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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 07/02/2026 12:53
El Gobierno de Entre Ríos ratificó un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación para recibir un anticipo de $220.000 millones. Esta medida intenta mitigar el asfixiante déficit operativo y el desfinanciamiento de la infraestructura básica que marcó el inicio de 2026. El Poder Ejecutivo entrerriano oficializó la aceptación de una asistencia financiera nacional que busca dar aire a una caja provincial severamente golpeada. Según el Decreto Nº 3946/25 GOB, publicado en el Boletín Oficial del 6 de febrero de 2026, el gobernador Rogelio Frigerio ratificó el acuerdo con el ministro de Economía nacional, Luis Andrés Caputo. El convenio establece el envío de un anticipo transitorio de hasta 220 mil millones de pesos destinados a cubrir desfasajes financieros estacionales. Dicha suma llega en un momento de extrema fragilidad institucional y económica. No obstante, el desembolso no representa un subsidio a fondo perdido, sino un adelanto con devolución obligatoria dentro del mismo ejercicio fiscal 2026. Esta condicionalidad obliga a la provincia a profundizar un ajuste que ya se percibe en la rescisión de contratos de viviendas y en la parálisis de proyectos viales estratégicos. El peso de la emergencia y el endeudamiento La llegada de esta asistencia financiera nacional es el corolario de un mes de enero marcado por una agresiva política de endeudamiento. El Estado entrerriano emitió recientemente Letras del Tesoro por más de 152 mil millones de pesos y creó programas de Títulos de Deuda Pública por hasta 500 millones de dólares. Estas herramientas financieras intentan sostener una administración que declaró la Emergencia en Obras y Servicios Públicos hasta diciembre de 2026 mediante la Ley 11.251. Por lo tanto, el auxilio de la Casa Rosada funciona como un «respirador artificial» para evitar el colapso de la cadena de pagos a proveedores estatales. En consecuencia, la gestión provincial prioriza estos fondos para saldar certificados de obra adeudados, cuya falta de pago ya generó el abandono de planes habitacionales en localidades como Villaguay y Aranguren. La mirada crítica sugiere que el Estado está financiando gasto corriente y deudas viejas con nuevos compromisos que comprometen la coparticipación futura. Implicancias políticas y sociales del rescate El esquema de la asistencia financiera nacional actual expone la fuerte dependencia de Entre Ríos respecto de las decisiones del Ministerio de Economía de la Nación. Mientras que el gobierno central recortó drásticamente las transferencias discrecionales, ahora utiliza el mecanismo de anticipos para disciplinar el comportamiento fiscal de las provincias. Por su parte, los gremios estatales observan con desconfianza este salvataje, ya que el Ejecutivo provincial mantiene un rechazo sistemático a reclamos salariales históricos de la pandemia. Además de la presión financiera, el acuerdo ratificado por el Decreto 3946/25 exige un control estricto de las cuentas públicas. Sin embargo, el impacto social de estas medidas es inmediato: el bache fiscal ya limitó el aumento de beneficios sociales como la Ley 4035 a montos que apenas alcanzan los $90.000, muy por debajo de la canasta básica. La provincia queda, entonces, atrapada en un ciclo de endeudamiento para cubrir una emergencia que parece volverse estructural.
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