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» Clarin
Fecha: 06/02/2026 06:52
Los cambios que se están produciendo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) no hacen más que confirmar la animadversión del Gobierno hacia el sector público. Frases presidenciales como amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro u odio el Estado no son meros exabruptos retóricos, sino señales políticas que impactan sobre las organizaciones públicas. En esa misma línea, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo meses atrás que se habían echado a 50.000 ñoquis. La expresión no solo es despectiva, sino también estigmatizante. Instala la idea de que el empleo público es sinónimo de improductividad, invisibilizando trayectorias profesionales y capacidades técnicas que sostienen funciones esenciales del Estado, desde el tránsito hasta la salud, pasando por la educación, infraestructura y claramente la producción estadística. En este contexto, el caso del INDEC resulta emblemático, aunque no aislado. Se trata de un organismo que ha sido bastardeado en distintos períodos gubernamentales mediante intentos de flexibilizar sistemas y procedimientos que deberían sostenerse sobre criterios de máxima rigurosidad e integridad técnica. El INDEC es la fuente oficial de estadísticas del país y, como en cualquier Estado moderno, la confiabilidad de sus datos es condición necesaria para la toma de decisiones públicas y privadas. No se trata solo del índice de inflación, sino también de mediciones clave como pobreza, desempleo y actividad económica. No es un organismo más, es una referencia para los distintos poderes y jurisdicciones del Estado. Los datos que produce el INDEC no son ni buenos ni malos en sí mismos; no producen opinión. Son insumos que distintos actores gobiernos, empresas, sindicatos, investigadores y ciudadanos utilizan como base para sus decisiones. Cuando los movimientos dentro del organismo son poco claros o percibidos como políticamente direccionados, la desconfianza no tarda en trasladarse al plano nacional e internacional, afectando la credibilidad de esa información. A esto se suma el desgranamiento, voluntario o forzado, de profesionales altamente calificados. El INDEC no es el único caso: INTA, INTI o INAP son otros institutos que vienen sufriendo procesos similares de pérdida de capacidades técnicas, difíciles de recomponer en el corto plazo. El problema, entonces, no es un índice puntual, sino el trato sistemático que reciben las organizaciones públicas. Las políticas de empleo, salud, educación, servicios, se diseñan y evalúan a partir de datos estadísticos. Si esos datos son incorrectos o manipulados, las políticas también lo serán. Pueden servir para objetivos coyunturales de corto plazo, pero nuestra experiencia muestra que, a la larga, los datos fallidos deben ser reconstruidos, con altos costos sociales e institucionales. El problema no radica exclusivamente en la dependencia orgánica del INDEC del Ministerio de Economía, sino en que pueda sostener sus funciones con autonomía técnica, por fuera del vaivén de la política de turno. Sin datos confiables no hay políticas públicas evaluables, ni Estado con capacidades. Lo que se erosiona no es un organismo sino la credibilidad sobre la que se construyen las políticas públicas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la lógica irónica de Groucho Marx: estos son mis índices; si no le gustan, tengo otros. Sobre la firma Newsletter Clarín
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