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Cerrito » Debate Abierto
Fecha: 03/02/2026 14:09
Leido 6 veces A más de seis meses de la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), una profesional que se desempeñaba dentro del sistema denunció haber sido sancionada y desplazada de su cargo tras haber realizado aportes técnicos en el marco del debate sobre la transformación del organismo. Según relató Mariela Udrizar en un extenso texto público, la creación de la OSER fue el resultado de una decisión política que, a su entender, se tomó sin los avales técnicos, legales y administrativos que una reforma de esa magnitud requería. En ese sentido, sostuvo que quienes trabajaban dentro de la obra social intentaron desde un primer momento cumplir con el rol que corresponde en una democracia: analizar, advertir, proponer y mejorar.La intención nunca fue ir contra nadie, sino sumar conocimiento y lograr la mejor decisión posible para los afiliados y para la provincia, expresó. Sin embargo, advirtió que con el correr del tiempo quedó en evidencia que los objetivos del proceso eran otros y que la intervención derivó en un vaciamiento y una destrucción institucional guiados por intereses previamente definidos. La profesional remarcó que la ley que dio origen a la OSER se aprobó sin informes técnicos previos y que, pese a las advertencias realizadas ante legisladores provinciales, se avanzó igualmente con la disolución del IOSPER. Si se pudo disolver un organismo y crear otro sin demostrar nada ni responder preguntas básicas, era previsible que el resultado fuera el que hoy viven miles de afiliados, señaló.En su testimonio también apuntó contra el accionar de autoridades de la actual obra social, entre ellas el vicepresidente Ricardo García, quien según indicó la habría acusado públicamente en distintos medios de comunicación de boicotear la gestión. Afirmó que esas declaraciones fueron realizadas sin pruebas ni sustento, afectando su honor y su trayectoria profesional. Pero lo más grave, denunció, fue que esas descalificaciones se tradujeron en hechos concretos: tanto ella como los compañeros y compañeras que avalaron los planteos técnicos fueron removidos de sus cargos. En ese marco, interpretó lo ocurrido como una acción deliberada de castigo y disciplinamiento, destinada a dejar en claro que no se tolera la disidencia técnica ni el pensamiento crítico.No se trata de una pelea personal ni política. Es una defensa del bienestar social, de los afiliados y de un derecho esencial como es la salud, subrayó, al tiempo que rechazó que señalar errores, exigir transparencia o aportar información técnica pueda ser considerado un acto de boicot o conspiración. Finalmente, recordó su trayectoria dentro de la obra social, a la que ingresó como pasante siendo estudiante de Ciencias Económicas, y donde se formó profesionalmente durante años. Defender derechos no es boicotear. Señalar errores no es atacar. Exigir transparencia es ejercer ciudadanía, concluyó. Fuente: Análisis Digital
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