05/02/2026 15:59
05/02/2026 15:59
05/02/2026 15:59
05/02/2026 15:59
05/02/2026 15:59
05/02/2026 15:58
05/02/2026 15:58
05/02/2026 15:58
05/02/2026 15:57
05/02/2026 15:57
Parana » Inventario22
Fecha: 05/02/2026 08:58
Nacionales: Fortalecido por la enorme derrota oficial, el colectivo se comprometió a vigilar que se cumpla Milei tuvo que reglamentar la Emergencia en Discapacidad, forzado por la justicia y la lucha de los afectados El colectivo recibió como un triunfo la decisión del Gobierno de finalmente reglamentar la norma por la que tanto pelearon. Sin embargo, no le sacan el ojo de encima. Hasta que las soluciones concretas no lleguen y los profesionales cobren lo que tienen que cobrar, no vamos a parar, advirtió Valentina Bassi. Que el Gobierno finalmente haya reconocido la existencia de la ley es un paso adelante muy importante, le dijo a Página/12 la actriz Valentina Bassi, mamá de Lisandro, un adolescente de 17 años con trastorno del espectro autista. Pero de ninguna manera quiere decir que ya las soluciones concretas llegaron, que los terapeutas ya están cobrando lo que tienen que cobrar, que las escuelas no van a cerrar o que el transporte va a poder llevar a las personas con discapacidad a sus terapias. Nada de eso, advirtió. Hasta que todo eso no esté, yo personalmente no voy a respirar, agregó Bassi, que se convirtió en una de las portavoces del colectivo. El decreto reglamentario de la ley llegó sobre el filo del plazo que el juez federal de Campana Adrián González Charvay le había impuesto al Gobierno para que lo haga, bajo amenaza de sanciones económicas y hasta penales. En medio de los festejos, desde el grupo de familiares que impulsaron esa causa se lamentaban por el tiempo perdido y por haber llegado hasta ese punto. Tuvimos que pelearla durante siete largos meses. Sólo esperamos que el Gobierno no siga dilatando la aplicación real de la ley, que es lo que corresponde, dijeron a este diario. También hicieron un balance sobre todas las luchas que tuvieron que dar en ese tiempo, contra el veto presidencial, los intentos de derogación y hasta el cierre de la Andis --que hubiera sido la autoridad de aplicación, responsabilidad que ahora caerá sobre el Ministerio de Salud-- a fin del año pasado. Queremos seguir con nuestras vidas y que nuestros hijos tengan los tratamientos y prestaciones que necesitan y a las que tienen derecho. Ojalá entiendan que las leyes y los tratados de derechos humanos se cumplen sin condiciones. Y que les quede claro que no vamos a ceder ni un milímetro en los derechos de nuestros hijos y no nos vamos a cansar nunca de defenderlos, agregaron. El exdiputado nacional de Fuerza Patria, Daniel Arroyo, impulsor del proyecto sancionado y ratificado por el Congreso, se mostró conforme con el decreto, aunque advirtió que la pelea seguirá por la letra chica. Es un paso adelante, claramente. El Gobierno tiene un solo camino que es ponerla en marcha. Y eso se logró con el esfuerzo que hicimos todos, con la movilización, con las familias que salieron y le contaron a la sociedad la situación que viven y el colapso del sistema de discapacidad, y también con la justicia, que en este caso claramente actuó muy bien, sostuvo. Y añadió: Hay cuestiones que la letra chica va a terminar de ordenar, como las deudas que tienen las instituciones con ARCA, cómo se van a organizar las pensiones. Seguro habrá debates al respecto, pero objetivamente es un paso adelante claro, concluyó. La letra chica Si bien quedaron varios artículos de la norma original sin reglamentar, el decreto 84/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial respeta sus puntos fundamentales y contiene gran parte de los reclamos de las familias y las instituciones de apoyo, por lo que puede decirse que esta vez sí la ley entró en vigencia: Prestadores: El capítulo más urgente, del que depende en buena parte la subsistencia de las escuelas especiales y las instituciones de integración y apoyo, establece que la Secretaría de Discapacidad (ex Andis) deberá convocar a una reunión del Sistema de Prestaciones para definir el nuevo nomenclador que actualizará los valores de las horas de servicio. También explicita que se condonará el 100 por ciento de las deudas de los centros con ARCA y abre una ventanilla burocrática para el cobro de la compensación de emergencia que establecía la ley. Pensiones: Se compromete a incorporar a las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) al nuevo sistema, que pasará a llamarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, con una mirada más amplia que la invalidez laboral. El gobierno estima que en los próximos años se incorporarán por lo menos 400 mil de nuevas PSC al sistema, cuando este año tenía proyectado recortar 200 mil. Una batalla perdida por los libertarios, aunque sostienen que seguirán las auditorías. Talleres protegidos: Es el único punto que quedó en el debe, sin reglamentar. Los haberes de los trabajadores con discapacidad que se desempeñan en esas instituciones seguirán cobrando una mísera asignación estímulo de 38 mil pesos mensuales, número que sigue clavado desde noviembre de 2023. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires cubrió en parte ese déficit con aumentos importantes el año pasado, pero esas instituciones siguen en una situación de ahogo. Batalla tras batalla Las organizaciones de personas con discapacidad tuvieron que pelear y mucho para conseguir la ley, ante un Presidente que se obstinó hasta donde pudo a la hora de no aplicarla. El 10 de julio de 2025, el Senado sancionó la ley por unanimidad: fueron 56 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Menos de un mes después, el 4 de agosto, Milei vetó la ley, alegando que no hay plata. El costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, rondaba el 0,2 por ciento del PBI. El 5 de septiembre, el Senado finalmente rechazó el veto y logró insistir con la ley. Las mayorías fueron otra vez abrumadoras: 63 votos afirmativos y solo 7 negativos. Acorralado, el Gobierno no tuvo más remedio que publicar el decreto con la promulgación de la norma, pero la dejó en suspenso, vetándola en los hechos por partida doble. Aquel decreto, firmado a fines de septiembre por el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos resultó un escándalo: la oposición pidió interpelarlo en el Congreso bajo amenaza de moción de censura. Ese decreto de Francos se terminó judicializando, a partir de un amparo de una familia con hijos con TEA, que presentó una cautelar ante la justicia federal de Campana. El 12 de diciembre, el juez Adrián González Charvay les dio la razón y falló de fondo: le ordenó al Ejecutivo implementar la ley. A través del Procurador del Tesoro, el Gobierno primero quiso desplazar al juez de la causa, pero fracasó. En medio, intentó colar por la ventana la derogación de la ley a través del polémico artículo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, que fue volteado por la oposición. El último día hábil del 2025, Milei disolvió la Andis. Durante varios días, si la ley hubiera entrado en vigencia, no hubiera tenido autoridad de aplicación. A mediados de enero de este año, González Charvay le impuso al Ejecutivo un plazo máximo para implementar la norma de diez hábiles, que venció este miércoles, bajo amenaza de sanciones económicas y penales que alcanzaba a Manuel Adorni y a Sandra Pettovello, entre otros funcionarios. El Gobierno apeló ese fallo, pero ya estaba fuera de los tiempos. Sobre el filo del plazo, finalmente publicó el decreto con la reglamentación. Pese a todo ese recorrido, un sector de la Rosada se lamentaba ayer por el fallo y daba a entender que la decisión se tomó bajo amenaza de coersión. Nos llenaron de sentencias judiciales y vamos a tener que cumplir. Lamentablemente hay un momento en el que tenés que aflojar porque vas en cana, decían.
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por