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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 04/02/2026 13:47
Se trata de Gustavo Eduardo Borrajo Borrajo, quien fue señalado de cometer graves irregularidades en la gestión de la cartera bancaria. Según señala el sitio Análisis Digital, el exfuncionario era quien le manejaba las cuentas millonarias depositadas en bancos de Suiza al ex ministro de EconomÃa, Eduardo Lalo Macri, ya fallecido. El fallo, emitido el 28 de marzo de 2023, responsabiliza a Borrajo por graves irregularidades cometidas durante su gestión como director de Asuntos JurÃdicos del Ministerio de EconomÃa, cuando tuvo a su cargo el seguimiento y cobro de una cartera crediticia cedida por el Banco de Entre RÃos a la Provincia. La acción civil la inició el fiscal de Estado, Julio RodrÃguez Signes y Borrajo tendrá que abonar los 100 millones de pesos en próximas semanas. El ex funcionario vive actualmente en Miami. En 1997, el Estado Provincial habÃa garantizado al Banco de Entre RÃos el cobro de una cartera de créditos por $43.748.708,66, producto de la privatización de la entidad bancaria. De ese monto, la Provincia apenas logró recuperar $468.308,27, dejando un perjuicio fiscal millonario. Borrajo, designado especÃficamente para centralizar el seguimiento de estos juicios de cobro, asumió funciones el 27 de mayo de 1996 y se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 1999. Durante ese perÃodo, recibió documentación de 606 casos por un importe total de $25.722.684,17. Irregularidades El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una exhaustiva investigación que reveló una serie de incumplimientos graves: Ausencia total de rendición de cuentas: Borrajo nunca presentó rendiciones documentadas de su gestión, limitándose a informes periódicos verbales sin respaldo documental. Falta de documentación: al finalizar su gestión en diciembre de 1999, no quedaron expedientes relacionados con la cartera cedida en la Dirección de Asuntos JurÃdicos que habÃa estado a su cargo. Pérdida de control de las causas judiciales: no hubo seguimiento ni control efectivo de los 606 juicios que debÃa gestionar. Imposibilidad de verificación: la ausencia de documentación impidió incluso a los peritos contables realizar cualquier auditorÃa posterior. El fallo Los jueces Norma Ceballos, Mariano Ludueño y Rodolfo Jáuregui fueron contundentes al señalar que la conducta desplegada por el accionado se ha limitado a cuestionar aspectos formales del proceso, pero en modo alguno tendiente a demostrar o acreditar su diligencia en la función. La sentencia aplicó el principio de que, en el cumplimiento irregular de funciones públicas, surge la culpa in re ipsa' (la culpa en sà misma), y que correspondÃa al funcionario demostrar su no-culpa, carga probatoria que Borrajo no pudo satisfacer. El tribunal destacó que la ausencia de rendiciones de la referida cobranza con el correspondiente respaldo documental, en modo alguno puede impedir la cuantificación de un perjuicio fiscal ni el establecimiento de la responsabilidad del funcionario por la omisión cometida. La condena incluye el capital de $25.722.684,17 más intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación (TABNA) desde el 6 de agosto de 1998 hasta el efectivo pago. Esta capitalización de intereses durante casi tres décadas eleva el monto a más de $100 millones de pesos actuales. El fallo también impuso las costas judiciales de ambas instancias al condenado y confirmó la responsabilidad civil del ex funcionario por el incumplimiento de sus deberes públicos. Esta sentencia representa uno de los casos más significativos de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos en la provincia, estableciendo un precedente sobre las consecuencias de la negligencia y la falta de rendición de cuentas en la administración de recursos estatales. En los dos últimos años de la segunda Gobernación de Jorge Busti, con Raúl Franzoni como presidente del Instituto del Seguro, se implementaron planes de retiros voluntarios, venta desmedida a una cartera de clientes con alta siniestralidad y el retraso en el pago a los beneficiarios. Las indemnizaciones por los retiros oscilaban los 100.000 dólares. Una de las personas que estaba como asesor del IAPS recibÃa un porcentaje de las indemnizaciones cobradas por los empleados, por lo cual se encargó de promover la salida de cada uno de ellos y, a su vez, trataba de ubicarlos en aseguradoras privadas. Muchos de ellos pasaron a las compañÃas Rivadavia y Sancor. Uno de los que ingresó a ésta última empresa se llevó una cartera cercana a las 700 pólizas. El abogado Franzoni se negó a privatizar las firmas y hacer caer el IAPS y por ende se tuvo que ir de la conducción. Y se dedicó a los negocios inmobiliarios, con varias inversiones en Paraná y alrededores. El interventor fue Gustavo Borrajo, abogado de Eduardo Macri y Raúl Rico. Borrajo fue nombrado por el entonces ministro de EconomÃa, Marcelo Casaretto, como director de Asuntos Administrativos del Ministerio. Lo primero que hizo Borrajo, en esos dÃas de 1998, fue firmar un convenio con el estudio jurÃdico de los abogados Guillermo Bolado y Hernán Sábato, de Capital Federal, a través del cual se estableció que los honorarios eran en función de porcentajes del monto conformado por la reducción lograda, respecto a las pretensiones originales de cada actor. Si bien fue objetado por el Tribunal de Cuentas ya que se efectuó por contratación directa y no por licitación, como hubiera correspondido-, nunca se hizo lugar al planteo y ni siquiera tuvo algún tipo de repercusión en la prensa. Es gente amiga de Borrajo, se comentó apenas se rubricó el acuerdo. Borrajo vivió en Buenos Aires hasta que Rico y Macri volvieron a Paraná, a sumarse al staff de funcionarios de Busti. Trabajó junto a Rico en ATC y cuando desembarcó en la capital entrerriana fue a parar a la SecretarÃa de EnergÃa de la provincia, que llevó adelante el negocio del gasoducto. Borrajo era amigo personal de Eduardo Macri, al punto tal que era quien le manejaba las cuentas bancarias en Suiza. Y luego fue a la mencionada repartición de EconomÃa. No fue el único estudio capitalino favorecido; también se firmó un convenio con el abogado Alejandro Bosh Madariaga. En los dos casos los profesionales fueron favorecidos con la asignación de las causas de mayores montos que tenÃa el IAPS. Y si bien tales convenios incluÃan el pago de honorarios como un porcentaje del ahorro surgido por la diferencia, entre la pretensión del actor y el monto acordado, en el acuerdo con la dupla Bolado-Sábato los términos del pago diferÃan de los del resto.
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