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Concordia » Lt15 Concordia
Fecha: 05/02/2026 14:01
La Libertad Alianza y los demás bloques pactaron una reunión en comisión el próximo miércoles, para trasladar el tratamiento al recinto el 12 de febrero. Cuáles son los cambios que introduce la Ley Penal Juvenil. En paralelo al debate por la reforma laboral, que buscará sanción en el Senado la próxima semana, la Cámara de Diputados fijó para el jueves 12 de febrero la discusión en el recinto del proyecto de Ley Penal Juvenil, una iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad y el esquema de sanciones aplicables a menores. La decisión se confirmó tras una reunión encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, en la que participaron los jefes de bloque del oficialismo y la oposición. Además del cronograma de trabajo para las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza y sus aliados pactaron que el proyecto irá por una reducción hasta los 14 años en lo que respecta a la punibilidad de los jóvenes. Como paso previo al debate en el pleno, el miércoles 11 se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Adolescencia y Presupuesto con el objetivo de firmar dictamen. El despacho que el oficialismo obtuvo el año pasado perdió estado parlamentario por no haber sido tratado en el recinto, por lo que resulta necesario repetir la instancia de comisión. No obstante, fuentes que siguen las negociaciones indicaron que se respetarán los consensos ya alcanzados en torno a ese texto. Menem informó, además, que el martes anterior quedarán formalmente constituidas las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Justicia -que se sumarán a Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, ya integradas- para completar el circuito parlamentario exigido por el reglamento. En cuanto al contenido, el debate político ya había impulsado cambios sustantivos: el proyecto original del Ejecutivo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero la presión de bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal llevó a fijar un piso en 14 años. Esa modificación se mantuvo como condición y será la base del texto que llegará al recinto, a pesar de las sugerencias recientes del oficialismo de que fuera incluso de 12 años. Otra de las concesiones que permitió achicar diferencias fue la reducción de la pena máxima prevista para delitos graves, que del esquema original de 20 años quedó acotada a 15 años para hechos como homicidio, abuso sexual o secuestro. Esa reducción fue considerada un punto central en las negociaciones previas, aunque el despacho consensuado meses atrás no llegó a ser debatido en sesión. En la reunión con jefes de bloque también surgió un reclamo de los gobernadores: evitar que la implementación del nuevo régimen recaiga exclusivamente sobre las provincias en términos presupuestarios. Como respuesta, el Ejecutivo se comprometió a habilitar convenios entre la Nación y las jurisdicciones para cubrir los costos adicionales que demande la puesta en marcha de las medidas previstas. Con ese acuerdo presupuestario como único agregado anunciado, los bloques aliados del oficialismo estiman que reunirán los votos necesarios para lograr la media sanción en Diputados. Dirigentes parlamentarios señalaron que el escenario cambia a su favor ahora que la fuerza oficialista es la primera minoría, a diferencia del año anterior, antes del recambio poselectoral. El texto que llegará al recinto mantiene, por otra parte, la lógica de la privación de libertad como último recurso y prioriza sanciones alternativas -como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento, medidas de reparación y servicios comunitarios-, la creación de institutos especiales con garantía de educación y atención sanitaria, personal capacitado en infancia y adolescencia y la prohibición de convivencia con detenidos adultos. Además, contempla programas educativos, laborales y de tratamiento para consumo problemático, opciones de monitoreo electrónico y un marco de actuación judicial y civil para casos que requieran intervenciones específicas. Fuente: El Canciller
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