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» Clarin
Fecha: 04/02/2026 06:32
La infancia en contextos vulnerables constituye hoy uno de los desafíos prioritarios para nuestra sociedad. Miles de niños, niñas y adolescentes crecen atravesados por condiciones de pobreza estructural, desigualdad social, violencia familiar y comunitaria, y dificultades en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Estas situaciones afectan su bienestar presente y condicionan de manera profunda sus trayectorias de vida futuras. Las políticas públicas orientadas a la infancia deben priorizar la prevención. Intervenir de forma temprana resulta más efectivo y socialmente más sostenible que actuar cuando el daño ya se ha consolidado. En este escenario, la familia ocupa un lugar central en la crianza y educación de las generaciones futuras. Muchas familias requieren hoy acompañamiento específico para ejercer sus funciones parentales en contextos atravesados por la incertidumbre y la fragilidad de los lazos sociales. A la vez que enfrentan problemáticas simultáneas como desempleo, precariedad habitacional, sobrecarga de cuidados, consumo problemático, violencia intrafamiliar, negligencia parental, embarazos adolescentes o ausencia de redes de apoyo. La pedagogía y la educación familiar son hoy herramientas fundamentales dentro de las estrategias de prevención e intervención. Los dispositivos de intervención familiar, a través de equipos interdisciplinarios -orientadores familiares, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, profesionales de la salud- cumplen un rol clave en el acompañamiento y la orientación para favorecer hábitos saludables, forjar valores, cultivar la espiritualidad, adquirir las habilidades para la resolución pacífica de conflictos y construir una cultura de cuidado. Pensar la infancia, y más aún en contextos vulnerables, implica asumir que no se trata de una problemática individual, sino de una responsabilidad colectiva. ¿Queremos una sociedad que responda a la vulneración de derechos en la infancia con más castigo, o una que invierta de manera sostenida en políticas públicas de prevención, educación familiar y acompañamiento temprano? Este debate adquiere especial relevancia en el contexto actual, atravesado por las discusiones en torno a la reforma del Código Penal y la propuesta de baja de la edad de imputabilidad. Abordar la problemática de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal exclusivamente desde una lógica punitiva implica desconocer los múltiples factores condicionantes que anteceden a esas conductas. La criminalización temprana no resuelve las causas profundas del problema, por el contrario, solo refuerza trayectorias de exclusión. En esta línea de pensamiento, hablar de factores condicionantes y no determinantes anima a gestionar cambios, a moldear conductas sociopáticas a través de la observación e imitación de comportamientos prosociales de adultos responsables. Ese aprendizaje, en primera instancia, se recibe en la familia. En materia de infancia se exige priorizar políticas de prevención, protección integral y fortalecimiento familiar por sobre respuestas penales anticipadas. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 establecen que el sistema penal debe ser el último recurso y que toda intervención estatal debe orientarse al Interés Superior del Niño. El debate sobre la imputabilidad interpela a la sociedad a buscar respuestas como parte del problema y de la solución. Por ello, vale reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos. Porque esa sociedad la construimos entre todos. Seguramente, nos introducimos en un dilema existencial o en un cuestionamiento altamente sensible. Lo racional se enfrenta a lo sensible y por qué no, a lo justo. Sobre la firma Newsletter Clarín
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