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» Clarin
Fecha: 04/02/2026 12:42
Se volvió a abrir la discusión sobre qué juez debe investigar la causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. El fiscal general de la Cámara Federal de San Martín Carlos Cearras entendió que el expediente debe regresar al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal apeló este martes el fallo que dispuso que el expediente pase juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hoy a cargo del caso. La apelación debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal. Entre González Charvay y Aguinsky hubo lo que se conoce como un conflicto de competencia. Los dos jueces decían que tenían que investigar el caso. Ese conflicto lo resolvió hace dos semanas la Cámara Federal de San Martín: dispuso que sea González Charvay. La discusión la llevaron a tribunales Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, en lo formal los dueños de la mansión pero sin capacidad económica para comprarla. Dijeron que si la vivienda está en Pilar debe ser el juzgado de Campana el que investigue porque la justicia federal de esa jurisdicción la que investigue. González Charvay aceptó el planteó y le pidió la causa a Aguisnky. Pero este magistrado lo rechazó. Dijo que en un lavado de dinero no solo se investiga la propiedad sino también el origen de los fondos. Y agregó como argumento central que el conflicto entre los jueces no debió ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín. y que su principal hipótesis, por las pruebas que obtuvo, es que se trataría de dinero de la AFA, que tiene su sede en Capital Federal, donde está su juzgado. Esa diferencia la resolvió el juez de la Cámara Federal Alberto Lugones que dispuso que el caso sea del juzgado de Campana. La decisión despertó interrogantes por vínculos políticos de los jueces con el intendente de Pilar, Federico Achával, de buena relación con la AFA, que busca llevar su sede a esa localidad. Esa decisión fue apelada por el fiscal Cearras. Las fuentes consultadas señalaron que en su dictamen objetó el argumento de la ubicación de vivienda. Sostuvo que el territorio no determina la competencia de un caso de lavado de dinero, sino que deben tenerse en cuenta otros elementos. El punto central del dictamen del Fiscal General es que la Cámara Federal de San Martín no debió resolver la disputa de los jueces. Cearras señaló que el Código Procesal Penal de la Nación indica que esa decisión debió ser de la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal superior de Aguinsky porque era el juez que tenía el expediente. En otro tramo de su presentación, Cearras también recordó que durante enero el fiscal que lo reemplazó había pedido ver la causa completa para poder opinar sobre la competencia, lo que no se aceptó. Y resaltó que los fiscales de primera instancia de Penal Económico y de Campana, Claudio Navas Rial y Sebastián Bringas, habían opinado que la causa debía continuar a cargo del juez Aguinsky. La apelación ya está en la Cámara Federal de San Martín que debe decidir si la acepta y la envía a la Cámara Federal de Casación Penal. Si el tribunal la rechaza, al fiscal general le queda la instancia de ir directamente a Casación con una presentación directa. En la causa se investiga un posible lavado de dinero en la compra de la mansión. Cuando tuvo la causa, el juez Aguinsky entendió que podía haber sido comprada con fondos de la AFA por las prueba que obtuvo. Entre ellas, que Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA desde la que se pagaban los Telepase de los 54 vehículos de lujo y colección que fueron secuestrados de la propiedad y que tenía gastos mensuales de 50 millones de pesos. Además esos autos tenían cédulas azules -que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares de Toviggino. Con el cambio de juzgado, el juez González Charvay ordenó nuevas medidas de prueba: dispuso 30 órdenes de presentación con pedidos de información en organismos públicos y empresas privadas y ordenó tres pericias sobre la información que ya estaba en el expediente. Una de ellas medidas fue en el aeropuerto de San Fernando para buscar información sobre los pasajeros que hicieron vuelos en helicóptero a la propiedad. Sobre la firma Newsletter Clarín
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