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» Clarin
Fecha: 05/02/2026 15:24
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudó este jueves el juicio por el caso Cuadernos. Las cuestiones preliminares (los planteos de las defensas), rigen el ritmo de las audiencias virtuales. El abogado del financista K Ernesto Clarens, negó cualquier vínculo de su defendido con Julio De Vido y atribuyó más de 300 comunicaciones registradas con él a que en verdad fueron con el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Además, la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó -defensora de Gerardo Ferreyra- pidió la nulidad de los cuadernos escritos por Oscar Centeno. Así, prevalece la estrategia de Cristina Kirchner: poner punto final al debate. Desde noviembre, 86 imputados, 60 de los cuales son empresarios, comenzaron a comparecer ante el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. Hubo 13 audiencias de lectura de los requerimientos de elevación a juicio donde se detallaron las maniobras investigadas como el rol desarrollado por parte de los imputados. Después de escuchar todos los delitos bajo análisis y que en este expediente condujeron a Cristina Kirchner y a otros 85 imputados al banquillo de los acusados, comenzó la instancia de las cuestiones preliminares, la antesala a las indagatorias a los acusados. El primero en hablar fue el abogado Carlos Beraldi. Al inicio de semana, pidió la nulidad del juicio. Rechazó la validez de las confesiones y aportes de los 31 imputados colaboradores, que según la expresidenta, declararon de manera irregular y bajo extorsión. El abogado lo calificó como la estafa de los arrepentidos. También señaló que los cuadernos que dieron origen a la investigación y que derivaron en más de 300 medidas de prueba, son apócrifos, algunos adulterados y con espacios en blanco. Este jueves, las demás defensa avalaron la tesis de la ex mandataria con el fin único de reclamar la nulidad del juicio oral y público, bajo la acusación de la fiscal general Fabiana León. El abogado Hugo Pinto fue el primero en exponer. Es el representante de Ernesto Clarens, ex financista K que fue una pieza clave a la hora de desentrañar la maniobra de corrupción con sus aportes como arrepentido en el tramo de la Camarita, la cartelización en la obra pública. Con la finalidad de mejorar la situación procesal de Clarens, el abogado hizo referencia a una cuestión técnica. La normativa indica que aquellas personas que colaboran en un expediente en carácter de arrepentidos, no quedan exentos de la responsabilidad penal, sino que pueden ver mejorada las condiciones ante una eventual condena. Por ejemplo, recibir una pena menor. Sin embargo, la defensa del ex financista K entiende que la invocación de reglas de multiplicidad delictiva aplicada por la acusación, no se ajusta a los tratados internacionales. En otros términos, entiende que el artículo 37 de la convención internacional respecto a los tratados de la ONU en materia de corrupción, establece claramente que, en casos de colaboración, corresponde mitigar la pena e incluso conceder la indemnidad judicial. De esta forma, cuestionó el espíritu de la normativa que rige al sistema del imputado colaborador. Esta es una base de la cual debería haber partido la ley del arrepentido, y remarcó la relevancia que tuvo el aporte de Ernesto Clarens para clarificar el circuito de sobornos vinculados a la obra pública. Bajo esta misma línea argumental, Pinto siguió desarrollando su planteo y rechazó cualquier vínculo entre Clarens y Julio De Vido. En el expediente de le atribuyen 376 comunicaciones al financista con el ex ministro de Planificación Federal. Esto no es cierto, se equivocaron, afirmó el letrado, y exhibió el auto de procesamiento original donde esas llamadas figuran a nombre del empresario Ángelo Jorge Calcaterra, sostuvo la defensa. Por ese dato al que calificó de una atribución errónea, el abogado dijo que a Clarens no le queda más opción que confrontar con la Fiscalía. ¿Cómo explicó esto? Entendió que se trata de una situación híbrida de confrontación", porque no fueron declaradas por él en sus aportes como imputados colaborador. Al señor De Vido ni lo conocía, ni lo trató ni lo llamó, explicó Hugo Pinto. Razón por la cual se pidió que se corra vista al Ministerio Público Fiscal para que subsane el error y repare la integridad del acuerdo de arrepentido, aclarando que no hubo mala fe pero sí una equivocación material grave. La ex Procuradora General Después fue el turno de Alejandra Gils Carbó, enviada a juicio oral por corrupción y ahora abogada del empresario Gerardo Ferreyra. Durante su exposición solicitó la nulidad de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, tras una pericia oficial realizada, como prueba en este caso. Hay que recordar que la pericia determinó que el ex chofer de Roberto Baratta fue el responsable de escribir los cuadernos tras pruebas de cuerpo de escritura y estudios técnicos. También se determinó que seis de ocho cuadernos originales incorporados al caso se condicen con las copias originales con las que se dio inicio a la pesquisa. Pero en otro expediente se corroboró que hay algunos tramos de un grupo de cuadernos, que exponen adulteraciones: tachaduras y cambios de nombres y fechas. Utilizando ese dato, hay defensas que buscan anular la totalidad de los manuscritos que, explicó la justicia, fueron una prueba clave pero no la única para sustentar las acusaciones que afrontan los 86 imputados en este juicio. Pese a ello, Gils Carbó apuntó contra los cuadernos buscando la exclusión de los mismos como prueba, ya "que ha quedado demostrada su burda adulteración y falsificación en perjuicio de nuestro defendido. Así, señaló que adhiere al criterio del abogado Carlos Beraldi como también a los argumentos desarrollados por los abogados de Roberto Baratta y Julio De Vido que exigen la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Dio un paso más y apuntó contra los aportes de los imputados colaboradores. Consideró que esos legajos están plagados de vicios constitucionales y procesales. La causa cuenta con 31 imputados colaboradores que firmaron sus acuerdos con el fiscal Carlos Stornelli y ante la presencia de los correspondientes abogados. Fueron, finalmente, homologados por el fallecido juez Claudio Bonadio. Para esa instancia se ponderó la veracidad de los hechos aportados, la relevancia de la información para la investigación. Sobre la firma Newsletter Clarín
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