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» Clarin
Fecha: 09/02/2026 06:40
Una de las pocas ideas que quedó flotando en el debate público a partir del discurso del Presidente de la Nación en Davos en enero de este año fue la de que Maquiavelo había muerto. La metáfora, según explicaron algunas de sus espadas con ambiciones docentes en el Poder Legislativo, apuntaba a que la política tradicional acostumbraba a negociar y transar decisiones sin basarse en principios y a espaldas de los intereses y preocupaciones de la gente. El gobierno, por el contrario, dice rechazar aquel apotegma de que el fin justifica los medios acuñado, según el Presidente, por el autor de El Príncipe. Sin embargo, son muchas las decisiones del Poder Ejecutivo que se van amontonando y que parecen honrar aquella máxima contradiciendo ese perfil principista que se quiso transmitir desde la cumbre que se organiza anualmente en Suiza. Tomemos como ejemplo, sin ir más lejos, las razones que brindó públicamente el Ministro de Economía hace unos pocos días para no aplicar una modificación en el modo en que se mide la inflación y que provocó la renuncia del Director del INDEC (el organismo oficial que realiza esa medición a la cual están atados el índice de pobreza, los aumentos de los salarios, el valor de algunos contratos y activos, para dar solo algunos casos sensibles). El funcionario alegó que hasta que no baje la inflación no aplicarían el nuevo método de medición que supuestamente la mejora: Vamos a mantenerlo [el viejo método, el que se supone que no es apropiado] hasta que el proceso de deflación esté consolidado. El fin, mantener el dato de la inflación dentro de un cierto rango, justifica no mejorar el instrumento de su medición, el medio. Otro ejemplo: el decreto de necesidad y urgencia Nro. 941 emitido el 31 de diciembre de 2025 que busca modificar como si fuera constitucionalmente posible la ley de inteligencia Nro. 25.520 sancionada por el Congreso en 2001. El fin de ser más efectivos en la implementación de una política de seguridad e inteligencia, (cuyas actividades, según el decreto, revisten carácter encubierto), justificaría, como dice esta norma, que agentes de la SIDE cuya identidad es secreta, aprehendan personas que, desde su criterio, se encuentren realizando acciones (cuya descripción es reservada) que sean una amenaza a la seguridad nacional (cuya definición sería entre muy amplia y secreta). En otras palabras, empleados públicos sin identificación podrían privar de libertad a personas sin que éstas sepan por qué son aprehendidas. El decreto también dice que luego de la aprehensión, se deberá dar aviso a las fuerzas policiales y de seguridad competentes, no a un juez. No alcanzan los 5000 caracteres de este breve artículo para empezar a enumerar la larga lista de principios constitucionales que viola esta decisión, no solo por su contenido, sino también por el modo en que se tomó: por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Y ya que estamos con este último tema de los DNUs, no debe haber ejemplo más palmario de la aplicación de la alegada máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios que la sanción de normas por el Presidente de la Nación en materias que competen al Poder Legislativo. El mismo decreto 941 menciona como única justificación para que esta decisión no se tome en el Congreso que la cadencia habitual del trámite legislativo haría imposible tomar esta decisión en forma efectiva. Es decir, que el fin, ser (supuestamente) efectivo es incompatible con el debate democrático de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, bajo el escrutinio público de la prensa y de la sociedad civil. La afirmación de que lograr mayor seguridad justificaría la violación de derechos constitucionales no es más que la expresión de una idea de la que Maquiavelo sí es autor indiscutido: la noción de razón de estado. El fundador de la ciencia política moderna justamente sostenía que este tipo de razones justificaba la adopción de medidas incluso inmorales. Hoy podríamos agregar también inconstitucionales. El supuesto rechazo de la negociación política y su sacrificio en el altar de la efectividad no es más que la primacía de la voluntad del líder que dice comprender los deseos del pueblo o de aquellos que lo eligieron que es una característica típica del populismo iliberal, tanto de derecha como de izquierda. Ese repudio a la negociación entre fuerzas democráticas y la invocación de razones de estado son muchas veces funcionales al desmantelamiento de las instituciones más importantes que hacen al control político y la aplicación de la ley. El rechazo a la negociación política motivó el año pasado, por ejemplo, el intento de designar dos jueces en la Corte Suprema por decreto sin atravesar el procedimiento establecido en la Constitución (que requiere el acuerdo de las dos terceras partes del Senado). Otra vez, el fin justifica los medios. Ese mismo rechazo conduce a que hoy el máximo Tribunal de la Nación continúe con su conformación incompleta, o que no se cubra alrededor del treinta por ciento de los cargos de la Justicia Federal (el Senado tiene pliegos pendientes de aprobación desde el 2020), o que el Defensor del Pueblo no sea designado desde el 2009, o que no se nombre al Procurador General de la Nación desde 2017, o al Procurador Penitenciario desde 2023. La dificultad o el desprecio por la negociación política, a veces confundiéndola adrede y malintencionadamente con la corrupción o el contubernio, no es patrimonio del gobierno elegido en 2023. Pero lo que sí reviste cierta novedad, es que su maquiavelismo se oculte bajo los ropajes del principismo y la lealtad a la voluntad popular. Sobre la firma Newsletter Clarín
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