en Comodoro Py, su principal legado como funcionario. Su continuidad cerró la puerta a un reemplazo propuesto por Caputo. Esa interna entre Caputo y Karina Milei sigue abierta: según allegados, la permanencia de Amerio está en discusión y la hermana del presidente estaría haciendo un casting de candidatos para el área de Justicia. No se trata solo del ministerio que hoy luce vaciado de muchas de las funciones que tuvo en el pasado sino también de la influencia sobre el Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve a magistrados. Hasta ahora, el poder en el Consejo está en manos de los jueces, con Horacio Rosatti como presidente de la Corte y del propio Consejo, mientras el Ejecutivo tiene un solo consejero, Sebastián Amerio, como representante del Poder Ejecutivo. Pero este año ese equilibrio puede modificarse y el Gobierno podría fortalecerse en el Consejo, no solo con su representante ejecutivo sino con consejeros abogados que deberán ser elegidos a fin de año. Los consejeros afines al PRO o al kirchnerismo ya no tienen el mismo peso político que cuando asumieron, porque la fuente de su influencia se ha debilitado. Por eso el equilibrio en el cuerpo podría cambiar. Karina Milei interviene en esa selección y busca colocar al representante del Poder Ejecutivo; su nombre de referencia es el abogado Eduardo Viola, apoderado de La Libertad Avanza.
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