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Parana » AIM Digital
Fecha: 05/02/2026 08:55
El oficialismo acelera el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en Diputados con la intención de reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Especialistas advierten que la medida no disminuirá el delito y podría profundizar la criminalización de adolescentes, señaló AIM. La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo jueves 12 de febrero el proyecto de Ley Penal Juvenil impulsado por el oficialismo, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Según constató AIM en fuentes parlamentarias, el cronograma contempla la constitución de comisiones el martes 10, un plenario para firmar dictamen el miércoles 11 y la sesión extraordinaria al día siguiente, en un esquema de tratamiento acelerado que generó cuestionamientos en distintos bloques. El proyecto, al que tuvo acceso AIM, retoma el dictamen firmado el año pasado con el respaldo de sectores oficialistas y parte de la oposición dialoguista. La iniciativa prevé reducir la edad de imputabilidad, modificar el régimen de penas y habilitar modalidades alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias y reparaciones económicas. También se incorporó una actualización presupuestaria sujeta a acuerdos entre Nación y provincias para adecuar espacios de detención para adolescentes. Desde el oficialismo sostienen que la reforma se enmarca dentro de los estándares internacionales suscriptos por Argentina. Sin embargo, especialistas consultados por este medio advierten que el enfoque punitivo no solo no resolverá la problemática de la violencia, sino que podría profundizar la exclusión social y la criminalización temprana. Según informaron a AIM especialistas en niñez y derechos humanos, organismos como UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado reiteradamente que reducir la edad de imputabilidad no disminuye los índices delictivos. Por el contrario, sostienen que el encarcelamiento temprano aumenta la reincidencia y debilita las posibilidades de reinserción social. Asimsimo, fuentes académicas indicaron a AIM fuentes académicas que la evidencia comparada muestra que los sistemas que priorizan políticas socioeducativas y de inclusión logran mejores resultados en términos de prevención del delito juvenil que aquellos que endurecen las penas. En países donde se aplicaron reformas punitivas, indicaron especialistas, no se verificó una reducción sostenida de los delitos cometidos por menores. Además, estudios de organismos internacionales advierten que el contacto temprano con el sistema penal puede consolidar trayectorias delictivas en lugar de revertirlas. En ese sentido, señalaron a AIM que el encarcelamiento en edades tempranas suele exponer a adolescentes a contextos de violencia institucional y a redes delictivas, profundizando la exclusión. El tratamiento exprés del proyecto también genera cuestionamientos políticos. Según pudo saber AIM, distintos bloques opositores plantearon su rechazo al cronograma acelerado y a la falta de instancias de debate con especialistas y organizaciones del sector. Legisladores advirtieron que una reforma de este alcance debería contemplar un abordaje integral que incluya políticas educativas, sociales y de protección de derechos. En paralelo, el oficialismo busca avanzar con otras iniciativas clave durante las sesiones extraordinarias, entre ellas la reforma laboral. Sin embargo, el foco inmediato está puesto en la sanción de la Ley Penal Juvenil, que podría convertirse en uno de los debates más sensibles del período parlamentario por su impacto en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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