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Concordia » El Heraldo
Fecha: 02/02/2026 07:32
Fallos judiciales, contratados y un debate que excede a Concordia Mientras a nivel nacional la Justicia comienza a marcar límites y matices frente al rumbo elegido por el Gobierno en materia de reformas laborales, en Concordia se desarrolla un capítulo local que refleja con claridad un debate mucho más amplio: el de los derechos laborales, las formas de contratación en el Estado y los caminos jurídicos para reclamarlos. Este viernes, la Municipalidad de Concordia fue notificada de dos resoluciones judiciales vinculadas a la situación de trabajadores contratados que cesaron en sus funciones al 31 de diciembre. Las decisiones, conocidas con pocas horas de diferencia, arrojaron resultados distintos y dejaron planteado un escenario de empate técnico en los tribunales. Por la mañana, el Ejecutivo municipal recibió una sentencia desfavorable, que ordena la reincorporación de uno de los contratados. Ante esa resolución, el Municipio decidió apelar, argumentando la existencia de cuestiones técnicas y procedimentales relacionadas con la utilización de la acción de amparo, que según sostienen deben ser revisadas por una instancia superior. Ya por la tarde, se conoció una segunda sentencia, correspondiente a otro amparo presentado, que en este caso resultó favorable a la Municipalidad. De este modo, el conflicto judicial quedó dividido: un proceso con resolución positiva para el Ejecutivo y otro en etapa de apelación. Desde el Municipio señalaron que, frente a este panorama, lo más prudente es respetar los tiempos judiciales y permitir que la Justicia actúe con total independencia, tanto en estos expedientes como en los restantes que se encuentran en trámite. Amparos: una vía rápida que divide opiniones El trasfondo jurídico del caso abrió un debate entre especialistas. La utilización de la acción de amparo para resolver conflictos laborales no es habitual. En los manuales del derecho, el amparo aparece como una herramienta excepcional, destinada a proteger derechos constitucionales de manera rápida, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Tradicionalmente, se emplea en casos de salud urgente, cuestiones ambientales o situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, en Concordia fue el camino elegido por un estudio jurídico integrado por las doctoras Sofía Ruiz Díaz y Mariana De León, con la colaboración del doctor Hernán E. Ponce, para cuestionar una práctica extendida en el Estado desde hace décadas: la utilización de contratos a término renovados de manera sucesiva para tareas permanentes. El argumento es conocido, pero siempre polémico: se trataría de una relación laboral encubierta que, de existir en el ámbito privado, generaría derecho a indemnización ante un despido. No obstante, otras voces del derecho laboral marcan reparos. La abogada María de los Ángeles Petit, representante de varios contratados cesantes, optó por no recurrir al amparo y avanzar por un camino más clásico: agotar primero la vía administrativa ante la Secretaría de Trabajo y luego, si corresponde, litigar. Petit fue clara al señalar que, según su experiencia, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia no ha convalidado este tipo de amparos, y que el fallo conocido el viernes aún no está firme. De hecho, recordó que todos los antecedentes similares han sido rechazados en instancias superiores. Aun así, aclaró que recurrió al amparo en un caso puntual vinculado a discapacidad, amparado por legislación específica. Un debate que trasciende lo local Más allá de cómo se resuelvan estos expedientes en Concordia y de lo que finalmente defina el Superior Tribunal de Justicia, el tema se inscribe en un contexto nacional más amplio. En las últimas semanas, distintos fallos judiciales comenzaron a poner límites a decisiones del Gobierno nacional, como ocurrió con la invalidez del DNU que pretendía restringir el derecho a huelga. La discusión sobre la necesidad de reformas laborales es real y, para muchos sectores, inevitable. El problema aparece cuando los cambios se intentan imponer de manera rápida, brusca y sin amortiguadores sociales, generando una inercia de pérdidas que golpea con especial dureza a los trabajadores de más de 50 años. Para ese segmento, quedarse sin empleo no es solo un traspié económico: muchas veces significa quedar fuera del sistema laboral formal, con escasas posibilidades de reinserción. Reformar, sí. Modernizar, también. Pero hacerlo sin medir consecuencias puede dejar en el camino a miles de personas que ya no tienen margen para volver a empezar. En ese delicado equilibrio entre cambios necesarios y derechos adquiridos, la Justicia una vez más aparece como árbitro de un debate que está lejos de cerrarse.
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