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Parana » DavidRicardo
Fecha: 02/02/2026 14:04
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Entre Ríos desató una fuerte polémica al oficializar un millonario desembolso de $285.000.000 destinado a publicidad y atención de clientes VIPs para el Casino Victoria S.A., una empresa de capitales privados. El gasto, calificado internamente como una «grosería ilegal», habría provocado renuncias de funcionarios técnicos que se negaron a convalidar el uso de fondos públicos para potenciar las ganancias del empresario Daniel Mautone. Mientras la provincia enfrenta una crisis de recursos, el Estado financia la promoción de la ludopatía, bajo sospechas de un esquema de corrupción que llevaría más de dos décadas oculto. La medida quedó plasmada en la Resolución Nº 0051, firmada el 22 de enero de 2026 en Paraná por el presidente del IAFAS, Dr. Carlos Alberto Moyano, y el Director Marcelo Monfort. El documento aprueba una reserva presupuestaria para todo el ejercicio 2026, incluyendo deudas de diciembre de 2025, bajo el concepto de «publicidad, promoción y atención a jugadores» para la firma Casino Victoria S.A.. Según los considerandos de la norma, este flujo de dinero se basa en un contrato de concesión del año 2005, aunque las resoluciones dictadas entre 2012 y 2024 fueron las que terminaron de consolidar el porcentaje que el Estado «devuelve» al privado para sus gastos de marketing. Sin embargo, el trasfondo de esta resolución esconde una crisis institucional. Fuentes internas del organismo revelaron que el ex Presidente del IAFAS, Diego Domé, renunció a su cargo en septiembre de 2024 tras negarse a firmar este tipo de partidas por considerarlas «irregulares«. Las denuncias apuntan a que, tras la salida de técnicos que buscaban transparencia, se designó a figuras como Carlos Moyano para «garantizar» la continuidad de estos pagos millonarios a empresarios del juego. La indignación radica en la naturaleza de la contraprestación: el Estado provincial no solo le otorga la explotación de las máquinas tragamonedas a un privado, sino que además le paga la publicidad para que el empresario capte más apostadores y atienda a sus clientes distinguidos. Críticos de la medida señalan que se está utilizando dinero destinado originalmente a la «acción social» para fomentar el juego adictivo, planteando un serio dilema ético sobre la administración de los recursos entrerrianos y la posible existencia de «retornos» en una estructura de poder que parece ser intocable. El Artículo 1º de la normativa aprobada especifica que la reserva presupuestaria de 285 millones de pesos es necesaria para «afrontar el gasto correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2026», justificando la inclusión de diciembre de 2025 por la falta de solvencia en la reserva preventiva previa. Por su parte, el Artículo 2º autoriza a la Gerencia Administrativa Contable y a la Tesorería del IAFAS a confeccionar las órdenes de compra y pago pertinentes, con la posterior obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos. La imputación de esta suma millonaria afecta directamente al Presupuesto General de Gastos y Recursos vigente, tal como lo detalla el Artículo 3º del acto administrativo. El documento subraya que la solicitud de estos fondos cuenta con la intervención de la Contaduría General de la Provincia, validando la disponibilidad de los recursos para ser transferidos a la firma privada. Este flujo de fondos públicos hacia una concesionaria de juegos de azar resalta la continuidad de un esquema de subsidios estatales para la promoción del juego, en un contexto donde el organismo rector debe equilibrar sus funciones de recaudación con su misión original de ayuda financiera a la acción social. Esta resolución no ha estado exenta de profundas controversias internas y denuncias de irregularidades. Según trascendidos de fuentes internas del organismo, la firma de este tipo de acuerdos publicitarios habría provocado la renuncia, en septiembre de 2024, de Diego Domé, quien se desempeñaba como Presidente del instituto. Domé se habría negado a convalidar lo que es considerdo un gasto «irregular e ilegal«, y calificado de «grosería», ya que el Estado financiaría la promoción del emprendimiento de un empresario privado como Daniel Mautone, titular del Casino Victoria. Tras la salida de Domé, la gestión quedó en manos de figuras como Carlos Moyano, señalado como alguien más afín a los intereses de los empresarios del juego. La polémica radica en la naturaleza del gasto: mientras la provincia enfrenta urgencias en áreas críticas, el IAFAS destina casi 300 millones de pesos para que un privado capte clientes y promocione su sala de juegos, sin que exista un control claro sobre si esos fondos se utilizan efectivamente para fines publicitarios o si constituyen un «retorno» encubierto. Es paradójico que el organismo encargado de combatir la ludopatía y financiar la acción social utilice el dinero público para «minar la provincia» de estímulos al juego adictivo, financiando la atención personalizada de los apostadores de una empresa privada. Esta estructura de beneficios, que según las denuncias lleva más de 20 años de opacidad, plantea un serio interrogante ético: ¿por qué los contribuyentes deben pagar la publicidad de un negocio que, por definición, ya es inmensamente rentable para su dueño?.
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